La trastienda de la mayor crisis política del gobierno de Kast

Fueron un par de minutos de tensión. Desde que estalló la crisis por las 56 rebajas de penas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores, pocas veces el ministro de Justicia, Fernando Rabat (Indep.), había dejado entrever tanta incomodidad.

Tras una breves declaraciones en el salón El Pensador de la Cámara de Diputados, a las cinco de la tarde del miércoles, la prensa se abalanzó sobre él, por lo que sus dos escoltas debieron abrirse paso con dificultad para conducirlo hasta el ascensor que lo llevaría a los estacionamientos, donde lo esperaba su chofer. Ya en el interior del elevador, las cámaras que lo apuntaban y la insistencia de algunos reporteros por obtener respuestas activaron los sensores de seguridad, impidiendo que las puertas de cristal se cerraran.

El ministro, de 53 años, sin experiencia política anterior, partió raudamente a Santiago, tras una agitada jornada en la Cámara Baja, que incluyó carteles y epítetos en su contra, donde volvió a justificar su acción, reiterando que no se le había reprochado “ni una sola infracción de la Constitución”.

En el trayecto, según fuentes de La Moneda, habría recibido el llamado del Presidente José Antonio Kast para arengarlo a seguir dando la pelea. Luego, llamó para agradecer a los diputados que habían defendido con mayor vehemencia la posición de Rabat.

Coacheado horas antes por el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, y su subsecretario, Gonzalo Arenas, el abogado civilista de la Universidad de los Andes, acostumbrado a los arbitrajes de alta complejidad, se plantó ante un hemiciclo con un clima muy adverso y no cayó en las provocaciones.

La noche anterior y parte de esa mañana, Alvarado había logrado contener a un puñado no menor de diputados del sector, que se había desmarcado públicamente del apoyo de La Moneda a Rabat.

Esa tarde, ninguno de ellos habló en la sesión. A nombre de la UDI, el diputado Mario Olavarría subrayó que en estos siete meses Rabat había hecho un muy buen trabajo legislativo y estaba haciendo todo lo posible para revertir el error político cometido. Su par de RN, Diego Schalper, dijo que cuando en años anteriores la Corte Suprema cursó rebajas de penas a pedófilos -tras el rechazo del Ejecutivo- la izquierda no hizo ningún reproche. “Eso es una hipocresía”, agregó.

Cuando el reloj del hemiciclo marcaba las 16.47 horas se votó el proyecto de resolución -presentado por la oposición- en que se pedía a Kast la salida de Rabat y de los subsecretarios Luis Silva (Justicia) y Pablo Mira (Derechos Humanos).

Sin la presencia de 38 diputados de la UDI, RN, Evópoli y otros partidos que se habían manifestado a favor de la acusación -varios de ellos estaban en la mañana y partieron antes de almuerzo a sus respectivas zonas-, el resultado no fue categórico a favor de la oposición (68 de respaldo a favor, 42 en contra y siete abstenciones).

Entre los que optaron por no pronunciarse aparecieron sorpresivamente el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien tras la presión interna de su partido había decidido “bajar un par de cambios” en la defensa a Kast, y la jefa de bancada, Flor Weisse, que tampoco comparte la estrategia de La Moneda de mantener al secretario de Estado a toda costa.

Como estaba escrito desde antes de la jornada, tras la sesión, el bloque opositor anunció la presentación de una acusación constitucional -la primera a un ministro de Estado en estos casi ocho meses del gobierno de Kast- por considerar que los fundamentos entregados por el titular de Justicia y Derechos Humanos no fueron satisfactorios.

Sin prensa, a esa hora apostada en la Cámara, los presidentes de Renovación Nacional, Andrea Balladares; de republicanos, Arturo Squella, y de la UDI, Guillermo Ramírez, se reunieron en el Salón de Honor del Congreso a las 17.30 horas, para analizar el complejo escenario post sesión. Minutos antes los tres habían recibido el llamado de Arenas, quien les informó que la decisión del presidente era mantener a Rabat en su cargo y les volvió a pedir comprensión. Les dijo, además, que estaban en medio de una crisis política y había que reconocerlo sin tapujos.

