La renuncia del jefe de ciberseguridad del Gobierno: el plan para ARSAT, los fondos de EE.UU. y la disputa por la tecnología china

Ariel “Wata” Waissbein, todavía al frente del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), había convocado a empresas argentinas del sector a una jornada en el Centro Cultural de la Ciencia porteño para el martes 20 de octubre. Iban a dar charlas y presentar sus trabajos en pósteres. El encuentro serviría para armar un catálogo de proveedores locales y reunir a las empresas que pudieran aportar al centro de operaciones de ciberseguridad (SOC) que el CNC venía preparando. Incluso, tenía en mente contratar a unos 50 profesionales.

Ya habían llegado a Buenos Aires asistentes de distintas provincias cuando, a última hora del lunes 19, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (de la que depende el CNC), a cargo de Adriana Baravalle, canceló la jornada. Los grupos de WhatsApp de los asistentes explotaban: nadie entendía qué sucedía ni por qué se había dado marcha atrás.

Ese mismo martes, Waissbein presentó su renuncia a través de Gestión Documental Electrónica (GDE), el sistema de expedientes del Estado. La relación con la nueva conducción ya estaba deteriorada y el funcionario, salido de la cantera de Core Security Technologies, una empresa argentina que fue pionera a nivel global en el mundo de la ciberseguridad, consideró que en esas condiciones ya no podía seguir en el cargo. Lo mismo pensó el subdirector del CNC, Ezequiel Gutesman, que también renunció.

Allegados a la comunidad de ciberseguridad dijeron que “Wata” se fue "con bronca por la falta de recursos y el destrato de la nueva gestión". "Los renunciaron”, interpretó otra fuente cercana al rubro. Clarín consultó a la Secretaría de Baravalle por el cambio, pero no recibió una explicación.

La interna desnudó un cambio de estrategia desde la creación del Centro, en una época complicada para la seguridad de los datos de los argentinos y los sistemas del Estado, desde ciberataques de ransomware a entidades como el PAMI y la Comisión Nacional de Valores hasta filtraciones de datos como las del RENAPER.

Mientras tanto, el Centro tiene nuevo director: Walter Fabián Agüero, licenciado en ciencias de la computación y doctorando en Ingeniería Informática por la Universidad Nacional de San Luis. Fue designado al frente del CNC a principios de noviembre, después de que Estados Unidos anunciara financiamiento para instalar un centro de operaciones de ciberseguridad y revisar la seguridad de la red troncal de ARSAT, empresa estatal argentina de telecomunicaciones.

Cuatro días después de que se publicara su designación, el Gobierno publicó nuevas exigencias para las compras estatales de equipos destinados a redes críticas de telecomunicaciones, una medida alineada con el objetivo de Washington de reducir el uso de tecnología china en la infraestructura estratégica argentina.

Agüero deberá definir qué parte del proyecto de Waissbein retomará para poner en marcha el centro de operaciones y cómo se aplicarán las nuevas reglas al equipamiento que ARSAT ya tiene instalado: la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) de ARSAT utiliza tecnología de Huawei en parte de su infraestructura de red.

Qué proyecto dejó Waissbein para ARSAT

Waissbein venía trabajando para instalar un centro nacional de operaciones de ciberseguridad, conocido como SOC por su sigla en inglés, sobre infraestructura propia de ARSAT, en Benavídez. Iba a ser la base sobre la cual, desde las oficinas del CNC, un equipo de analistas podría monitorear las redes de ministerios y otros organismos, detectar ataques y coordinar la respuesta a posibles incidentes.

La gestión anterior había evaluado montar el centro íntegramente en la nube, con capacidad de cómputo contratada a un proveedor. Según una fuente cercana al proyecto, esa alternativa implicaba costos en dólares que aumentarían a medida que creciera el uso del sistema. El equipo de Waissbein se inclinó por instalar los servidores en ARSAT, una modalidad conocida como on premises (on-prem), para contener los costos a medida que se sumaran organismos.

