Tres meses después del terremoto, Pereira sigue clamando por las ayudas para la reconstrucción: así va el proceso

Decenas de afectados aún no reciben subsidios pese a que aparecen en el Registro Único de Damnificados (RUD).  

A tres meses del terremoto más fuerte en la historia reciente del país, las calles de Pereira reflejan las heridas que dejó el movimiento sísmico del pasado 10 de agosto. Sus habitantes intentan levantarse de la tragedia.

En el centro de la ciudad, ya se cuentan por decenas las edificaciones demolidas y las que están en lista de espera. 

En medio de ese panorama, los pereiranos recorren este sector con el temor a la caída constante de escombros o al colapso de las estructuras que quedaron debilitadas. 

En estos tres meses, se ha registrado el desplome de dos viviendas y un establecimiento comercial.

En medio de este panorama, los comerciantes comenzaron a arreglar sus locales con sus propios recursos para tratar de salvar sus negocios y los miles de empleos que están en riesgo.  

Pese a que el mes pasado el Gobierno Nacional desembolsó recursos para entregar unos 13.000 subsidios de arrendamiento, muchas personas que quedaron damnificadas en Pereira y Dosquebradas se quejan porque los subsidios aún no les llegan.

Pilar Salcedo lleva casi tres meses pagando el alquiler de otra vivienda en Dosquebradas y la cuota de administración del condominio donde residía.

“Estuvimos unos días donde una vecina y luego conseguí otra vivienda, pero pasé de no pagar arriendo en mi apartamento propio a pagar 1.500.000 pesos de alquiler y sigo pagando la administración del edificio que está inhabitable. Estábamos esperanzados con los recursos anunciados por el Presidente, pero llegó el primer giro de recursos y no estábamos ahí; envié un derecho de petición para que me explicaran los criterios de selección, pero me dicen que el Registro Único de Damnificados no es el único criterio para acceder al subsidio; no entendemos qué pasó”.  

Su situación es igual a la de Osvaldo Parra, quien tampoco ha recibido subsidio de arrendamiento, pese a que su condominio, ubicado en el barrio El Jardín de Pereira, tampoco se puede habitar.

“Nos ha tocado pagar arriendo en otro lado y pagar la cuota de administración porque la vigilancia no se puede retirar; tenemos que tener a los vigilantes cuidando nuestras pertenencias de los saqueadores”, dijo Parra.

El drama de Gabriel Ángel Ardila es otro. Ya recibió un subsidio de arrendamiento en octubre pasado, pero su vivienda, que quedó destruida, está en el limbo. Aunque inicialmente le habían dicho que tenía que ser demolida, finalmente le dijeron que los muros tienen riesgo de colapso, pero que la casa no tendrá que ser demolida en su totalidad y él no cuenta con recursos para reparar su vivienda.

“Estamos a la deriva; la casa del lado colapsó sobre la mía, yo no pude sacar nada, todo lo perdí, y he recibido comentarios de personas que me insisten casi a la fuerza en que van a entrarse a sacar las cosas que quedaron atrapadas entre los escombros. Los arriendos se han incrementado al doble y al triple y no se consiguen viviendas por los valores que están dando los subsidios”.  

El Gobierno Nacional anunció que ya se surtió la primera etapa.

El balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y del operador SuperGIROS indica que en Risaralda se hicieron efectivos 9.975 pagos, por un valor aproximado de $10.120 millones; para esta fase habrían quedado pendientes unos 3.400.

La gobernadora encargada de Risaralda, Sandra Milena Henao, informó que la Nación asignó otros 95.000 millones de pesos para continuar la entrega de ayudas económicas a las familias damnificadas.

De acuerdo con la distribución presentada, casi 72.000 millones de pesos se destinarán a financiar el segundo y tercer mes de las ayudas económicas, mientras que cerca de 22.000 millones de pesos serán para las familias que no pudieron acceder al primer desembolso debido a los ajustes en los registros de los daños.

La cobertura y los tiempos de entrega de las ayudas tienen a decenas de pereiranos inconformes con las gestiones de las autoridades locales y nacionales.  

Incluso, en redes sociales circulan propuestas para realizar una protesta el 15 de noviembre, fecha en la que se tiene programada la implosión del edificio Invico, en la avenida Circunvalar, y en la cual participará el presidente Abelardo de la Espriella.

“¿Por qué los pereiranos no aprovechamos el próximo show del presidente en la ciudad en la implosión de Invico y lo recibimos con una protesta bien contundente para que nos respete?”, es uno de los comentarios que aparece en plataformas como Facebook e Instagram.

Además de Invico, la Alcaldía de Pereira informó que 480 estructuras deben derribarse por completo; al momento, 90 están en proceso, la mayoría ya demolidas. 

La Administración informó que siguen las gestiones con el Fondo Milagro para lograr los recursos que requiere la demolición de edificaciones de mayor envergadura, como el edificio Colombia.

Entre tanto, Caldas y Quindío también siguen luchando por sobreponerse al terremoto. Los transeúntes caminan entre montones de escombros que siguen apareciendo día a día en las esquinas como resultado de las demoliciones y reparaciones de miles de viviendas que resultaron afectadas.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Caldas destinó 3.647 millones de pesos para los damnificados del departamento.  

Con corte al 28 de octubre, 2.910 de los 3.827 giros programados ya habían sido cobrados por los beneficiarios, lo que representa un avance del 76 %.  La entidad se encuentra determinando cuántos de los 917 giros faltantes por retiro fueron cobrados finalmente.

En cuanto a procesos de reconstrucción, la Secretaría de Vivienda de Caldas informó que ya se cumplió la primera fase de entregas del banco de materiales. Para esta fase se invirtieron 3.500 millones de pesos. Con estos recursos fueron atendidos los primeros 20 municipios y alrededor de 800 familias.

En Manizales, entre tanto, se avanza en la demolición de 15 estructuras en riesgo; la mayoría son edificaciones del barrio Milán, uno de los sectores más afectados por el terremoto. 

En cuanto a la Catedral Basílica, uno de los íconos de la ciudad, la Arquidiócesis de Manizales lanzó la campaña «Todos somos Catedral» para reunir donaciones que permitan restaurar su templo principal. Según lo informado, solo los estudios costarían 1.700 millones de pesos.

En Quindío, solo se han recibido subsidios para damnificados de Quimbaya, mientras que otros municipios afectados, como Armenia, no han recibido giros de recursos pese a que se requiere más de 1 billón de pesos para reconstruir los daños que provocó el sismo en la capital del departamento.

El representante a la Cámara por el Quindío, Miguel Grisales, cuestionó al Gobierno Nacional por “la falta de claridad y garantías de transparencia en el traslado presupuestal de 2,7 billones de pesos que solicita el Gobierno para el Fondo Milagro”.

“Estos recursos no cuentan con certificación de ingresos ni con trazadores presupuestales que permitan hacer seguimiento, vigilancia y control a la planeación y ejecución del presupuesto”.

Laura Sepúlveda y Laura Usma

Para EL TIEMPO Eje Cafetero

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