Oficial en Nueva York | Kathy Hochul anuncia que entra en vigor la Ley de Policías Locales que impide a sus fuerzas financiar a agencias federales

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que ya está en vigor una ley que prohíbe a las agencias policiales del estado firmar acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para colaborar en la aplicación de las leyes migratorias federales.

De esta manera, el gobierno busca que los departamentos de policía concentren sus recursos en la seguridad de sus propias comunidades.

"A partir de hoy, el ICE ya no podrá requerir a policías financiados por el estado de Nueva York para ayudar a una agencia federal fuera de control que cuenta con un presupuesto de 85.000 millones de dólares", dijo Hochul durante el acto.

La norma forma parte de la Ley Policías Locales, Delitos Locales, aprobada en mayo de 2026 como parte de un paquete de medidas destinadas a limitar la participación de las autoridades estatales y municipales en los operativos de ICE. La ley alcanza a los acuerdos 287(g), que permiten a la policía asumir funciones vinculadas con el cumplimiento de las leyes migratorias.

Qué medidas tomó Hochul contra los operativos federales

Un comunicado oficial expresa que “tras una escalada sin precedentes en la agresiva aplicación federal de las leyes de inmigración, la gobernadora ha luchado para proteger a los neoyorquinos de las acciones federales que afectan indiscriminadamente a las comunidades de inmigrantes”.

Entre las medidas tomadas por Hochul para limitar las acciones de ICE y prevenir medidas extralimitaciones federales destacan:

• Prohibir a los gobiernos locales, a las fuerzas del orden estatal y locales, ya las autoridades penitenciarias celebrar acuerdos 287(g).

• Prohibir a los agentes estatales, locales y federales el uso de cubiertas faciales al interactuar con el público.

• Establecer una ley estatal que permita presentar demandas contra funcionarios gubernamentales federales, estatales y locales por la violación de sus derechos constitucionales.

• Mantener a las autoridades de inmigración fuera de lugares sensibles.

• Garantizar que los estudiantes inmigrantes tengan acceso a la educación, independientemente de su estatus migratorio.

La entrada en vigor de la nueva ley se produjo después de una disputa entre Nueva York y el Departamento de Justicia. En junio, el gobierno federal presentó una demanda para bloquear algunas de las disposiciones incluidas en el paquete descrito.

Un tribunal federal rechazó la solicitud del Departamento de Justicia para suspender de forma preliminar la prohibición relacionada con los acuerdos 287(g). Esa decisión permitió que la disposición comenzara a aplicarse el pasado 25 de agosto.

Antes de 2025, solo uno de los 62 condados del estado tenía un acuerdo 287(g) con ICE. El comunicado señala además que 53 condados nunca suscribieron ninguno de estos convenios.

La medida establece que los recursos policiales locales deben permanecer destinados a las prioridades de seguridad pública de cada comunidad. La gobernadora también recordó que su administración destinó cerca de 4.000 millones a las fuerzas de seguridad y la seguridad pública desde que asumió el cargo.

La norma contrasta con los esfuerzos de la administración Trump de ofrecer mayores garantías a los agentes locales que están acatando el acuerdo 287(g) en otros estados como Florida y Texas, gobernados por republicanos. A mediados de agosto, la agencia de noticias AP informó que el ICE tiene planeado ofrecer un seguro de responsabilidad civil de hasta 500.000 dólares para agentes locales que colaboran en arrestos de inmigrantes.