Diputados avalan en lo general la Ley de Economía Digital: busca reducir el uso de dinero en efectivo
La Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, el dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una propuesta que busca impulsar el uso de transferencias, tarjetas, códigos QR y tecnología NFC, así como reducir gradualmente el uso de efectivo.
El proyecto, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalado con 330 votos a favor, 122 en contra y ninguna abstención. Tras la aprobación en lo general, el Pleno inició la discusión de las reservas para modificar artículos específicos del dictamen.
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La nueva legislación plantea establecer un marco para ampliar la utilización de medios de pago digitales y electrónicos en operaciones entre ciudadanos, empresas y autoridades.
De acuerdo con lo expuesto durante el debate, los tres órdenes de gobierno deberán realizar acciones para aceptar estos mecanismos en trámites y servicios, con el objetivo de favorecer su adopción y facilitar las operaciones económicas.
Entre las herramientas contempladas se encuentran:
- Transferencias electrónicas y tarjetas bancarias.
- Códigos QR y tecnología NFC.
- Aplicaciones y servicios financieros digitales.
- CURP Digital para la contratación de servicios financieros.
- Un Expediente Digital Ciudadano para consultar documentos e información de las personas usuarias.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, sostuvo que la iniciativa busca atender la brecha digital y financiera que, de acuerdo con su exposición, todavía limita la participación de familias, emprendedores y pequeñas empresas en la economía digital.
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Uno de los puntos que generó mayor discusión fue la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales y electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago.
El dictamen establece que, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto, Hacienda deberá realizar esa primera determinación. Posteriormente, podrá ampliarla en ejercicio de sus atribuciones.
En la exposición del proyecto también se señaló que la implementación será gradual. Entre los ámbitos mencionados durante el debate se encuentran las casetas y gasolineras como espacios donde comenzaría la obligatoriedad de los cobros sin efectivo.
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La legislación contempla una excepción ante contingencias. Cuando problemas con internet, electricidad o los sistemas de pago imposibiliten recibir operaciones digitales, podrá utilizarse efectivo o cheque.
El dictamen señala que una contingencia no podrá emplearse de manera permanente o recurrente para justificar el incumplimiento de la ley.
Durante la discusión, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano expresaron su rechazo al dictamen y cuestionaron las condiciones existentes para una transición hacia los pagos digitales.
La oposición señaló que no todas las regiones cuentan con el mismo acceso a internet, servicios bancarios, dispositivos electrónicos o terminales de pago.
También planteó dudas sobre los costos que deberán asumir los pequeños establecimientos para adaptarse a las nuevas disposiciones.
La priista Verónica Martínez García pidió un parlamento abierto para escuchar a especialistas, sectores productivos y ciudadanía.
Argumentó que las microempresas representan 95% de las unidades económicas del país y consideró necesario precisar cuánto costará la transición y qué alternativas existirán cuando fallen los sistemas tecnológicos.
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Por Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo propuso establecer que los costos relacionados con terminales, códigos QR, conectividad y adaptación de micro y pequeños negocios sean asumidos por el Estado. También planteó que no se trasladen comisiones a los consumidores.
Desde el PAN, Homero Niño de Rivera cuestionó que Hacienda pueda determinar los sectores obligados a aceptar pagos digitales sin que, a su consideración, estén suficientemente definidos los criterios para hacerlo.
Los legisladores de Morena, PVEM y PT respaldaron la iniciativa y señalaron que el uso de herramientas digitales puede facilitar las operaciones financieras y ampliar el acceso a estos servicios.
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Carol Antonio Altamirano sostuvo que la transformación digital también representa una oportunidad para reducir desigualdades en el acceso a los medios de pago.
Añadió que una mayor utilización de estas herramientas puede disminuir costos de transacción y facilitar la participación de personas y empresas en la actividad productiva.
Otro de los elementos centrales es la CURP Digital, que podrá utilizarse de manera voluntaria como mecanismo de identificación para contratar servicios financieros.
El dictamen también contempla un Expediente Digital Ciudadano, mediante el cual las personas usuarias podrán consultar y utilizar documentos e información para determinados servicios financieros.
Los mecanismos digitales tendrían efectos jurídicos equivalentes a los documentos físicos cuando sean utilizados con autorización de los usuarios.
La aprobación en lo general no concluye el proceso dentro de la Cámara de Diputados. Después de la votación, el Pleno comenzó con la discusión en lo particular de los artículos reservados por los legisladores.
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Entre los principales temas planteados durante el debate estuvieron los costos de la digitalización, el acceso desigual a infraestructura tecnológica, las facultades de Hacienda y las condiciones para pequeños negocios.
La diputada del PVEM Cindy Winkler Trujillo rechazó que el dictamen cree nuevos impuestos o nuevas facultades de fiscalización para el SAT. También destacó que el uso de efectivo seguirá permitido cuando una contingencia impida realizar pagos digitales.
Una vez concluida la discusión y votación de las reservas, el proyecto continuará su proceso legislativo en el Senado de la República.
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