Con un sistema de monitoreo común, un grupo de analistas podría identificar, por ejemplo, si el mismo intento de intrusión se repetía en las redes de varios ministerios. El proyecto también contemplaba incorporar información de operadores de electricidad, agua y telecomunicaciones (infraestructura crítica) según las competencias y los acuerdos con cada sector. La propuesta priorizaba herramientas gratuitas y de código abierto (open source), que permiten acceder a su código fuente y modificarlo. También contemplaba productos comerciales para necesidades puntuales.

En 2024 se redactaron los llamados “términos de referencia”, que son documentos que describen qué se necesita contratar para poder montar una estructura. En el esquema del equipo, debían pasar por el área de préstamos internacionales de la Secretaría y por el BID antes de un eventual llamado.

Ese trabajo de base también generaba cuestionamientos dentro del sector, donde circulaban preguntas sobre cuánto había avanzado efectivamente la gestión y qué resultados concretos podía mostrar. “En los años que estuvo Wata, no se le conocen mayores logros”, dijo a este medio una fuente muy ligada a la ciberseguridad de sistemas del Estado.

“Hicimos mucho trabajo que no se ve porque son los cimientos”, explicaron las autoridades salientes a Clarín. Según cuentan, trabajaron con “un presupuesto que no alcanzó más que para pagar sueldos” y entre febrero y septiembre estuvieron “sin poder contratar un especialista en ciberseguridad, ni comprar una licencia”.

“Con un equipo cortísimo, y sin licencias, dos tercios de los recursos los pusimos en gobernanza”, señalaron. En mayo, el CNC aprobó la Disposición 1/2026, que exige a los organismos nacionales inventariar sus sistemas y preparar planes para mantener o recuperar sus servicios ante una interrupción. Varios equipos oficiales ya tienen sus inventarios hechos.

En paralelo, el equipo dejó redactados los términos de referencia para contratar los equipos, licencias y servicios del futuro SOC Nacional. También buscó incorporar especialistas, una dificultad histórica para el Estado por los salarios que puede ofrecer frente al sector privado. Durante la conferencia de hackers Ekoparty, según contaron, recibieron más de 200 currículums "para sumar gente al CNC una vez tuviéramos presupuesto”. Recién en septiembre "quedaron disponibles unos US$ 400.000, pero el margen para utilizarlos era limitado porque cualquier licitación tarda meses”, contó otra fuente de la gestión que renunció.

El recambio bajo el mando de Baravalle también alcanzó al CERT.ar, el equipo nacional que coordina la respuesta ante incidentes informáticos. El lunes 26 de octubre, casi una semana después de la renuncia de Waissbein, fue despedido su coordinador, Ariel Cessario, mientras el organismo trabajaba en la respuesta a PHP2Shell, dos vulnerabilidades graves que afectaban a sistemas utilizados por sitios web de todo el mundo.

“Nosotros no podemos ir por organismos ayudando porque no tenemos la capacidad. Éramos cuatro nada más. Ahora son tres las personas que quedaron”, dijo Cessario a Clarín. El CERT había enviado alertas a los organismos nacionales y recibido respuesta de casi la mitad de los potencialmente afectados a los que contactó. La falta de un inventario común dificultaba identificar los sistemas expuestos.

“La parte importante era justamente hacer el inventario de activos, que fue parte del trabajo que veníamos haciendo”, agregó. Por más que suene llamativo, muchas dependencias del Estado no tienen un registro completo de qué computadoras, servidores, aplicaciones y dispositivos están conectados a sus redes, quién los administra ni qué software utilizan.

Desde la conducción saliente del CNC destacaron que, pese a esas limitaciones, había aumentado la cantidad de incidentes registrados. “Argentina estaba ciega con respecto a lo que estaba pasando. Sigue siendo poco, pero es una tendencia que cambiamos nosotros”, defendieron su gestión. El informe anual del CERT.ar registró 520 incidentes en 2025, mientras que para octubre de 2026 la cifra ya había llegado a 800.

Los fondos de Estados Unidos y el cerco a la tecnología china

Argentina ya tiene en ejecución un préstamo de US$ 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado en enero de 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández, que contempla equipar un centro de operaciones de ciberseguridad gubernamental.

El banco incluso había publicado un diseño preliminar para ese centro, identificado como “G-SOC”. Al cierre de 2025, había desembolsado US$ 2,5 millones, el 8,33% del crédito, según su informe de monitoreo.