Sentados en la primera hilera de butacas de cuero burdeo del salón, los tres timoneles coincidieron en que, a pesar de que Rabat había sorteado con firmeza la sesión, la crisis se mantenía intacta. Que en los partidos seguiría cundiendo el pesimismo y que el desangre del ministro -y con ello del gobierno- continuaría.

Coincidieron en que la opinión pública, como era lógico, estaba del lado de las víctimas y así lo mostraban todas las encuestas y lo seguirían haciendo. El Termómetro Político de Descifra arrojó el viernes que el respaldo ciudadano a una acusación constitucional en contra de Rabat alcanza los 2/3, y que la mayoría considera que su error es más grave que los que les costaron el cargo a las ministras Trinidad Steinert, Mara Sedini y Natalia Duco.

“Estamos en una situación muy compleja, por el impacto emocional que tienen los casos”, afirma una alta fuente de La Moneda. “Nuestra posición tiene fundamento administrativo, legal y constitucional, pero todos ellos son racionales, y de explicar por qué se hacen las cosas. Pero si tú estás en la cancha racional versus la cancha emocional, no tienes cómo ganar”, agrega.

La peor crisis

Kast ha sabido de crisis desde que llegó a La Moneda. Pero para el oficialismo esta es -a todas luces- la peor, con costos mucho más graves que el llamado bencinazo y el fracaso de la reforma constitucional inicial que presentó el gobierno, firmada el 10 de agosto, en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.

Esta última ya había generado duros roces entre las fuerzas oficialistas, pero su impacto fue más político que social, y se enmendó reconociendo la falta de apoyo.

Este episodio, en cambio, golpea el corazón de una de las promesas de campaña del líder republicano, que era “poner a las víctimas en primer lugar, y a los delincuentes en su lugar”, tal como señaló el propio jefe de Estado. Muchos recordaron, además, la promesa que hizo el 9 de diciembre de 2025, en plena campaña, cuando aseguró que “¡jamás indultaría!” a pedófilos.

Ya desatado el conflicto a mediados de la semana pasada, cuando se conocieron las rebajas, en el entorno de Kast hubo voces que prontamente le plantearon que lo mejor era que Rabat saliera. Pero el presidente se resistió desde el primer momento.

Desde Palacio señalan que durante el fin de semana el mandatario no compartió con nadie más el proceso de su decisión. No hubo reuniones con sus partidos ni con sus colaboradores. Solo respondió cariñosamente mensajes a quienes lo apoyaban.

Pero a las 8.30 del lunes, cuando junto con Rabat y parte de su equipo político se reunieron con la presidenta del Senado, Paulina Núñez; la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón, y los presidentes del Partido Republicano, UDI, RN, Evópoli, Libertario y PDG, ya dio luces de su decisión. Tras el encuentro, Kast, junto a Rabat, informó a su comité político Kast aseveró que había tomado la decisión de respaldar al ministro y que sería él mismo quien haría una vocería para reconocer el error cometido por el titular de Justicia. La tensión, seguida de un silencio cerrado, se sintió en el salón, señala uno de los presentes.

“No se va”, dijo tajante ante sus ministros, muchos de los cuales eran partidarios de que el abogado saliera del gabinete para aplacar la crisis. Entre ellos se contó a Alvarado, Arenas, María Jesús Wulf (Mideso) y José García (Segpres), además del director de Contenidos, Cristián Valenzuela, quien tempranamente había manifestado su postura. En Palacio afirman que la definición presidencial contó con el respaldo, como ha sido la tónica de su administración, del jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval.

“Prometimos ser un gobierno que ponía a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes en su lugar. Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba y vamos a estar a la altura para que nunca más en Chile un niño tenga que sufrir un abuso, una violación”, dijo ese día.

Lejos de contener la crisis, el paso de los días fue acrecentando su espesor. La decisión de Kast -y el prolongado trance político que deriva de la decisión de Rabat- provocó un intenso cruce de llamados entre dirigentes oficialistas y La Moneda. Durante la última semana, los jefes de los partidos que sustentan al gobierno llamaron una y otra vez al presidente para que reconsidere su decisión, pero este no da su brazo a torcer. Incluso, no atendió algunos llamados. Esta incertidumbre ha tensionado al máximo al gabinete, con ministros evitando referirse al tema y sin manejar información en detalle sobre el punto.

