Registro obligatorio de celulares avanza, pero no detiene la extorsión y el fraude en México
La extorsión se mantiene en niveles elevados en México, con 65% más víctimas por habitante entre enero y septiembre de 2026 que en el mismo periodo de 2015, de acuerdo con México Evalúa.
En ese escenario, SILIKN reporta un aumento de hasta 90% en intentos de fraude, estafa y extorsión telefónica durante este año, mientras avanza el registro obligatorio de líneas celulares.
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El dato de SILIKN corresponde al monitoreo de su unidad de investigación, no a una estadística oficial nacional. La empresa sostiene que el incremento ocurre en comunicaciones relacionadas con números cuyas terminaciones están sujetas a suspensión dentro del proceso de registro obligatorio.
El registro obliga a los usuarios a vincular sus líneas telefónicas con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial. La medida busca apoyar el combate a delitos como la extorsión mediante la identificación de los titulares de los números.
De acuerdo con el comunicado de SILIKN, identificar una tarjeta SIM no necesariamente permite establecer quién realiza una llamada. La empresa señala que las redes criminales pueden usar telefonía por internet, sistemas automatizados de marcación, suplantación del identificador de llamadas, identidades robadas y prestanombres.
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SILIKN plantea que estos mecanismos permiten mostrar en la pantalla de una víctima un número que aparenta corresponder a una línea mexicana, aunque la infraestructura desde la que se realiza la comunicación esté fuera del país.
Bajo ese escenario, la suspensión de una línea por no completar el registro no garantiza que el número deje de aparecer en contactos fraudulentos.
El comunicado sostiene que los identificadores telefónicos pueden manipularse para eludir controles administrativos.
El comunicado también advierte que el registro obligatorio se usa como argumento en nuevas formas de fraude. Según SILIKN, delincuentes se hacen pasar por representantes de compañías telefónicas o autoridades para amenazar a usuarios con suspender sus líneas.
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En esos contactos solicitan información personal, códigos de verificación o claves recibidas mediante mensajes SMS. SILIKN sostiene que la referencia al registro puede hacer más creíble el engaño para las personas que reciben la llamada o el mensaje.
La empresa considera que identificar a los titulares de las líneas puede servir como elemento auxiliar en algunas investigaciones, pero no como una solución integral frente al fraude y la extorsión telefónica.
El comunicado también expone riesgos relacionados con la concentración de CURP, identificaciones oficiales y números telefónicos. SILIKN plantea que proteger esos datos requiere controles de seguridad, auditorías y mecanismos de rendición de cuentas ante posibles filtraciones, robo de identidad o comercialización ilegal de bases de datos.
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Como antecedente, el comunicado menciona el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, implementado en 2009 y eliminado posteriormente. SILIKN lo presenta como una referencia sobre los riesgos de concentrar información personal sin garantías suficientes de protección.
Por separado, el reporte De la Violencia a la Pacificación: Monitoreo de la violencia delictiva en México, de México Evalúa, señala que entre enero y septiembre de 2026 hubo 65% más víctimas de extorsión por habitante que en el mismo periodo de 2015.
El documento indica que el incremento más pronunciado ocurre entre 2019 y 2022. Desde entonces, la tasa se mantiene alrededor de 6.4 víctimas por cada 100,000 habitantes, sin una reducción sostenida.
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México Evalúa advierte que los registros administrativos sólo captan las denuncias y víctimas incorporadas en carpetas de investigación. Por esa razón, sirven para observar la evolución de la extorsión registrada por entidades y municipios, pero no para medir por completo la dimensión del delito.
El reporte cita la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, la cual estima que en 2025 la tasa de extorsión fue de 6,831 delitos por cada 100 mil habitantes. La encuesta calcula que 97.5% de esos delitos quedó en la cifra oculta.
La organización sostiene que la extorsión no sigue necesariamente la trayectoria del homicidio. El reporte señala que el delito se mantiene cerca de su nivel más alto mientras los homicidios disminuyen, por lo que una reducción de la violencia letal no permite concluir que haya una disminución en otras formas de control criminal.
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Durante los primeros nueve meses de 2026, las regiones Centro, Bajío-Occidente y Norte concentraron 85% de las víctimas de extorsión registradas, aunque reúnen 69% de la población, de acuerdo con México Evalúa.
El documento ubica en esas zonas actividades de manufactura de exportación, industria automotriz, logística, producción agroalimentaria y consumo. También expone que la extorsión afecta a empresas medianas y comercios, y que sus costos pueden trasladarse a los precios que pagan los consumidores.
México Evalúa señala que la concentración territorial del delito exige respuestas enfocadas en corredores económicos y zonas metropolitanas, no sólo en entidades completas. El reporte advierte que la mitad de las víctimas se concentra en 42 de los 729 municipios con registros.
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La organización también analiza la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada el 6 de julio de 2025. El plan contempla la línea 089, el congelamiento de cuentas por la UIF, el bloqueo de líneas telefónicas y operativos en penales.
México Evalúa señala que la estrategia mejora la reacción ante extorsiones telefónicas porque permite orientar a las víctimas durante la amenaza y antes de que realicen un pago. Al 30 de junio de 2026, el 089 había recibido 244 mil 598 llamadas y en 88.4% de los casos la extorsión no se consumó, según datos citados en el reporte.
El documento añade que la estrategia no cuenta con presupuesto propio ni metas para medir si la extorsión disminuye. También apunta que las ocho entidades priorizadas registraron una baja de 13% en víctimas entre 2025 y 2026, mientras el resto del país tuvo un aumento de 30%.
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México Evalúa advierte que esa variación puede reflejar movimientos territoriales del delito, diferencias en la denuncia o cambios en los registros.
El reporte propone revisar cada año las prioridades territoriales, fortalecer los mecanismos de denuncia segura, integrar información del 089, carpetas de investigación y datos financieros, así como desmantelar redes y seguir sus recursos.
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