La inexplicable decisión presidencial de blindar a Rabat

No resulta exagerado afirmar que el gobierno del Presidente José Antonio Kast atraviesa por la peor crisis política desde que se inició su mandato, a raíz de los decretos que firmó el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y que permitieron que 56 condenados por casos de abusos o violación de menores de edad pudieran acceder a una reducción de condena. Pese a que se trata de una situación que justificadamente ha producido indignación ciudadana, y cuando el propio Mandatario reconoció como algo “grave, doloroso e inaceptable” que por años el Estado haya entregado este tipo de beneficios, inexplicablemente decidió blindar a Rabat en el cargo, lo que no solo abrió un flanco dentro del propio oficialismo -con ácidas recriminaciones entre sectores de Chile Vamos y el Partido Republicano-, sino que además dio pie para que la oposición anunciara una acusación constitucional en contra del secretario de Estado.

Es un hecho que Rabat ha perdido todo piso político, lo que desde luego quedó reflejado en la moción aprobada en la Cámara de Diputados -con 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones, estas últimas sobre todo de parlamentarios de RN y la UDI- para solicitar la renuncia del titular de Justicia, votación que hace factible la posibilidad de que la acusación constitucional pueda terminar siendo aprobada, incluso con algunos votos del propio oficialismo, lo que hace inentendible que La Moneda persista en seguir sosteniendo a Rabat y exponerse a una dura derrota política.

La ciudadanía, por su parte, ya parece haberse formado un juicio muy claro sobre la situación, tal como lo refleja una encuesta de Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool-, según la cual el 80% de los encuestados está en desacuerdo con la decisión de mantener a Rabat. Cabe tomar nota que el 48% atribuye la decisión del Ministerio de Justicia a una falta de criterio político para estimar el impacto de una rebaja de las condenas, mientras que el 21% cree que existió una intención deliberada en dicha decisión. Son antecedentes que deberían hacer recapacitar a La Moneda, y al propio Rabat, cuyo prestigio se está viendo más erosionado con cada día que pasa.

El ministro ha defendido su decisión señalando que con ello no hizo más que cumplir con la Constitución y la ley, pues si bien en febrero de 2022 se dictó una norma que excluye del beneficio a aquellos condenados por abusos sexuales contra menores de 14 años, Rabat argumenta que bajo el principio de irretroactividad penal corresponde conceder este tipo de beneficio a los condenados con anterioridad a dicha fecha, basándose además en que esa ha sido la jurisprudencia que ha sostenido la Corte Suprema al conocer de recursos de amparo cuando las autoridades han negado la reducción de condena. Estimó que en virtud de la “economía procesal” no tenía mayor sentido rechazar las peticiones y con ello obligar a judicializarlas -justamente el camino que siguió el gobierno anterior-, porque el resultado no iba a cambiar.

Su argumentación, sin embargo, se ha ido desarmando, porque desde luego hay casos en que la Corte ha rechazado los recursos de amparo, y poco a poco el máximo tribunal también ha ido asentando el principio de que la ley 19.856 de 2003 -que crea un sistema de reinserción social sobre la base de la buena conducta- establece beneficios de carácter administrativo y procesal para la ejecución de una condena, los que rigen “in actum”, de modo que los cambios introducidos a dicha norma en 2022 no quedan condicionados por el principio penal de la irretroactividad. Sin ir más lejos, un fallo unánime del máximo tribunal de febrero de este año razona en tal sentido, al que se plegó la ministra María Cristina Gajardo, quien hasta entonces había sostenido un criterio distinto, y fue por lo demás el criterio que siguió el Ministerio de Justicia bajo el gobierno anterior. A la luz de las consideraciones anteriores resulta entonces discutible hablar de una jurisprudencia o sostener que no habían otros caminos.

Pero más allá del debate de si acaso el criterio jurídico de Rabat fue el correcto, es un hecho que el secretario de Estado falló en lo más esencial, porque era también su deber no solo anticipar las implicancias que tiene para la sociedad -y sobre todo para las víctimas- liberar a personas autoras de delitos gravísimos y por tanto empeñarse en agotar todos los caminos para impedirlo, sino que tampoco fue capaz de calibrar las consecuencias que tendría para el propio gobierno aparecer avalando estas decisiones, lo que cuando menos hacía recomendable trasladar esa responsabilidad al Poder Judicial y litigar.

Ahora que el caso ha estallado y ha crecido como una verdadera bola de nieve, el Presidente Kast se equivoca rotundamente al creer que la salida a esta crisis pasa por criticar las rebajas de condenas e impulsar reformas legales para impedirlas -algo en todo caso indispensable-, sin hacer cambios en el equipo de Justicia. La solicitud de renuncia al subsecretario Luis Silva tampoco será suficiente para bajar la tensión, porque su salida se debe únicamente a la incomodidad que generó en La Moneda un video que difundió a título personal -en el cual señala que en los decretos que él firmó no hizo más que atenerse a la doctrina fijada por el ministro Rabat, una explicación en todo caso débil y que no lo excluye de su propia responsabilidad por haber avalado dicho criterio-, y no como forma de asumir los errores cometidos.

El Mandatario no ha calibrado que estas reducciones de condena han terminado golpeando directamente en la línea de flotación del gobierno, socavando el relato de que esta administración había llegado para poner freno a la delincuencia y terminar con cualquier atisbo de impunidad, como asimismo el que se brindaría una protección especial a la infancia. Por ello, su empecinamiento en mantener a toda costa al ministro Rabat, aun a riesgo de quebrar su propia coalición, supone una lealtad mal entendida y solo va involucrando cada vez más a la propia figura presidencial en una crisis que de no detenerse a tiempo puede tener consecuencias impredecibles.

El criterio de blindar a Rabat resulta aún más inentendible cuando anteriormente el Mandatario solicitó la renuncia de las exministras de Seguridad, Segegob y Deportes por hechos menos comprometedores y cuando lo que se buscaba era dar una señal de que no había espacio para la incompetencia. En medio de este grave desorden se extraña que el ministro del Interior haya jugado un papel tan discreto, quien en su rol de jefe de gabinete debería haber sido más enérgico para impedir que esta crisis escalara hasta este punto.

Sin duda estamos frente a un nuevo caso donde el gobierno es víctima de su propia impericia y de errores propios, siendo el Presidente Kast una vez más el principal responsable de este derrotero.