La gran duda que ronda en el oficialismo son las razones por las cuales Kast no deja caer a Rabat, pese a reconocer el error y los costos que se suman, con una opinión pública mayoritaria en contra ante un tema sensible, como es el abuso de niños, a lo que se suma gran parte de su comité político.

En La Moneda plantean varias respuestas que se podrían resumir en una mezcla de factores humanos -incluso religiosos- y políticos. Para una mayoría de dirigentes, ministros y cercanos al presidente, la decisión revela un sello personalista y obstinación en sus decisiones. Algo así como el revés de la persistencia y perseverancia que él mismo ha reconocido como rasgo de su carácter.

En el oficialismo aseguran que ha mantenido su decisión encapsulada, sin dar mayores antecedentes, y su propio gabinete se ha ido enterando de su postura a través de la prensa, cuando se ha referido al tema.

“En un régimen presidencialista, como el nuestro, si el presidente respalda a un ministro, no hay nada que se pueda hacer”, afirma un miembro del comité político, con resignación.

Así lo hizo Alvarado, quien desde que el mandatario lo respaldó el lunes en la mañana, se plegó inmediatamente a su defensa, convirtiéndose en uno de sus principales apoyos políticos.

Hasta ahora la explicación en la derecha es que Kast no quiere dejar caer a un leal colaborador que fue ganando su confianza en estos meses. Un diputado republicano, cercano al presidente, agrega que hacerlo sería darle la razón a la izquierda.

Una voz influyente en el oficialismo agrega que, como lo ha hecho en varios momentos en lo que va de su gobierno, Kast no está actuando conforme a lo que la lógica política sugiere, sino que de acuerdo a lo que considera correcto, lo que es una demostración de su carácter. Y que tampoco “quiere darle la razón a la izquierda”, dice otra voz oficialista.

Otra tesis que comenzó a circular con fuerza en las últimas horas -y que inquieta a sectores de la centroderecha- es que Kast busca poner a prueba la lealtad hacia él. Es decir, comentan, ver a los que realmente están con su proyecto y los que no, lo que muchos consideran otro error.

El factor humano también estaría presente. Pese a que él y Rabat se conocieron en enero, cuando el entonces presidente electo lo invitó a almorzar a su casa en Paine para ofrecerle la cartera de Justicia, valoró la inmediata disposición del entonces abogado del prestigioso estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Cía.

Como ocurre desde hace años, en que la política está muy cruzada por los temas judiciales, Rabat, al poco andar, se convirtió en un interlocutor habitual del mandatario. Un asesor de peso. Era habitual verlo cruzar apresuradamente desde Justicia hasta el despacho de Kast.

El acervo judicial del también académico de la UDD hizo que en estos meses ampliara su influencia a otras carteras, viajando al Congreso a asesorar a otros ministros sin experiencia en esta materia.

Rabat en su laberinto

Quienes conocen a Rabat coinciden en que es un tipo duro, acostumbrado a enfrentar disputas judiciales difíciles. En público, ha señalado el respaldo de Kast como motivo para continuar en su cargo. Pero en la interna ha planteado que él no será un obstáculo para el presidente si es que este define otro camino.

Tanto en La Moneda como en la oposición sostienen que él estaba haciendo un buen trabajo, logrando aprobar por unanimidad en la Cámara de Diputados la ley que amplía la flagrancia de 12 a 24 horas y otorga nuevas facultades investigativas a las policías (9 de septiembre).

También mostrando capacidad de diálogo y negociación, avanzando en el proyecto del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas y la responsabilidad parental (20 de octubre), que había dejado encaminado el gobierno anterior.

Por ello, ha reconocido en privado que este tema que lo ha tenido en el ojo del huracán ha sido muy ingrato e inesperado. “Está muy choreado... Ha sido duro para él ver manchado su nombre, su prestigio laboral y académico”, señala un abogado que lo conoce bien.

Cercanos a Rabat afirman que ha recibido apoyos políticos, entre ellos, los de los 19 diputados que llegaron el lunes al ministerio. También a su actuar jurídico, donde mencionan varias cartas y columnas de opinión, entre ellas, del rector de la UDP, Carlos Peña, y de los exministros de la Suprema Carlos Künsemüller y Patricio Valdés.

