Invasiones de tierras en el suroccidente del país: la zozobra que se vive en las fincas ‘sitiadas’ por los disidentes de las Farc
Lo ocurrido en Potrerito no estaría aislado de otros echos de orden público que han afectado al municipio vallecaucano. Foto: Particular
PERIODISTAActualizado:
SUBEDITOR DE JUSTICIAActualizado:
El mapa de la invasión de tierras no solo se evidencia en cifras: es una realidad que se vive en Valle, Cauca y Nariño, con unas 170 denuncias al año durante la última década. En las fincas de las goteras del municipio de Jamundí, a tan solo 15 minutos de Cali, es donde hoy el miedo se respira con más fuerza; allí, la cotidianidad está sitiada por fusiles y drones que detonan explosivos contra los acueductos rurales.
Se trata de un territorio estratégico de 53.250 hectáreas, de las cuales 3.150 —que equivalen a 185 veces el tamaño del estadio El Campín de Bogotá— ya están ocupadas por unas 3.000 personas en mil cambuches, tras sufrir quemas y sacrificio de ganado y búfalos. Es la geografía del despojo orquestada por las disidencias del frente ‘Jaime Martínez’ de ‘Iván Mordisco’ en el corredor que conecta el río Cauca con los Farallones de Cali.
Iván Mordisco Foto:Iván Mordisco
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, afirmó a EL TIEMPO: "Están siendo invadidos todos los predios que se les ocurre a los disidentes". Y no solo son aquellos que les fueron extinguidos a capos del narcotráfico como 'Pacho' Herrera; también se ven afectadas propiedades privadas y territorios donde dos consejos comunitarios de población afrocolombiana han tenido que desarraigarse por cuenta de los hombres subordinados a la facción de alias Mordisco.
LEA TAMBIÉN
Los cambuches con plásticos se divisan desde el aire, porque acercarse en tierra implicaría riesgos de disparos. Esto refleja las continuas amenazas e intentos de secuestro contra algunos de los dueños particulares que se resisten a ser desplazados por estos grupos ilegales.
LEA TAMBIÉN
De acuerdo con la mandataria, aunque ya están asegurados los 8.000 millones de pesos para la instalación del Batallón de Alta Montaña en Jamundí, el primer lote dispuesto por la Fiscalía General de la Nación tuvo que ser descartado debido a riesgos de ataques a las tropas por los disidentes, lo que obligó a iniciar una nueva búsqueda de terrenos. "Cuando el Ejército llegó, vio que estaba muy vulnerable; el lote era de muy poca altura y no servía para proteger a los soldados", detalló Toro.
En los organismos de inteligencia existe una preocupación latente: el temor de que se replique la estrategia criminal con la que el grupo armado instrumentaliza a las comunidades locales.
LEA TAMBIÉN
Históricamente, la población civil de la región viene siendo manipulada y amenazada por las disidencias para ejecutar asonadas en contra de las operaciones del Ejército; un fenómeno de resistencia civil forzada que habría interferido directamente si el batallón se instalaba en un área bajo el control social de los criminales, y que ahora se aplica mediante la invasión de tierras.
Pero también hay familias en Jamundí que están cooptadas en el grupo de ‘Mordisco’, según esas fuentes de inteligencia.
Autoridades del Valle del Cauca trabajan en el diseño de estrategias para evitar las invasiones. Foto:Gobernación del Valle
La Sociedad de Agricultores y Ganaderos (SAG) del Valle señaló: “Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, a los entes territoriales y a las autoridades para que actúen con contundencia y garanticen la seguridad”.
La hacienda San Isidro, en Potrerito, antiguo bien de ‘Pacho’ Herrera extinguido en 2013 y en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), abre este circuito criminal con cambuches. El predio Las Cañas, en el corregimiento de Ampudia, aloja la bocatoma de Acuasur; su ocupación armada desabastece a 7.000 habitantes rurales. “Tumbaron los cultivos de caña que era un proyecto productivo. Yo ya no hablo ni doy mi nombre; cuando lo hice este año me amenazaron con matarme”, dijo un líder. La finca La Ferreira, en Timba, cierra el despojo con encapuchados que delimitan el cañaduzal con estacas.
La finca La Jota (Potrerito y Río Claro) padece esta dinámica de loteos fraudulentos. La Chapa (Ampudia y Río Claro) completa las alertas de la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) por vertimientos, basuras, tala de árboles e incendios provocados.
La situación alcanza su máximo nivel de degradación en la hacienda La Novillera, un predio de 1.500 hectáreas perteneciente a la familia Zamorano desde hace unos 90 años. El asedio fue tal que sus legítimos dueños se vieron obligados a abandonar por completo la gigantesca propiedad.
