La Contraloría puso la lupa sobre la Universidad Distrital y la Secretaría de Educación: encontró irregularidades por cerca de $7.000 millones

La Contraloría de Bogotá detectó hallazgos fiscales por un valor total de $6.899 millones tras realizar auditorías a la Secretaría de Educación del Distrito y a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Las irregularidades se identificaron durante el tercer trimestre de 2026 e involucran deficiencias en obras públicas, contratación de extensión universitaria, fallas en la educación inclusiva y demoras en el recaudo pensional.

Los resultados se derivaron de cuatro auditorías de cumplimiento adelantadas por la Dirección del Sector Educación del ente de control fiscal. Dos de las revisiones se enfocaron en los presupuestos ejecutados por la Secretaría de Educación, mientras que las otras dos examinaron la gestión financiera e institucional de la Universidad Distrital.

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El desglose del informe oficial muestra que en la Secretaría de Educación se configuraron 10 hallazgos fiscales valorados en $3.143 millones. Por su parte, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se registraron 7 hallazgos fiscales por una suma acumulada de $3.756 millones.

Cristian Nicolay Rodríguez, director del Sector Educación de la Contraloría de Bogotá, explicó la distribución y el alcance de las anomalías detectadas en las dos entidades de la capital: “A través de la Dirección del Sector Educación, se configuraron hallazgos fiscales por cerca de siete mil millones de pesos obtenidos a través de ejercicios auditores practicados en la Secretaría de Educación del Distrito y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.

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“Esto durante el tercer trimestre del 2026. En total, el organismo de control fiscal estableció diecisiete hallazgos fiscales enmarcados en cuatro temas principales: obras públicas, educación inclusiva, contratación en el Ideux, que es el Instituto de Extensión de la Universidad, y deficiencias en el recaudo de cuotas partes pensionales”, afirmó el funcionario.

Entre las irregularidades de mayor cuantía en la Universidad Distrital sobresale un hallazgo por pagos sin soporte documental por más de $1.430 millones. Este desembolso se efectuó en el marco de un convenio interadministrativo suscrito entre la institución de educación superior y la Alcaldía Local de Kennedy.

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De igual forma, el análisis fiscal reveló fallas en la gestión del recaudo oportuno de cuotas partes pensionales por cobrar en la institución universitaria, un rubro donde las deficiencias superan los $829 millones. Los demás hallazgos corresponden a fallas de gestión, planeación y supervisión de contratos financiados con recursos públicos en el Instituto de Extensión de la Universidad (Ideux), que mencionó el funcionario.

Por el lado de la Secretaría de Educación del Distrito, el informe del organismo de control puso en evidencia sobrecostos y fallas en la infraestructura escolar. Específicamente, se identificó un detrimento patrimonial superior a los $849 millones en las obras de construcción de la Institución Educativa Cardenal Luque, ubicada en la localidad de Engativá.

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Según el organismo fiscalizador, los problemas en este colegio de Engativá se debieron a falencias en la fase inicial de planeación, estudios y diseños de la obra. Dichos errores técnicos hicieron necesarias correcciones improvisadas en la cimentación de la estructura y derivaron en pagos adicionales sin justificación técnica suficiente.

Estas actuaciones de control se suman a fallos previos proferidos por la Contraloría de Bogotá, entre los cuales destaca una sanción en segunda instancia a la Universidad Distrital por más de $30.000 millones debido al manejo irregular de recursos entre 2012 y 2019. El órgano fiscalizador confirmó que mantendrá la supervisión continua sobre las entidades para proteger el patrimonio de la capital.

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Es imperativo señalar que el manejo de la Universidad Distrital debe fundamentarse en la transparencia administrativa y la sostenibilidad financiera, fortaleciendo la rendición de cuentas, la inversión en infraestructura y la formalización de su planta docente para garantizar una educación pública de alta calidad.

A su vez, requiere un modelo participativo e incluyente que priorice el bienestar estudiantil, fortalezca los protocolos contra la violencia de género y promueva un diálogo continuo entre la comunidad académica y la ciudad para resolver los problemas reales de Bogotá.