El Gobierno español da marcha atrás: suaviza las normas de los centros de datos para no espantar a las empresas de IA
A finales de agosto el Gobierno español presentó un borrador de decreto que perseguía endurecer las normas que deben cumplir los centros de datos. España es objetivamente uno de los países de Europa más atractivos para las empresas de inteligencia artificial (IA). Dispone de abundante energía renovable y muchísimo terreno que es posible destinar a estas instalaciones, lo que lo está posicionando como un destino preferente para muchas de las compañías que están desplegando infraestructuras de IA.
Este escenario ha propiciado que el Gobierno haya decidido introducir una nueva regulación más estricta que la actual en materia de consumo de agua, electricidad, e, incluso, en el ámbito de la ciberseguridad. No obstante, la aprobación de estas reglas conllevaba riesgos: si las nuevas normas eran demasiado restrictivas, algunos de los proyectos que iban a ser desplegados en España podrían acabar apostando por otros destinos.
La industria ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que la nueva normativa perjudique la competitividad de España como destino de inversiones en infraestructura digital. Y esta respuesta ya tiene consecuencias. Según Reuters, el Gobierno ha decidido suavizar su regulación de los centros de datos para facilitar las inversiones sin renunciar a sus objetivos energéticos y medioambientales. Además, no propone una flexibilización cosmética; la nueva regulación es mucho más permisiva en lo que se refiere al umbral de potencia máximo de estas instalaciones.
De 1 a 10 MW
El borrador de decreto del Gobierno exige a los operadores de los centros de datos que estén establecidos en la Unión Europea, y también que los datos y los metadatos que administren permanezcan dentro de la Unión. Para lograrlo, tendrán que habilitar mecanismos que permitirán controlar el acceso desde terceros países. Y, además, aquellas instalaciones que gestionen datos procedentes de entidades públicas o involucrados en la seguridad nacional estarán sometidas a controles más estrictos.
La revisión de la normativa refleja la dificultad de establecer requisitos medioambientales exigentes sin desincentivar las inversiones que quiere atraer España
La nueva propuesta del Gobierno mantiene su objetivo de cubrir como mínimo el 80% del suministro eléctrico durante cada hora de funcionamiento con energías renovables, pero introduce un régimen transitorio de hasta cinco años para aquellos proyectos que no puedan cumplir inmediatamente esta condición. La principal modificación de la regulación está vinculada al umbral de potencia de los centros de datos. En su propuesta de agosto, el Gobierno imponía un umbral de 1 MW a partir del cual se aplicarían las normas.
Después de escuchar a la industria, el Gobierno ha decidido aumentar este umbral a 10 MW. Es una diferencia muy importante que, sobre el papel, se lo pondrá más fácil a algunos proyectos de construcción de centros de datos para IA. Sea como sea, la revisión de la normativa refleja la dificultad de establecer requisitos medioambientales exigentes sin desincentivar las inversiones que quiere atraer España.
Si esta regulación finalmente se aprueba y algún operador de centros de datos la incumple será sancionado. Podría, incluso, llegar a ser desconectado de la red eléctrica. Estas normas se aplicarán a las instalaciones que tienen una potencia superior a diez megavatios y todavía no han sido conectadas a la red. Aquellos proyectos que ya han sido aprobados y están tramitando los permisos de operación tendrán seis meses para adaptarse a esta regulación.
Imagen | QTS
Más información | Reuters
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