LEA TAMBIÉN
De hecho, en marzo de este año, uno de sus propietarios estuvo a punto de ser secuestrado cuando hombres armados con pasamontañas lo rodearon en la misma finca y dispararon en su contra para obligarlo a evacuar. Durante el ataque, los delincuentes arrasaron con maquinaria y procedieron a destruir con saña los cultivos tecnificados.
"Yo les pido de favor que se retiren, que por favor se retiren, ¿cómo me van a dañar un cultivo de piña? ¿En qué cerebro humano cabe eso? ¿Usted cree que un campesino hace esto?", decía el hacendado. El hombre también dijo: "Me van a llamar arriba, ya, aquí me están amenazando con que van a llamar arriba".
Autoridades del Valle del Cauca atienden la crisis. Foto:Gobernación del Valle
La parálisis económica es devastadora si se tiene en cuenta que solo en La Novillera se generaba regularmente un centenar de empleos para los habitantes rurales del corregimiento de Río Claro.
EL TIEMPO conoció denuncias dentro del territorio que también advierten sobre la existencia de un entramado de 'coordinadores' o 'líderes' encargados de dinamizar la ocupación ilegal en las fincas de Jamundí.
LEA TAMBIÉN
Entre las personas señaladas en las carpetas de investigación se encuentra una mujer de nacionalidad venezolana, quien presuntamente coordina de manera directa a varios cabecillas encargados de demarcar la tierra y mantener la permanencia de los ocupantes.
Asimismo, los reportes indican que estas redes exigen pagos mensuales obligatorios a quienes deseen conservar su pedazo de terreno, algunos por tres, cuatro o más de ocho millones de pesos; quienes no pagan las cuotas son intimidados con expulsiones violentas o represalias físicas.
El entramado de los disidentes, según fuentes de inteligencia, opera bajo dos eslabones: las denominadas mafias del loteo, compuestas por redes urbanas y falsas fundaciones.
En La Novillera, los ilegales afirman que es un terreno estatal. Una vez se concreta la estafa, entra en acción el brazo armado del frente 'Jaime Martínez' para cobrar 'matrículas' de invasión a esas mafias de grupos delincuenciales y exigir peajes semanales de seguridad.
LEA TAMBIÉN
Al mismo tiempo, como lo afirmó la gobernadora a EL TIEMPO, la guerrilla instrumentaliza a la comunidad para seguir invadiendo o realizar bloqueos, obligando a los estafados a enfrentarse como escudos humanos al Ejército Nacional ante cualquier intento de desalojo.
Aprovechan, además, el flujo masivo de dinero en efectivo de estas falsas compras de mejoras para lavar activos provenientes del narcotráfico y blindar un corredor estratégico hacia el Pacífico colombiano.
El último bloqueo con presión de encapuchados en las vías ocurrió el 20 de septiembre de este año en la carretera hacia Ampudia y Río Claro. Habitantes de la zona impidieron el paso vehicular tras un incendio provocado.
La guerrilla instrumentaliza a la comunidad como escudo humano ante el Ejército. El último bloqueo vial para evitar un intento de desalojo ocurrió el pasado 20 de septiembre hacia Ampudia y Río Claro.
La ofensiva incluye dos atentados con drones y explosivos contra la infraestructura hídrica rural este año. El ataque más reciente, perpetrado hace una semana con el fin de frenar un operativo de la Fuerza Pública para desocupar los predios, terminó con la destrucción de la tubería de Acuasur en Santa Helena, desabasteciendo a más de 6.000 moradores de las áreas rurales Villapaz, Quinamayó, Robles, Guachinte, Barejonal, Timba y Tinajas.
EL TIEMPO contactó a la Alcaldía de Jamundí, la cual manifestó que la gobernadora del Valle tiene la vocería por la crisis.
En el suroccidente
Esta maquinaria de despojo de las disidencias de ‘Mordisco’ se replica en el Cauca, a través del bloque occidental ‘Jacobo Arenas’. Frentes como el ‘Carlos Patiño’ y ‘Dagoberto Ramos’ se han infiltrado en ocupaciones forzosas en ocho municipios, instrumentalizando las luchas de indígenas, afrodescendientes y campesinos por la titulación de tierras. Según Asocaña, cerca de 4.000 hectáreas siguen invadidas en el departamento.
LEA TAMBIÉN
No obstante, el gremio aclaró que, aunque persisten estas ocupaciones, las nuevas invasiones se frenaron por el diálogo desde 2023 que continúa vigente.
