Corte Suprema ordenó investigar si Aida Merlano recibió beneficios judiciales que podrían incidir en juicio contra Arturo Char por la presunta compra de votos

La situación judicial del exsenador Arturo Char Chaljub tendrá un nuevo elemento de revisión luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara verificar si la excongresista Aida Merlano Rebolledo recibió algún beneficio de la Fiscalía General de la Nación por su participación en los hechos relacionados con la denominada “Casa Blanca”.

La decisión, adoptada por la magistrada Socorro Mora, responde a una solicitud de la defensa de Char, que pidió incorporar al expediente información sobre los eventuales acuerdos judiciales de Merlano. Para los abogados del exsenador, conocer las condiciones en las que la excongresista ha declarado resulta necesario para examinar sus señalamientos sobre la presunta financiación de una estructura dedicada a conseguir votos durante las elecciones legislativas de 2018.

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El proceso tiene como uno de sus principales escenarios la sede política conocida como “Casa Blanca”, ubicada en Barranquilla. De acuerdo con la acusación, desde ese lugar se habría coordinado un esquema de compra de votos destinado a favorecer las aspiraciones de Merlano al Senado y de Lilibeth Llinás a la Cámara de Representantes.

Arturo Char fue acusado en diciembre de 2025 como probable responsable de concierto para delinquir agravado y corrupción de sufragante agravada. Al referirse a la naturaleza de los hechos investigados, la Corte explicó que la estructura atribuida a “Casa Blanca” debe analizarse desde la posible existencia de una organización criminal.

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En ese contexto, la corporación sostuvo: “La Sala calificó la organización de ‘Casa Blanca’ como una empresa criminal compleja y sofisticada, de la magnitud de la denominada macro criminalidad, y recordó que la doctrina especializada en el tema describe el concierto para delinquir como un delito de organización o de estatus, cuyo aspecto objetivo central es la generación y consolidación de una estructura criminal, y no la prueba de actos de ejecución material individualmente considerados”.

Además de establecer si Merlano recibió beneficios de la Fiscalía, los magistrados ordenaron reunir las declaraciones que haya entregado sobre los acontecimientos de “Casa Blanca”. La intención es disponer de los diferentes testimonios para comparar su contenido y establecer qué versiones presentó en las distintas actuaciones judiciales.

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Entre los documentos solicitados se encuentra la declaración que rindió en el proceso contra Julio Gerlein Echeverría, quien fue absuelto en septiembre de 2024 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla. La defensa de Char considera que ese testimonio debe ser examinado junto con las demás versiones de la excongresista.

La Corte también dispuso que la Fiscalía entregue las declaraciones relacionadas específicamente con este caso, independientemente de que hayan sido rendidas en investigaciones que continúen abiertas o en procesos que ya hayan tenido actuaciones judiciales. “Está encaminada a confrontar las diferentes declaraciones que Merlano Rebolledo haya expuesto en las actuaciones procesales que se encuentren en curso o se hayan adelantado en la Fiscalía General de la Nación, relativas específicamente al caso conocido como ‘Casa Blanca’”, señaló el alto tribunal.

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Otro frente de verificación estará relacionado con el periodo en que Merlano permaneció detenida en Venezuela. La Sala solicitó gestionar ante las autoridades de ese país los registros de ciudadanos colombianos que la visitaron durante su reclusión. La petición incluye establecer cuál fue el proceso penal por el que resultó capturada en territorio venezolano, verificar si el 6 de febrero de 2020 entregó una declaración dentro de esa actuación y conocer qué determinación adoptaron las autoridades correspondientes.

La defensa planteó que esa información permitiría identificar posibles personas que, desde Colombia, habrían intervenido en actuaciones relacionadas con los señalamientos contra Char. Por esa razón, la Corte delimitó la búsqueda a los visitantes colombianos.

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Sobre este punto, la providencia indicó: “Teniendo en cuenta la precisión que hace la defensa, respecto de la identificación de posibles actores que desde Colombia hayan pretendido inculpar al señor Char Chaljub; con criterios de eficiencia, se limitará entonces la verificación a visitantes colombianos”.

El material probatorio también incluirá información sobre dos encuentros que Aida Merlano sostuvo en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, durante 2019. La Corte ordenó ampliar el testimonio de Bladimir Cuadro Crespo, abogado que acompañó a Diego Luis Muñetón Restrepo en las visitas realizadas el 9 de agosto y el 3 de septiembre de ese año.

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La defensa pretende esclarecer si durante esos encuentros se transmitieron mensajes provenientes de integrantes de la familia Char y cuáles fueron los temas abordados con la excongresista. El alto tribunal autorizó escuchar al abogado, pero estableció que deberán respetarse las restricciones derivadas del secreto profesional.

También se incorporará un informe de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa sobre los registros de esas visitas, con el propósito de complementar la información relacionada con los encuentros en el centro penitenciario.

A estas diligencias se suma una solicitud dirigida a la Registraduría Nacional del Estado Civil para obtener los resultados electorales de Arturo Char en 2006, 2014, 2018 y 2022, con los datos desagregados por municipio. Con esa documentación, los abogados buscan comparar el comportamiento de la votación del exsenador en diferentes jornadas electorales y determinar si los resultados de 2018 guardan relación con los obtenidos en años anteriores.

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La Corte estableció que las pruebas autorizadas deberán practicarse durante la etapa de juzgamiento. Asimismo, señaló que la fecha de la audiencia pública será comunicada posteriormente, mediante una nueva decisión.

Char permanece en libertad mientras avanza el proceso. Su captura se produjo el 7 de septiembre de 2023 y recuperó la libertad el 8 de enero de 2024, luego de que se configurara el vencimiento de términos.