También pesó en su continuidad, estima una voz influyente del sector, el desempeño y decisión con que ha explicado su error y los fundamentos jurídicos de su decisión. Ello, agrega, contrasta con la forma en que las ministras Steinert, Sedini y Ducó enfrentaron sus respectivas crisis en mayo pasado, que terminaron con la brusca salida de ambas.

“¿Y por qué aparece mi firma? A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia, y cuando él no está, le toca al subsecretario”.

No obstante, desde la oposición le reprochan haberse atrincherado en la defensa jurídica de las rebajas cuando el medio Interferencia publicó los primeros antecedentes el 21 de octubre, sin medir los costos, para luego reconocer las falencias políticas y humanas del procedimiento, pero sin admitir que las decisiones que firmó constituyeran un error.

El miércoles, durante un almuerzo con los senadores del oficialismo en el piso 4 del Congreso, Rabat les reconoció que juega con todo en contra -opinión pública, partidos y algunos compañeros del gabinete-, pero que dará la pelea. Fue esa oportunidad, revela uno de los senadores presentes, donde el secretario de Estado reveló -por primera vez- que su apuesta está en el Senado, cuyos miembros, está convencido, rechazarían la acusación que la oposición busca presentar la próxima semana.

Sin embargo, en La Moneda afirman que -de poder contener el desorden que se ha manifestado en sus filas- la apuesta es pasar la valla de la Cámara Baja y evaluar en ese momento su permanencia.

Sale “el profe” Silva

Uno de los puntos que se le achacan a Rabat es el haber sacado a la jefa del Departamento de Reinserción Social Adultos, Marcela Corvalán, quien manejaba al revés y al derecho el tema de las solicitudes de rebajas de condenas. Su despido fue calificado como “injustificado” por los sindicatos, y la abogada fue trasladada a Gendarmería. También a otros profesionales que estuvieron en gobiernos de distintos signos políticos “solo haciendo bien su pega”.

En el ministerio, por su parte, la situación es más que tensa.

Durante la sesión especial del miércoles, el diputado Jaime Araya (Indep. pro-PPD) mostró la copia de uno de los 56 decretos con rebajas de condena, con el timbre rojo con la palabra “RESERVADO”.

“¿De dónde lo sacaste? Ese es un documento confidencial”, le gritó desde su banco el diputado republicano Fernando Ugarte, ante lo cual Araya cruzó el hemiciclo para mostrárselo, en uno de los momentos más tensos de la jornada.

Esta filtración y otras aparecidas en distintos medios produjeron una verdadera “caza de brujas” al interior del ministerio.

Los ánimos se caldearon más la noche del jueves, cuando el subsecretario Silva -sobrino de Alejandro Irarrázaval- subió a su cuenta de X y de Instagram un video en el que admitió que su firma aparece en algunos de los decretos cuestionados y explicó que ello ocurrió solo cuando subrogó a Rabat, aplicando el criterio jurídico que ya estaba definido.

“¿Y por qué aparece mi firma? A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia, y cuando el ministro de Justicia no está, le toca al subsecretario (…)”, dice.

La performance del “profesor” Silva sorprendió a todos, incluido a Rabat y a la Secom, que no estaban informados, y vuelve a estar en el ojo del huracán.

“La salida de Silva descomprime, en particular dentro del oficialismo; sus declaraciones de ese vídeo no cayeron bien, ni en el Poder Legislativo, ni en las personas que trabajaron con él”.

Durante la tarde del viernes, quien fue el constituyente más votado de la elección de 2023 -con 706.286 votos, correspondientes al 17,96% en la circunscripción 7 de la Región Metropolitana- fue removido de su cargo.

Su salida claro que “descomprime” la crisis, dijo la tarde del viernes el senador Rojo Edwards (ex Republicano) en los patios de La Moneda.

En este nuevo escenario, con un primer caído, tomó fuerza la posición de que el ministro se mantenga en el cargo. Para ello, La Moneda ya trabaja en una serie de medidas para respaldar su continuidad y contener el costo político de la controversia.

“Pase lo que pase en los próximos días, el daño a Kast y al gobierno ya está hecho”, advierte un político del sector, que compara esta crisis con el caso Caval de Michelle Bachelet.