Abogado de Álvaro Uribe respondió al presidente de la JEP tras críticas al manejo de recursos: “No constituye, de ninguna manera, un ataque”

El abogado Jaime Granados, defensor principal del expresidente Álvaro Uribe Vélez, emitió el 26 de septiembre un comunicado en el que formuló varias precisiones frente a las declaraciones del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, publicadas por El Espectador. El pronunciamiento se produjo en medio de las críticas y cuestionamientos relacionados con el manejo de los recursos de la jurisdicción y con el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027.

La JEP se encuentra entre las entidades afectadas por la propuesta del Gobierno nacional de reducir en alrededor de $170.000 millones los recursos destinados a la jurisdicción para el próximo año. El proyecto de Presupuesto General de la Nación ya fue aprobado en las comisiones del Senado y la Cámara de Representantes y continúa su trámite legislativo.

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En su comunicado, Granados sostuvo que la discusión sobre el funcionamiento y la ejecución presupuestal de la JEP hace parte de los controles a los que están sometidas las entidades estatales.

“La JEP, como todo órgano del Estado colombiano, se encuentra sometida al control ciudadano, político e institucional respecto de su gestión, sus resultados y la ejecución de los cuantiosos recursos públicos que le han sido asignados”, señaló Granados en el documento. Agregó que “la rendición de cuentas no constituye, de ninguna manera, un ataque a la justicia transicional, sino una exigencia inherente al Estado Social de Derecho”.

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Uno de los puntos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con el alcance de las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. El defensor de Uribe sostuvo que el modelo fue creado principalmente para establecer verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a los máximos responsables de graves conductas cometidas durante el conflicto armado.

En ese sentido, el abogado hizo referencia a quienes integraron las Farc y se sometieron al modelo de justicia transicional. Según el comunicado, la competencia de la JEP no puede extenderse mediante declaraciones públicas hacia personas que, de acuerdo con su interpretación, se encuentran por fuera de su ámbito funcional.

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Granados también mencionó específicamente a quienes han ejercido la Presidencia de la República. En el documento señaló que esas personas están amparadas por el fuero presidencial y sostuvo que la competencia de la jurisdicción especial no puede emplearse como mecanismo de presión frente a ellas.

Otro de los aspectos abordados fue la referencia a la Corte Penal Internacional (CPI). Granados cuestionó que el presidente de la JEP planteara que el debate relacionado con la financiación de la jurisdicción pudiera tener consecuencias sobre la actuación de ese organismo internacional. “Causa profunda preocupación que el presidente de la JEP sugiera que el debate sobre la financiación de esa jurisdicción podría conducir a la reactivación de actuaciones ante la Corte Penal Internacional”, afirmó el abogado.

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En el mismo punto, sostuvo que la CPI interviene bajo los principios de complementariedad y subsidiariedad cuando un Estado no puede o no quiere investigar y juzgar los crímenes que corresponden a su competencia.

Granados recordó que la Fiscalía de la CPI cerró en 2021 el examen preliminar sobre Colombia sin abrir una investigación formal y manteniendo un marco de cooperación. A partir de ese antecedente, el abogado consideró improcedente vincular la financiación de la JEP con la activación de competencias internacionales frente a personas que, según su posición, están fuera de la jurisdicción especial.

Al finalizar su comunicado, Jaime Granados pidió que las discusiones sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas de la JEP se desarrollen mediante los canales institucionales correspondientes. “Finalmente, hacemos un llamado a que la discusión sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas de la JEP se adelante por los canales institucionales apropiados, con plena asunción de sus deberes y responsabilidades”, afirmó el abogado.

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El pronunciamiento de Granados se conoció después de que la JEP rechazara las denuncias de corrupción relacionadas con su gestión y defendiera la destinación de sus recursos. La jurisdicción indicó que las revisiones realizadas por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación no habían registrado irregularidades.

La entidad también sostuvo que durante 2025 alcanzó una ejecución presupuestal del 99,3% y señaló que el Ministerio de Hacienda la ubicó entre las instituciones públicas con mejor ejecución de los recursos asignados. Además, mencionó una referencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sobre sus mecanismos de transparencia.

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Uno de los cuestionamientos relacionados con los recursos corresponde al costo de la sede principal de la JEP en Bogotá. La jurisdicción explicó que el avalúo comercial estimado para 2026 es de $288.538 millones y precisó que la cifra de $20.975 millones difundida previamente corresponde al valor catastral del inmueble en 2020, y no a su valor comercial.

La entidad agregó que continúa funcionando en arriendo debido a que proyectos anteriores para adquirir una sede recibieron conceptos desfavorables. Según la información suministrada, una primera iniciativa fue objetada por el Ministerio de Hacienda durante la administración de Iván Duque Márquez, mientras que una propuesta posterior recibió un concepto desfavorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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En relación con los organismos de control, la JEP afirmó: “Tras siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, la JEP no registra hallazgos de corrupción ni de otro tipo”. La entidad señaló además que publica en su portal de transparencia información relacionada con normativa, contratación, planeación, presupuesto, ingresos, gastos, inversión, trámites y servicios, en cumplimiento de las disposiciones de acceso a la información pública establecidas en la Ley 1712 de 2014.

Otro de los asuntos incluidos en las explicaciones de la JEP corresponde a los desplazamientos internacionales de sus funcionarios y magistrados. La jurisdicción señaló que las comisiones al exterior están relacionadas con invitaciones oficiales, actividades judiciales y espacios vinculados con derechos humanos y derecho penal internacional.