Argentina habría amenazado con cárcel al director ejecutivo de una petrolera británica por perforaciones en las Malvinas

En momentos en que Argentina comenzó a intensificar su retórica respecto de las Malvinas, el gobierno de Javier Milei amenazó con cárcel a un empresario británico involucrado en un proyecto petrolero en alta mar en las islas.

Así lo dio a conocer el diario The Guardian que indicó que Sam Moody, director ejecutivo de Rockhopper Exploration, y el director financiero de su empresa recibieron la amenaza en septiembre pasado.

Argentina solicita al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) una orden de suspensión urgente de las perforaciones del proyecto petrolero marino Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, que está siendo liderado por Rockhopper, una empresa británica, y Navitas, una compañía israelí.

En septiembre, Milei declaró ante la Asamblea General de la ONU que recuperar la soberanía de las Islas Malvinas era una causa nacional y que Buenos Aires estaba tomando “el asunto en sus propias manos” por medios pacíficos.

Argentina invadió las Islas Malvinas en 1982. La guerra, que duró 74 días, terminó con la rendición de las fuerzas argentinas. Costó la vida de 649 militares argentinos, 255 militares británicos y tres isleños de las Malvinas.

Se espera que el ITLOS emita su fallo sobre la solicitud de Argentina el 28 de noviembre.

En su declaración, Moody indicó que el 1 de septiembre de 2026, Argentina le escribió a él y al director financiero de Rockhopper amenazándolos “con un proceso penal, penas de prisión y multas en virtud de su legislación nacional”.

La información fue revelada en una declaración jurada presentada por Reino Unido ante el ITLOS antes de las audiencias celebradas esta semana, que duraron dos días. Tras una solicitud de The Guardian, el documento, que se encontraba sellado, se puso a disposición del público.

Buenos Aires aprobó una legislación nacional que penaliza el proyecto y, en su declaración ante el tribunal, el ejecutivo petrolero Moody también afirmó que creía que existía un riesgo al participar en la audiencia en Hamburgo.

“También quiero que el tribunal sepa que yo, al igual que otros, estoy asumiendo cierto riesgo personal al preparar esta declaración, ya que en repetidas ocasiones he estado bajo la amenaza de un proceso penal y una pena de prisión en Argentina”, escribió.

A juicio de Moody, las medidas que fueron adoptadas por Buenos Aires han dificultado cada vez más el financiamiento de Sea Lion. Entre ellas, la prohibición impuesta por Argentina a Navitas para operar en el país durante 20 años.

También se afirma que funcionarios argentinos escribieron al banco Standard Chartered, que tiene una sucursal en Port Stanley, la capital de las Malvinas, instándolo a “abstenerse de participar en el desarrollo de petróleo y gas en las Islas Malvinas para evitar quedar dentro de los términos de cierta legislación interna argentina”.

En una declaración posterior presentada ante el tribunal, se supo que Navitas y Rockhopper no habían nombrado a sus parejas en los documentos judiciales por temor a que fueran objeto de represalias por parte de Argentina.

Según un comunicado presentado por Ian Ramsay, director ejecutivo de Navitas Petroleum Development and Production, “los nombres de los contratistas contratados por Navitas UK se han mantenido en secreto para preservar su confidencialidad, en vista del escrutinio constante por parte de las autoridades argentinas y sus continuos esfuerzos por frustrar el proyecto, incluso mediante supuestas acciones dirigidas a los contratistas y socios involucrados en el mismo”.

The Guardian indicó que la empresa estadounidense Halliburton emitió recientemente un comunicado en el que afirmaba que no realizaría ningún trabajo en el proyecto Sea Lion tras las conversaciones mantenidas con Argentina.

El mes pasado, The Guardian reveló que el gobierno de Reino Unido había escrito a Interpol solicitando garantías de que el organismo internacional encargado de la aplicación de la ley no actuaría en respuesta a ninguna “notificación roja” argentina que solicitara la detención de aquellos considerados criminales por Buenos Aires por su participación en la economía de las Malvinas.

La solicitud de Argentina para la suspensión del proyecto Sea Lion se basa en el alegato de que el acuerdo de Reino Unido para la perforación es ilegal, ya que la soberanía de las Malvinas es un tema en disputa entre la isla y Argentina.

En 1976, una resolución de la ONU instó a ambos países a resolver sus disputas de soberanía y a abstenerse de actuar unilateralmente para modificar la situación en las Malvinas. Argentina solicita una suspensión temporal del proyecto antes de un nuevo arbitraje, alegando que la perforación petrolera está “agravando” la disputa de soberanía.

Reino Unido respondió alegando esta semana que el tribunal carecía de jurisdicción en la disputa y que la resolución de la ONU citada no era jurídicamente vinculante. Ellie Reeves, fiscal general de Inglaterra y Gales, declaró además ante el tribunal que la suspensión del proyecto petrolero pondría fin a sus esperanzas de éxito y tendría consecuencias devastadoras para los habitantes de las islas.

Se prevé que el proyecto Sea Lion duplique el PIB de la isla, lo que supondrá un aumento de 8.000 millones de libras esterlinas en los ingresos del gobierno de las Malvinas durante la vida útil del yacimiento petrolífero.