Incongruencia frente a las acusaciones constitucionales

Fue a fines de junio cuando el Senado desechó la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau -su falta de mérito hacía evidente que no tenía opción de prosperar-, y apenas cinco meses después otra vez se ha activado una acción de esta naturaleza, esta vez en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condenas a personas que abusaron o violaron a menores de edad.
Pese al ímpetu con que sus impulsores anunciaron dicha acusación, parece un hecho que con el paso de los días esta ha venido perdiendo energía -una serie de personalidades y abogados del propio mundo de la izquierda han tomado distancia, al no ver con claridad que se configuren los elementos jurídicos para su fundamentación-, pero aun así esta tendrá el efecto de volver a atizar el ambiente político y alejar al Congreso de sus quehaceres legislativos, lo que desde luego no reviste ninguna ganancia para el país y solo profundiza la desnaturalización en que han caído las acusaciones constitucionales.
No cabe duda de que las desafortunadas decisiones adoptadas por el ministro Rabat constituyen un episodio grave -ello ha sido reconocido así incluso por el propio Presidente de la República-, porque producto de una interpretación jurídica debatible se favoreció a condenados por delitos deleznables, en vez de haber buscado impugnar judicialmente dichos beneficios, como de hecho el propio Ministerio hizo en casos similares. Al desechar el camino de la judicialización, no solo se dejaron de hacer esfuerzos para tratar de impedir la libertad por la vía de los tribunales, sino que además trasladó al gobierno el peso de una responsabilidad que debió haber quedado radicada en el Poder Judicial.
Con todo, es difícil sostener que con ese proceder se incumplió abiertamente la Constitución o dejaron de aplicarse leyes. Los capítulos en que se sustenta la acusación intentan probar que Rabat vulneró la disposición que obliga a los órganos del Estado a respetar y promover derechos consagrados en tratados internacionales, como el interés superior del niño; se acusa asimismo de haber dejado sin aplicación la norma de febrero de 2022, que excluyó de la reducción de condena a abusadores y violadores de menores, y también de que se infringió el principio de probidad, por haber ocultado información al Congreso.
Sin embargo, es un hecho que la interpretación que sostuvo Rabat -en orden a que cabía aplicar el principio de irretroactividad que contempla la Constitución para aquellos condenados con anterioridad a 2022- fue la misma que durante largo tiempo sustentó la propia Corte Suprema; dicha ley tampoco estableció directrices sobre si cabía aplicar el beneficio a condenados con anterioridad a ese año, ni entregó criterios sobre cómo armonizar el principio “pro reo” con el interés superior del niño, lo que dejó margen para las interpretaciones.
Por ello no debería sorprender que voces expertas de la propia oposición hayan sostenido que un error jurídico no constituye una infracción a la Constitución, o que al caber diferentes interpretaciones de las normas vigentes resulta discutible que se pueda incurrir en un incumplimiento de la ley. También hay quienes han señalado que, dado que la reforma de 2022 no introdujo artículos transitorios sobre cómo aplicarla en casos anteriores a su promulgación, a Rabat no le quedaba más alternativa que aplicar el principio pro reo establecido en la Constitución, y que de no haberlo hecho entonces sí habría infringido la Carta Fundamental, lo que no es incompatible con la noción de que el ministro también pudo haber apelado los recursos de amparo presentados por los condenados.
Lo cierto es que al insistir con una acusación constitucional que descansaría sobre un dudoso sustento jurídico, sus impulsores están buscando ante todo propinar un golpe político al gobierno, que ha sido la tónica de la mayor parte de las acusaciones que se han presentado en los últimos años. Esto por supuesto lleva a que el gobierno busque cerrar filas y blinde a Rabat, en el ánimo de no consentir una suerte de parlamentarismo de facto, que se atribuya la facultad de determinar cuándo un ministro puede seguir en el cargo, actitud que seguramente se ve potenciada cuando el PS ha exigido la renuncia de los ministros de Hacienda y Justicia, una muestra de cómo la línea más dura dentro del partido ha ido ganando posiciones.
El hecho de que el ministro de Hacienda haya sido amenazado esta semana con una posible acusación por parte de senadores de oposición -ello por reclamos de que la propuesta de Ley de Presupuestos 2027 no contenía los fondos para financiar uno de los aspectos de la reforma previsional, algo que fue rápidamente subsanado por Hacienda- revela que este tipo de acciones siguen siendo vistas con lógicas puramente políticas, pese al enorme daño que ello genera.
Pero hay algo más, porque con este lamentable proceder el propio Congreso está cayendo en la inconsecuencia de desconocer sus propios acuerdos políticos, en orden a dejar de instrumentalizar las acusaciones constitucionales. En efecto, fue en paralelo a la acusación contra Grau que un grupo transversal de senadores y diputados presentaron sendas mociones para aumentar los requisitos exigidos a la hora de invocar este tipo de acciones, justamente para desincentivar estas negativas prácticas. Así, se busca aumentar el requisito de diputados patrocinantes, como también el quórum en sala para dar lugar a ellas, y en el caso de las causales por las cuales se puede acusar a ministros de Estado, se agrega que debe haber una “abierta” infracción a la Constitución o la ley.
Pero todavía más significativo del espíritu que animó estas reformas para que las acusaciones constitucionales sean una medida de “ultima ratio” es que, en el caso de los ministros de Estado, se acordó que previamente deberá tener lugar una interpelación parlamentaria, de modo que solo si quedan al descubierto infracciones objetivamente graves se proceda con la acusación. Desconcierta que en el caso Rabat -también en las veladas amenazas contra Quiroz- no haya existido el ánimo de empezar a actuar siquiera con un mínimo de consecuencia.
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