Álvaro Uribe buscará la forma de frenar los cobros indebidos en los avalúos catastrales: congresistas del Centro Democrático lo respaldan

Congresistas del Centro Democrático radicaron, en julio de 2026, un proyecto de ley para fijar topes al avalúo catastral y al impuesto predial en Colombia, con el objetivo de evitar alzas desproporcionadas en la carga tributaria de los propietarios. La iniciativa fue presentada por los congresistas Oscar Darío Pérez, Gregorio Orjuela Pérez, Rafael Nieto Loaiza y Claudia Margarita Zuleta.
La iniciativa busca regular la actualización catastral y el crecimiento del impuesto predial unificado para los inmuebles que entren en procesos de formación, actualización o conservación catastral, así como para aquellos cuyos avalúos permanezcan vigentes. Sus promotores plantean que las reglas respondan a criterios de equidad, progresividad y capacidad contributiva.
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La propuesta busca unificar y aclarar disposiciones hoy dispersas entre la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019. También exige que las metodologías reflejen las condiciones físicas, jurídicas y económicas reales de cada predio, con criterios técnicos verificables y mayor acceso ciudadano a la ficha catastral.

Dentro de la medida se propone que el avalúo catastral no supere el 50% del valor comercial del inmueble y se fijen límites anuales al impuesto predial:
- Para predios sin actualización, el aumento máximo sería de 30%.
- Para los ya actualizados sin un nuevo proceso, el alza quedaría limitada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, con excepciones definidas en la iniciativa.
- En los inmuebles sin actualización catastral, los municipios podrán definir el porcentaje de ajuste, pero no podrán elevar el impuesto predial más de 30% frente a lo pagado el año anterior.
- Para los predios actualizados que no tengan una nueva actualización, el incremento solo podrá llegar al IPC del periodo previo.
Dicha regla no se aplicaría a lotes urbanizables no urbanizados, lotes urbanizados no construidos ni a inmuebles que ingresen por primera vez al catastro. El texto también limita el efecto de los cambios de tarifa: la nueva liquidación no podría superar en más de 30% el cobro del año anterior, excepto cuando una actualización o el rezago catastral detecten modificaciones físicas o económicas.
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- 1 y 12 por 1.000 del avalúo.
- Para los demás usos, el rango sería de 5 a 16 por 1.000.
- Los terrenos urbanizables no urbanizados y los lotes urbanizados no edificados podrían tener una tarifa de hasta 25 por 1.000.
La iniciativa extiende las restricciones a la sobretasa ambiental destinada a las corporaciones autónomas regionales y las áreas metropolitanas. El recaudo no aumentaría directamente por un nuevo avalúo, sino conforme a la variación anual que tenga el impuesto predial. La norma entraría en vigor tras su sanción y publicación, y dejaría sin efecto las disposiciones contrarias.

Ahora, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el 16 de noviembre, respaldó la iniciativa con un mensaje en X: “Congresistas del Centro Democrático insistirán con el Gobierno y los otros partidos en la aprobación del proyecto para aliviar la pesada carga de los avalúos catastrales que en muchas partes del país son confiscatorios”.
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Ante lo dicho por el exmandatario y líder natural del colectivo político, el representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, pidió al Ejecutivo dejar sin efecto los actos administrativos que sustentan los reajustes.
“Le seguimos pidiendo al gobierno de De la Espriella que derogue los actos administrativos que le dieron vida a los injustos avalúos catastrales antes del 31 de diciembre. No podemos permitir que los alcaldes vuelvan a facturar el predial bajo estas reglas”, afirmó por medio de un video.
Cuestionó la situación de los contribuyentes y atribuyó los cobros a una actualización que, a su juicio, carece de legitimidad: “Yo creo que los ciudadanos en todo el país no aguantan más un año pagando el injusto impuesto predial que se les ha sido impuesto a través de una actualización catastral absolutamente ilegítima, mal calculada, confiscatoria y expropiatoria”.
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Señaló que durante la campaña escuchó al presidente Abelardo de la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo referirse a la actualización acelerada que ordenó el Plan Nacional de Desarrollo anterior.
“Y hoy ni campesinos, ni propietarios, ni ciudadanos tienen plata para pagar un mes más con impuestos prediales, productos de avalúos catastrales mal hechos, que inclusive se han encontrado casos que superan hasta el mil por ciento de aumento”, agregó Briceño a su declaración.
Daniel Briceño, representante a la Cámara, anotó que es necesario que el Gobierno de Abelardo de la Espriella derogue los actos administrativos que le dieron vida a los injustos avalúos catastrales antes del 31 de diciembre - @DanielBricen
Briceño solicitó derogar las resoluciones 1912 y 2144 de 2024, además de la Resolución 2057 de 2025, relacionada con reajustes para 527 municipios: “Estamos en una discusión de una reforma tributaria, pero nosotros no podemos seguir permitiendo en Colombia que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y todos los operadores catastrales que hoy están en los municipios sigan haciendo lo que quieren con la propiedad privada de los ciudadanos”.
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Advirtió que ya habían transcurrido tres meses desde el inicio de sus gestiones y que quedaban pocas semanas antes de una nueva facturación. “Si esto antes del 31 de diciembre no se suspende o no se deroga estas resoluciones del Igac, lastimosamente los ciudadanos no van a tener con qué pagar el predial el próximo año”, señaló, antes de invitar a otros congresistas a suscribir la comunicación dirigida al Gobierno.
De igual forma, el general (r) Juvenal Díaz, gobernador de Santander, criticó los efectos de los avalúos y contrastó la situación nacional con las acciones desarrolladas en su departamento: “Petro golpeó el bolsillo de los colombianos con los avalúos catastrales, pero en Santander dimos ejemplo en el manejo del impuesto predial”.
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Díaz atribuyó a la coordinación entre la Gobernación y el Igac la adopción de medidas para reducir el impacto financiero en varios municipios.
“La acción unificada entre la Gobernación de Santander y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) ha permitido expedir resoluciones con nuevos valores de avalúos catastrales para 34 municipios del departamento, beneficiando a más de 97.000 familias santandereanas que enfrentaban fuertes impactos en sus finanzas. Fuimos pioneros en trabajar este tema a nivel nacional. Algunos descuentos han sido hasta del 90%”, indicó.

Con exactitud, las resoluciones del Igac en cuestión son:
- Resolución 1912 de 2024: estableció la metodología para aplicar el ajuste automático de los avalúos catastrales, con el fin de reducir el rezago de esos valores en el país, en desarrollo del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo anterior.
- Resolución 2144 de 2024: definió los porcentajes de incremento y ajuste que comenzaron a regir para la vigencia 2025. Briceño incluyó ese acto dentro de su solicitud de derogatoria al Gobierno de Abelardo de la Espriella.
- Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025: estableció un reajuste automático, por única vez, para los avalúos rurales de 527 municipios durante la vigencia 2026. Esa norma concentra los reclamos de congresistas y gremios por los efectos de los aumentos.
Ante la situación, la Fundación para el Estado de Derecho (Fedecolombia) interpuso una acción de nulidad contra la Resolución 2057. Según las denuncias de los congresistas y de ese gremio, los ajustes automáticos produjeron incrementos superiores al 1.000% en algunos predios y, en determinados casos, avalúos por encima de su valor comercial.
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Los avalúos vigentes al cierre de 2026 serán la base para liquidar el impuesto predial de 2027. Si las resoluciones no son suspendidas o derogadas antes de que termine diciembre, los municipios utilizarán esos valores en la próxima facturación.
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