Niñez y delito: lo que no estamos viendo

Pocas imágenes han ganado tanto espacio en la discusión sobre seguridad como la del reclutamiento de niños y adolescentes por bandas criminales. La escena es conocida: un grupo organizado que capta a un niño, lo engaña o lo obliga, y lo arranca de la infancia para ponerlo al servicio del delito. Sobre esa imagen se han construido diagnósticos, discursos y también propuestas de política pública. El problema es que la evidencia muestra algo bastante distinto.

Esta semana, el Centro de Justicia y Sociedad UC presentó los avances de una investigación que sigue las trayectorias de niños, niñas y adolescentes que se involucran tempranamente en el delito. Sus conclusiones se alejan de las ideas instaladas en el debate público y nos obligan a preguntarnos, con más detención y honestidad, qué es lo que realmente sirve para que menos niños tomen ese camino.

La primera constatación es que no existe un momento único de reclutamiento. Lo que hay es un proceso en que el delito ronda la vida de muchos niños y aparece como una posibilidad validada y, a veces, funcional a ciertos objetivos. No hay una frontera nítida entre estar adentro y estar afuera, sino incursiones de intensidad variable, que suben, bajan y conviven con la vida cotidiana.

Así como el ingreso es gradual, el desistimiento también lo es: el alejamiento acompaña nuevas etapas y responsabilidades, y valores como la lealtad, la capacidad de trabajo o la valentía, que se vivían en la actividad delictual, se trasladan a la vida legítima. Y la idea de que todo comienza en familias disfuncionales tampoco es tan uniforme: hay veces en que estas familias, aunque ligadas al delito y a la violencia, tienen vínculos fuertes y transmiten modelos a sus hijos operando como una escuela moral del delito.

Nada de esto vuelve el problema menos grave. Si no hay un instante del reclutamiento que interceptar ni una frontera clara que custodiar, buena parte de las respuestas que hoy discutimos apunta a un fenómeno que, tal como lo imaginamos, no es dominante. La pregunta no es cómo impedir que los niños crucen una línea, sino cómo actuar a tiempo y de manera constante en vidas donde el delito está siempre cerca.

En 2022, la mayoría de los indicadores de seguridad llegó a su peor momento y el país asumió que el crimen organizado se había instalado entre nosotros. La respuesta fue contundente. Hoy tenemos un Estado muy distinto en sus instituciones, capacidades, recursos y tecnología en materia de control delictual. Gracias a ello, el deterioro de los principales indicadores, como homicidios, robos con violencia y temor, se ha ido revirtiendo gradualmente. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer y lo más relevante ahora es robustecer las capacidades en materia de prevención en la misma escala que se hizo en materia de control. Ello es especialmente válido respecto de niños, niñas y adolescentes, porque los delitos cometidos por ese grupo han tenido una evolución distinta y se han mantenido al alza. No han alcanzado los niveles que tuvieron en 2015, pero la tendencia preocupa.

Lamentablemente, el debate en este campo se ha concentrado en bajar la edad de responsabilidad penal, subir las penas o llevar estos casos a la justicia de adultos. Nada en la evidencia respalda ese camino. Lo que se necesita es un Estado y una sociedad más cercanos a los niños en riesgo, que les ofrezcan otros modelos, valores, vínculos y pares, actividades que los estimulen, contención y afecto.

Por eso preocupa que los esfuerzos que iban en esa dirección hayan perdido prioridad. Tristemente, la rebaja de penas a agresores sexuales de niños no es el único retroceso que tenemos en ese ámbito. Las fuerzas de tarea sobre trayectorias delictivas y prevención de reclutamiento temprano, así como el Sistema de Prevención de Violencia Letal, no tuvieron continuidad, pese a que el trabajo de este último contribuyó a la caída de casi un tercio en los niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidio en 2025. A su vez, no se prevé escalar el programa piloto Comunidad Crece, que buscaba crear entornos comunitarios positivos para niños en riesgo. Tampoco se vislumbra ningún debate para darles más robustez a los numerosos programas dirigidos a la niñez que se ejecutan a través de los municipios. Esos programas funcionan con convenios anuales que se interrumpen todos los veranos y con contratos laborales precarios que impiden la continuidad de los equipos de trabajo. Para robustecer la prevención hay que asegurar que eso cambie, que exista continuidad, profesionalización y flexibilidad para que cada municipio gestione esa oferta adaptándola a su realidad.

Si una décima parte de la energía que gastamos en proponer penas más altas, y para niños más chicos, la dedicáramos a mirar la evidencia y decidir a partir de ella, avanzaríamos a paso firme para que menos niños, niñas y adolescentes vean en el delito un proyecto de vida.

Por Carolina Tohá, ex ministra del Interior.

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