El encuentro del 20 de octubre, cancelado por la Secretaría de Innovación, buscaba reunir a empresas locales que pudieran participar del desarrollo de ese centro. “Nos invitaron a participar del evento y lo que hicimos fue armar un stand con los servicios de ciberseguridad que proveemos. Fuimos un día antes a montar todo y dejarlo preparado. Cuando fuimos al evento, nos dijeron en la puerta del CCC que se había cancelado. Éramos como 20 expositores, fue muy desprolijo”, contó a Clarín uno de los proveedores convocados.

En paralelo, Estados Unidos avanzaba con su propio programa de financiamiento. En septiembre, el Departamento de Estado abrió una convocatoria por US$ 13,9 millones para asistir en el diseño y puesta en funcionamiento del SOC Nacional. El llamado cerró el 16 de octubre y la ficha pública todavía no identifica a un adjudicatario.

El 22 de octubre, dos días después de la renuncia de Waissbein, la Embajada estadounidense anunció un programa de US$ 15 millones para instalar el centro de operaciones en ARSAT, bajo la administración del CNC. No está claro cómo se complementará con el préstamo del BID y a qué responde la diferencia entre los montos estadounidenses anunciados.

Una de las empresas mencionadas en el sector como posible participante del proyecto es CrowdStrike, una de las principales compañías estadounidenses de ciberseguridad. Clarín consultó a CrowdStrike sobre una eventual participación en el SOC Nacional y la empresa remitió a este diario a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para obtener información sobre el proyecto. La Secretaría recibió esa consulta específica, pero no respondió este punto.

Clarín consultó a la Embajada de Estados Unidos sobre el alcance de los fondos, los plazos de implementación y los mecanismos de selección de proveedores, pero la representación diplomática decidió no hacer comentarios por fuera del comunicado oficial.

Una de las cuestiones que más preocupa en el sector es que el programa anunciado por la Embajada de Estados Unidos incluye una revisión de seguridad de la red troncal de ARSAT y, de hecho, las bases de septiembre también planteaban reemplazar equipamiento chino en redes estratégicas. En esa línea, el 6 de noviembre se publicó la Disposición 7/2026, con la que Agüero fijó nuevos requisitos para la compra de equipos destinados a las redes críticas del Estado, incluidas las de sus empresas.

Para los equipos más sensibles, el anexo técnico exige la certificación TIA SCS 9001 del fabricante, que es administrada por una asociación estadounidense y que excluye del trámite a fabricantes alcanzados por listas de restricciones de EE.UU., entre ellos Huawei y ZTE. El requisito puede dejar a ambas compañías fuera de esas compras. La filial argentina de Huawei sostuvo que la norma limita la participación de proveedores y dijo que evaluará alternativas legales.

La medida rige desde el pasado 7 de noviembre y se aplicará a las compras y contrataciones que se inicien a partir de los 90 días de vigencia. En ese plazo, el CNC deberá asignar un nivel de criticidad a cada categoría de equipamiento alcanzada. La adecuación de equipos ya instalados dependerá de su riesgo y cualquier orden de reemplazo deberá estar fundada.

Clarín también contactó a Agüero para consultarlo por los cambios en el CNC, pero el nuevo director remitió a este medio a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que luego recibió un cuestionario con preguntas sobre la salida de Waissbein, el diseño del SOC en ARSAT, el préstamo del BID, las futuras contrataciones y la aplicación de las nuevas reglas. La Secretaría no envió respuestas oficiales sobre esos puntos.

Queda por saber qué parte del diseño para ARSAT retomará Agüero, cuánto del préstamo se ejecutó en lo que va de 2026, qué pasará con la tecnología de China y qué gastos asumirá cada país para poner en marcha el centro de operaciones y sostenerlo.

El monitoreo de amenazas es, coinciden los especialistas, el punto de partida para proteger los sistemas y los datos que administra el Estado.

Sin esto, los resultados ya son conocidos: sistemas oficiales hackeados, servicios públicos interrumpidos e información sensible a la venta en foros clandestinos, con el daño irreversible que provoca la filtración de los datos de los argentinos.