La batalla por recuperar Santa Marta del poder criminal que se ha disputado durante 60 años

Durante tres días, ese poder ilegal y construido silenciosamente durante más de seis décadas quedó expuesto ante todo el país.

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El paro armado decretado después de la muerte de José Luis Villanueva, alias Cholo, uno de los principales hombres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), conocidas como ‘los Pachenca’, alteró la rutina de una capital de más de medio millón de habitantes. Negocios cerrados, transporte reducido, calles vacías y familias encerradas demostraron que el problema supera la existencia de hombres armados escondidos en las montañas.

Con un amplio despliegue de la Fuerza Pública, las autoridades han mantenido una ofensiva contra esta estructura criminal que combina labores de inteligencia, allanamientos, capturas y operaciones aéreas y terrestres para cercar a sus principales cabecillas: Orlando Pérez Ortega, alias Patillazo; alias Santiago, conocido también como Comando ‘77’, y el gran cabecilla, Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, y afectar sus redes de financiación.

En los operativos recientes, coordinados entre la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y otras capacidades de la Fuerza Pública, se han producido capturas e incautaciones de armas, municiones, drogas, dinero y equipos de comunicación, mientras se reforzó la presencia de uniformados en la zona.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) define lo ocurrido como “gobernanza criminal”: una estructura que obtiene recursos de economías ilegales, interviene en actividades legales, regula comportamientos y ejerce influencia sobre la vida cotidiana. Para el investigador y analista del conflicto Lerber Dimas, explicar la situación exclusivamente desde las Acsn sería desconocer la historia de violencia de la Sierra Nevada. “El conflicto en la Sierra Nevada no se puede medir desde una temporalidad reciente. Esto empezó en los 70 con la bonanza marimbera. Llevamos por lo menos tres generaciones”, dice.

Por el territorio han pasado guerrillas, estructuras de autodefensa, paramilitares y organizaciones criminales surgidas de sucesivas transformaciones. Cada etapa dejó hombres, rutas, economías clandestinas y formas de control que alimentaron la siguiente. “Desde los años 70 no hemos tenido un solo día en que no haya presencia de un actor armado en el territorio”, afirma Dimas.

Las organizaciones criminales de la Sierra no solamente aprendieron a matar; aprendieron a administrar y a utilizar las redes sociales como vitrina y medio de comunicación.

Ese modelo permite que la organización termine convertida, simultáneamente, en cobrador, vigilante, juez, autoridad y verdugo. Y detrás de todo está el miedo que genera en la ciudadanía.

La otra columna del poder es el dinero. La FIP estima que solamente la extorsión podría generar entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales en su zona de influencia.

El analista Edwin Vásquez sostiene que ese mecanismo ayuda a explicar lo ocurrido durante el paro. Con el tiempo, señala, la estructura consiguió establecer mecanismos de presión sobre actividades comerciales y turísticas mediante cobros ilegales presentados como pagos por seguridad. Vásquez resume la capacidad de intimidación: “Mientras la Policía podía ubicarse afuera de un local para evitar que llegaran hombres en moto, ellos podían advertir mediante una llamada”.

Esa es quizás una de las imágenes más preocupantes de la crisis. Para cerrar una ciudad ya no necesariamente hacen falta hombres armados en cada esquina. Basta que la población crea que la amenaza pueda cumplirse. Ese es el desafío hoy.

La respuesta institucional fue extraordinaria. Llegaron refuerzos policiales y militares con más de 1.100 uniformados, y las autoridades recorrieron sectores comerciales buscando devolver la confianza. El propio presidente Abelardo De La Espriella lideró una caravana de seguridad. Aun así, durante buena parte de las 72 horas, miles de ciudadanos prefirieron quedarse en casa. Afuera de su negocio había policías y por las calles de Santa Marta patrullaban militares; pero aquel comerciante recibió una llamada y decidió resguardarse.

“Es cierto que uno por estos días vio mucha presencia de policías y militares. Pero preferí abstenerme de abrir porque recibí una llamada donde me pidieron que colaborara dejando cerrado el negocio para evitar problemas con el grupo”, relató a EL TIEMPO el propietario de un almacén, cuya identidad se reserva por seguridad.

Su testimonio resume la dimensión de la crisis que enfrenta Santa Marta. Según cuenta, desde hace meses, hombres que se presentan como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) visitan su establecimiento y le cobran lo que denominan un “impuesto de seguridad”.

“No hay otra alternativa que pagar o no puedo trabajar. Ellos dicen que es una colaboración, pero uno sabe lo que puede suceder si no se paga”, sostiene.

La Cámara de Comercio de Santa Marta calculó en 39.590 millones de pesos diarios las pérdidas asociadas a las dificultades para desarrollar normalmente las actividades comerciales, productivas y de transporte. Pero, más allá de los dineros que dejaron de ingresar, la confianza fue la factura imposible de calcular.

El episodio dejó una pregunta: ¿cómo consiguió un grupo ilegal acumular suficiente poder para desafiar al Estado y modificar la vida económica de una capital turística? La respuesta no comenzó esta semana.

La muerte de alias Cholo significó un golpe importante para las Acsn, pero los acontecimientos posteriores dejaron una lección que indica que la organización puede perder cabecillas y aun así conservar capacidad de intimidación, recursos, redes de cobro, corredores y mecanismos de reemplazo.

La Sierra Nevada, además, conecta Magdalena, Cesar y La Guajira y posee corredores estratégicos hacia la Troncal del Caribe y el mar. Por eso, el problema tampoco termina en Santa Marta ni puede entenderse exclusivamente desde lo ocurrido durante los tres días de parálisis.

Según el analista Edwin Vásquez, la presencia militar y policial es necesaria para contener la violencia, proteger a la población y recuperar corredores. Pero la intervención tendría que mantenerse.

Otro frente está en golpear las finanzas de la organización. Cada captura de un integrante relevante, explica Vásquez, debería estar acompañada de investigaciones sobre cuentas, propiedades, empresas, posibles testaferros y mecanismos de lavado. Atacar únicamente al hombre armado mientras permanece intacta la economía que sostiene la estructura facilita que otro ocupe su lugar.

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También resulta indispensable romper el circuito de la extorsión mediante mecanismos seguros de denuncia, protección para comerciantes y empresarios, y equipos de investigación capaces de reconstruir las redes de recaudo sin trasladar todo el riesgo sobre las víctimas. Finalmente, está el reto más difícil: permanecer.

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