1.698 denuncias de invasiones en Valle, Cauca y Nariño en casi diez años
Entre 2017 y agosto de 2026, Cauca, Nariño y Valle del Cauca acumularon 1.698 casos relacionados con invasión de tierras o edificaciones y usurpación de tierras en general, según el Ministerio de Defensa.
Las cifras muestran que el fenómeno tuvo su punto más alto en 2021 y que, durante la última década, algunas ciudades y municipios concentraron una parte significativa de los reportes.
El departamento con mayor número de casos fue Valle del Cauca, con 981 registros durante el periodo analizado. Le siguieron Cauca, con 496, y Nariño, con 221. En conjunto, los tres departamentos tuvieron un promedio cercano a 170 casos por año, aunque la evolución muestra variaciones importantes entre un periodo y otro.
El año más crítico fue 2021, cuando se contabilizaron 252 casos en los tres departamentos. Ese año también marcó el máximo individual para Valle del Cauca y Cauca. En territorio vallecaucano se registraron 153 hechos y en Cauca fueron reportados 78.
LEA TAMBIÉN
Después de ese pico aparecen 2019, con 206 casos, y 2017, con 205. En 2018 se contabilizaron 191 y en 2020 fueron 184. A partir de 2022 comenzó una reducción frente a los niveles observados durante los años anteriores, aunque el comportamiento no fue igual en los tres departamentos.
En Valle del Cauca, por ejemplo, los registros pasaron de 153 en 2021 a 66 en 2022. Después fueron 87 en 2023, 79 en 2024 y 72 en 2025. Durante los primeros ocho meses de 2026 aparecen 52 casos, una cifra que todavía no puede compararse directamente con los años completos anteriores.
Cali aparece ampliamente como el municipio más afectado de los tres departamentos. Entre 2017 y agosto de 2026 acumuló 498 casos, lo que equivale a más de la mitad de todos los registros del Valle del Cauca durante ese periodo. Muy por detrás aparecen Buenaventura y Jamundí, ambos con 58 casos, Dagua con 54 y Palmira con 39.
La concentración también es visible en Cauca. Popayán registró 184 casos en los últimos diez años, cerca del 37 por ciento del total departamental. Santander de Quilichao aparece después con 34 registros, seguido por Cajibío con 33, La Vega con 23 y Caloto con 22.Para Cauca, 2021 fue igualmente el año de mayor afectación, con 78 casos.
En 2017 se habían reportado 73 y en 2022 fueron 63. La tendencia descendió posteriormente a 49 casos en 2023, 41 en 2024 y 20 durante 2025. Hasta agosto de este año habían sido contabilizados 16.
Nariño presenta un comportamiento distinto. Su mayor registro no ocurrió en 2021 sino en 2024, cuando fueron reportados 44 casos, más del doble de los 21 contabilizados tres años antes. Los siguientes años con las cifras más altas fueron 2017 y 2018, ambos con 26 registros.
Dentro de ese departamento, San Andrés de Tumaco encabeza la lista de municipios afectados, con 56 casos entre 2017 y 2026. Le siguen Pasto con 38, Ipiales con 21 y Barbacoas con 19. En conjunto, esos cuatro municipios concentran más de la mitad de los registros de Nariño durante la década analizada.
La serie completa muestra que la mayor presión se concentró durante los primeros cinco años del periodo. En 2017 hubo 205 casos entre los tres departamentos, 191 en 2018, 206 en 2019, 184 en 2020 y finalmente se alcanzó el máximo de 252 en 2021.
Después de ese punto, los registros bajaron a 148 en 2022, volvieron a subir ligeramente a 161 en 2023 y 164 en 2024, y descendieron a 104 durante 2025. Para 2026, la base reporta 83 casos hasta agosto, por lo que el dato sigue abierto y deberá analizarse una vez termine el año. Los registros también permiten identificar tres focos particularmente marcados durante la última década.
Cali, con 498 casos; Popayán, con 184; y Tumaco, con 56, encabezan cada uno sus respectivos departamentos y muestran que, aunque el fenómeno se extiende por numerosos municipios del suroccidente del país, una parte importante de los hechos se concentra en determinados centros urbanos y territorios estratégicos.
Carolina Bohórquez y Jesús Antonio Blanquicet
Consulte más noticias
Christa Pike, condenada a muerte, sobrevivió a su ejecución. Foto:
Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
BOLETINES EL TIEMPO
Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.
EL TIEMPO GOOGLE NEWS
Síguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.
EL TIEMPO WHATSAPP
Únete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.
EL TIEMPO APP
Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo.
SUSCRÍBETE AL DIGITAL
Información confiable para ti. Suscríbete a EL TIEMPO y consulta de forma ilimitada nuestros contenidos periodísticos.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.