Más armas en cárceles de Sinaloa: aseguran 16 en revisión al penal de Aguaruto, junto con una granada antidisturbios y otros ilícitos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa y con apoyo de la Guardia Nacional, aseguraron 16 armas de fuego, una granada antidisturbios y dosis de cocaína y marihuana durante una revisión al penal de Aguaruto, en Culiacán, realizada el pasado martes 20 de octubre. El operativo se produjo en medio de la crisis penitenciaria que atraviesa el estado tras los 12 homicidios registrados en el penal de Mazatlán a inicios de este mes.

Las acciones de revisión y aseguramiento fueron realizadas por elementos estatales y personal de custodia penitenciaria, con apoyo de la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional. Bases de operaciones del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional brindaron seguridad en el perímetro del centro penitenciario durante la jornada.

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Del total de armamento asegurado, las autoridades contabilizaron 8 armas largas y 8 armas cortas, además de cargadores para armas de diferentes calibres y cartuchos de distintos calibres. También se localizó una granada antidisturbios al interior de las instalaciones.

Entre los objetos prohibidos se encontraron además 19 radios transmisores, 7 cargadores para radio y 11 celulares. Las autoridades también recolectaron dosis de cocaína y marihuana, así como bebidas alcohólicas y cajetillas de cigarros. No fueron reveladas las cantidades exactas de las sustancias.

Los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. El resultado de la operación preventiva fue confirmado a través de los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, señalando que las revisiones concluyeron sin incidentes y con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Las tampoco no compartieron fotografías de los ilícitos asegurados.

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El penal de Aguaruto registró un historial de violencia previo a este operativo. De acuerdo con el diagnóstico de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el centro acumuló 111 fugas y 77 homicidios entre 1999 y 2022.

Además, la fractura del Cártel de Sinaloa, iniciada en septiembre de 2024 tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a fuerzas estadounidenses, se trasladó a los módulos de Aguaruto y otros penales del estado. En mayo de ese año, las autoridades descubrieron un túnel de 15 metros de largo y un arsenal oculto en las instalaciones, además de dosis de droga y un dispositivo Starlink.

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La violencia continuó durante 2025 y 2026, al igual que en las calles de la entidad. A finales de mayo de 2025, un tiroteo dentro del penal motivó una revisión en la que se aseguraron armas de fuego, cartuchos y equipos de comunicación. El 26 de junio de ese año, una balacera dejó un muerto y tres heridos, todos internos. El 17 de octubre, una nueva riña dejó un interno muerto y tres heridos, con un saldo de tres armas largas, dos cortas y un artefacto explosivo incautados.

Por otra parte, el penal de Mazatlán había registrado un patrón de violencia creciente antes de octubre de 2026. El 26 de agosto de este año, un interno fue hallado muerto en su módulo, caso que la Secretaría de Seguridad Pública manejó como probable suicidio. El 24 de septiembre, una riña en el área de talleres dejó 2 muertos por arma punzocortante, entre ellos Cristian Daniel “N”, de 20 años, quien llevaba tres semanas recluido.

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El 8 de octubre, una riña en los módulos 4 y 5 del Centro Penitenciario El Castillo dejó 9 internos y un niño de dos años muertos, además de 16 heridos. Un segundo enfrentamiento, registrado al día siguiente, sumó 2 víctimas más con arma punzocortante.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el enfrentamiento se derivó de una riña entre células de la facción de Los Chapitos, tras la liberación de un líder dentro del penal. “Una persona que tenía un liderazgo importante dentro del centro penitenciario, del mismo grupo criminal de la facción de Los Chapitos, fue liberado”, explicó el funcionario.

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La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, anunció la autorización para construir un nuevo centro penitenciario en la entidad, con inversión federal y respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Harfuch detalló posteriormente que el proyecto forma parte de un plan más amplio que contempla seis centros penitenciarios con espacios para 18 mil 480 personas, ubicados en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz.

El funcionario precisó que estos sitios contarán con sistemas de circuito cerrado de televisión, sistemas de inspección e inhibidores de señal para mantener la seguridad en los centros penitenciarios.

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Hasta el momento no se ha confirmado en qué municipio estará el nuevo penal de Sinaloa, aunque autoridades ya habían adelantado que la gobernadora interina había trabajado en la entrega de un predio para el proyecto.

Tras la reciente riña que cobró 12 vidas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa exigió a las autoridades penitenciarias implementar acciones urgentes para garantizar la seguridad y gobernabilidad del penal de Mazatlán. El organismo dictó medidas precautorias y cautelares tras calificar lo ocurrido como un hecho que advirtió múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

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El presidente de la Comisión, Óscar Loza Ochoa, ya había informado en octubre de 2025 que, desde diciembre de 2024, el organismo había abierto 9 expedientes de queja por riñas en los penales estatales, 7 de ellos correspondientes a Aguaruto y 2 al penal de Goros II. “Cada vez que hacen una revisión siguen encontrando y nunca termina esto”, afirmó. “Tenemos 13 meses con una guerra, y eso no sé si acá no tiene solución, allá tampoco la tiene, así de sencillo”.

Loza Ochoa atribuyó la persistencia del problema en el penal de Aguaruto a dos factores: la antigüedad del edificio, que facilita esconder objetos prohibidos, y un deficiente control administrativo.