Directora del DPS señaló al Gobierno Petro de haber repartido mercados tres meses antes de las elecciones, a través del programa Hambre Cero

La directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Sandra Suárez, denunció ante el Congreso de la República que el gobierno saliente de Gustavo Petro entregó de manera masiva mercados a través del programa Hambre Cero, apenas tres meses antes de las elecciones presidenciales de 2026, hallazgo que, según indicó, amerita una investigación.

La funcionaria expuso el caso durante un debate de control político convocado en la Comisión Séptima del Senado. En su intervención, Suárez precisó que la entrega de alimentos se sustentó en una adición contractual identificada con el número 4-72, por un valor de 22.000 millones de pesos, ejecutada poco antes de la jornada electoral.

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“Que Hambre Cero repartió mercados tres meses antes de las elecciones e hizo una adición con un contrato de 4-72 por 22 mil millones de pesos y repartieron mercado justo, qué casualidad, previo a la fecha electoral”, afirmó Suárez ante los senadores.

La directora del DPS sostuvo que el caso debe ser objeto de investigación por parte de los organismos de control. “La verdad es que eso, digamos, tiene que ser motivo de investigación”, señaló, y agregó que la revisión de esta operación forma parte de un examen más amplio sobre la gestión de la entidad durante la administración anterior.

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“Hay muchos indicios de malas prácticas”, afirmó.

Suárez relató que, al asumir la dirección del DPS, recibió de inmediato denuncias sobre este tipo de presuntas irregularidades por parte de los dos sindicatos que operan dentro de la entidad. “Cuando yo llego a la entidad lo primero que hacen es denunciarme este tipo de irregularidades, entre otras, por parte de los dos sindicatos de la entidad”, indicó la funcionaria.

Suárez, que fue ministra durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue designada al frente del DPS por el presidente entrante, Abelardo de la Espriella, tras el cambio de gobierno.

Entre las irregularidades expuestas por Suárez ante la Comisión Séptima, la funcionaria mencionó que el programa Colombia Mayor, destinado a adultos mayores, pasó de 1,6 millones a 2,9 millones de beneficiarios durante la administración anterior. En esa ampliación, según explicó, se incluyó a personas de 54 años, es decir, ciudadanos que ni siquiera alcanzan la edad mínima de pensión que exige el programa.

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La directora del DPS aclaró que, pese a la irregularidad detectada, mantendrá esas asignaciones. “Preferimos hacerles los giros a todos los beneficiarios que aparecen en la base de datos, aún habiendo encontrado que las ayudan a gente que no es adulta mayor, pues son colombianos que ya tenían la expectativa de recibir los recursos”, explicó.

La funcionaria agregó que le pareció injusto que, en el primer semestre del año anterior, a los beneficiarios de Colombia Mayor no les hubieran pagado un ciclo completo.

Suárez advirtió, además, que la ampliación de cobertura de este programa no contó con los recursos suficientes, lo que generó una desfinanciación de 3,2 billones de pesos.

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La funcionaria también se refirió al Registro Único de Ingresos (RUI), la herramienta que el gobierno saliente comenzó a implementar junto con el Sisbén para dar mayor integralidad al manejo de los subsidios. Suárez indicó que hallaron elementos que ponen en duda la confiabilidad de la información contenida en ese registro, razón por la cual decidieron aplazar su entrada en vigencia.

“Recibimos muchas denuncias de siniestralidad sobre el RUI. Hay funcionarios en dicho registro que aparecen como vulnerables. Un día aparecían en una clasificación y otro día en otra”, argumentó la directora del DPS ante los senadores.

Otra irregularidad señalada por Suárez incluyó el hallazgo de 1 billón de pesos en fiducias sin legalizar y sin ejecutar, sobre las cuales hay carencia de información en muchas de las cuentas asociadas. “Mal haría yo en pedir más presupuesto”, dijo la funcionaria, quien insistió en que su estrategia será lograr eficiencias con los recursos disponibles antes que solicitar una ampliación presupuestal.

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La directora también reveló que la entidad cuenta con 1.200 funcionarios de planta y 900 contratistas de prestación de servicios, una nómina paralela sobre la que anunció que pondrá especial atención para determinar su justificación.

Suárez precisó que el 90% del presupuesto del DPS está enfocado en transferencias monetarias directas, un esquema que, según adelantó, será reenfocado. El presupuesto previsto para 2027 asciende a 8,2 billones de pesos, de los cuales 7,9 billones corresponden a inversión y 7,5 billones se destinarán a transferencias monetarias, dado el elevado número de beneficiarios que reciben subsidios del Estado.

La funcionaria adelantó que su gestión tendrá como tarea evaluar, de cara a la construcción del próximo Plan de Desarrollo, los mecanismos de ayuda a la población más vulnerable con el fin de avanzar hacia una mejor focalización de los recursos.