Ordena juez desalojar a garífunas en Honduras para filmar reality

Pobladores ancestrales y hasta las tortugas carey están varados por cerco policiaco // Fraguan represión terrible, alertan

▲ Pobladores ancestrales defienden su territorio, en un conflicto que se ha agudizado con los nuevos lineamientos del derechista Nasry Asfura, quien privilegia los megaproyectos.Foto Blanche Petrich

▲ Campamento instalado hace seis semanas en Tegucigalpa. Garífunas exigen acatar fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena respetar sus territorios.Foto Blanche Petrich

Blanche Petrich

Enviada

Periódico La Jornada
Viernes 18 de septiembre de 2026, p. 7

Tegucigalpa. Está por empezar el rodaje de una nueva temporada del reality show Survivor, de la empresa de espectáculos española Cuarzo Producciones en playa Uva de Cayos Cochinos, en la costa atlántica hondureña.

Lo que las audiencias verán son las “aventuras” de unos participantes intentando sobrevivir en condiciones extremas en un territorio paradisiaco y “peligroso”, pero despoblado. Detrás de las cámaras y los sets, hay un cerco formado por un centenar de policías enviados hace cuatro días para contener el plantón de protesta de los pobladores que no pueden hacer vida normal.

Los pescadores no pueden salir a faenar, las mujeres no consiguen agua y las tortugas carey, en plena temporada de desove, no pueden cumplir esta fase de su ciclo vital.

Ayer antes del mediodía, el juzgado de letras de lo penal de San Pedro Sula ordenó a la policía ejecutar el desalojo de “los ocupantes no autorizados”; esto es, los garífunas, pobladores ancestrales. No pasaron muchos minutos antes de que en el campamento Por la Vida, instalado en esta capital hace seis semanas por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), llegaran mensajes con imágenes del desembarco de la policía naval.

El sitio es propiedad del consorcio Sociedad de Inversiones Ecológicas, cuyo accionista mayoritario es Fundación Azteca Honduras, del mexicano Ricardo Salinas Pliego.

Míriam Miranda, dirigente histórica de las comunidades garífunas y coordinadora de Ofraneh, declaró en estado de alerta el campamento Por la Vida después de leer la orden judicial emitida en San Pedro Sula y anunciada hoy. “Se está fraguando una represión terrible. Una vez más nos violentan”, advirtió. Luego de una reunión de urgencia con varios de los líderes comunitarios presentes, anunció: “ante esta orden de desalojo, vamos a los Cayos a instalarnos en plantón por tiempo indefinido”.

También señaló de manera directa a Salinas Pliego como responsable de esta escalada y la potencial “terrible crisis” que pueda desencadenar el desalojo. Según la información obtenida por la organización, Grupo Salinas y otros consorcios hondureños, donde se repiten los mismos nombres que en casi todos los corporativos que controla la cerrada oligarquía de este país, son los responsables.

El acoso a los pobladores de los Cayos es apenas el capítulo más reciente de un conflicto que siempre existió bajo los gobiernos conservadores y militares del país, que se ha agudizado con los nuevos lineamientos de la extrema derecha de Nasry Asfura.

En mayo, el Poder Legislativo aprobó la llamada “Ley Agropecuaria”, que explícitamente protege los intereses privados en los megaproyectos agroindustriales –principalmente de palma africana–, turísticos, inmobiliarios de alta gama, ganaderos y energéticos.

Este cuerpo de nuevas legislaciones considera estos proyectos “prioridad de interés nacional” y determina que cualquier movimiento que pretenda oponerse sea penalizado como “amenaza contra el interés nacional”.

Choques con nueva ley

La lista de choques y conflictos en meses recientes es larga. Incluye una masacre durante un desalojo en el Bajo Aguán, con el asesinato de 19 campesinos. También fue atacada otra organización en la región de Bendición de Dios. En julio, otro intento de desalojo en San Juan Tela se saldó con el encarcelamiento de cinco jóvenes defensores. Fueron liberados, pero siguen procesados. Su caso fue trasladado a un juzgado en materia de criminalidad.

Fue la gota que derramó el vaso. Míriam Miranda explica que al día siguiente se decidió instalar el campamento que lleva el nombre de su compañera de lucha Berta Cáceres, indígena lenca y defensora de los ríos, quien fue asesinada en 2016.

Son cerca de 300 activistas los que se turnan para mantener el campamento en pie, vivo, organizado y combativo. Sus carpas y tiendas de campaña se levantan bajo los árboles de un predio desocupado frente a la Suprema Corte de Justicia. Su reivindicación principal es el respeto a las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), que tras décadas de litigio en las instancias internacionales, finalmente dio la razón a los pueblos garífunas, que se asentaron en estos territorios hace más de 200 años, antes de que Honduras fuera Honduras.

El derecho de estas poblaciones, que son un mestizaje de raíces africanas, caribeñas y arawak, está en el papel de una resolución interamericana. Falta que el gobierno en Tegucigalpa la respete.

Para exigir el cese de estas políticas de despojo que afectan a decenas de comunidades garífunas asentadas a lo largo de la costa Caribe, la Ofraneh mantiene desde hace siete semanas un campamento para exigir el cumplimiento de cuatro resoluciones de la Coridh, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

Ayer por la mañana, el tradicional toque de los gayuzares (tambores) y las cantoras, que son las guías espirituales, se interrumpió en el momento en que se saludaba a una delegación internacional que viajó a Honduras para acompañar al movimiento en los últimos días de su movilización.

Míriam Morales tomó la palabra y denunció que en ese momento se había recibido el aviso de una orden judicial de desalojo contra los pescadores de Cayos Cochinos, la cual sería ejecutada este mismo jueves. Denunció que en este momento se está fraguando una represión terrible contra el pueblo en Cayos Cochinos, por lo que en acto de rebeldía y denuncia instalaron un campamento de protesta.

El gobierno del derechista Nasry Asfura, que tomó posesión en enero de este año y controla los poderes Judicial y Legislativo, promulgó la llamada Ley Agroindustrial para la “protección” de emprendimientos agrícolas, mineros y turísticos, dar seguridad jurídica a la propiedad privada y “combatir la usurpación”, nada menos que de los pueblos originarios.

Las organizaciones sociales–Ofraneh, entre otras– documentaron cerca de mil conflictos agrarios o territoriales que al amparo de esta ley podrían prestarse a operativos policiales de desalojos y criminalización de sus dirigentes.