Envían a prisión a hombre señalado por el feminicidio de Yuliza Orozco, activista trans de La Ceja: la Fiscalía indaga un vínculo secreto
Un juez envió a prisión a Luis Alfonso Muñoz Garzón, de 57 años, investigado por el feminicidio de Yuliza Orozco Orozco, activista y lideresa de la comunidad Lgbti+ en La Ceja, Antioquia.
La decisión judicial se conoció tras las audiencias preliminares contra el procesado, al que la Fiscalía General de la Nación señala como presunto responsable de la muerte de la mujer trans de 46 años que fue encontrada con dos impactos de bala en la cabeza en una zona rural en el oriente antioqueño.
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Aunque el sujeto no aceptó los cargos, un juez de control de garantías ordenó que permanezca privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.
La captura se produjo el 24 de octubre de 2026, en un operativo realizado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 38 que será sometido a estudios de balística para establecer si fue utilizado en el asesinato.
De acuerdo con la investigación, Muñoz recogió a la víctima en un vehículo particular en la zona urbana de La Ceja el 29 de diciembre de 2025. Después, la habría trasladado hasta la vereda Pantanillo, donde Yuliza apareció sin vida horas más tarde.
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El cuerpo fue hallado en la madrugada del 30 de diciembre, en una vía rural cercana al límite entre La Ceja y El Retiro. La mujer presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza. Sus familiares habían denunciado su desaparición durante la tarde anterior, luego de perder contacto con ella desde la noche.
La Fiscalía imputó al capturado los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El ente acusador sostiene que existen elementos que vinculan al hombre con el traslado de la víctima hacia el sector donde ocurrió el crimen.
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El arma incautada durante la captura forma parte de los elementos que serán analizados dentro de la investigación. Los peritos deberán comparar las características del revólver con los hallazgos recopilados en la escena y con la evidencia balística relacionada con el homicidio.
Durante la judicialización, la Fiscalía expuso una hipótesis sobre el posible móvil del crimen. Según la información entregada en las audiencias, Muñoz y Orozco habrían sostenido una relación que no era pública.
La versión conocida en el proceso indica que la víctima quería revelar esa relación, circunstancia que, según la suposición del organismo judicial, pudo haber desencadenado la agresión. Familiares y amigos de Orozco también habían señalado que el hoy imputado tenía esposa y que existía preocupación por las consecuencias de que el vínculo saliera a la luz.
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Ese elemento hace parte de las líneas que deberán ser probadas durante el proceso judicial. La medida de aseguramiento no implica una condena y Luis Alfonso Muñoz mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una decisión definitiva de la justicia.
La investigación se mantiene abierta para determinar con precisión las circunstancias del asesinato, el eventual móvil y la posible relación entre el arma decomisada y los disparos que causaron la muerte de la activista.
Yuliza Orozco Orozco era reconocida en La Ceja por su trabajo como activista y lideresa de esa comunidad. Su asesinato causó conmoción entre habitantes del municipio, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
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Tras conocerse el crimen, la organización Caribe Afirmativo pidió que el caso fuera investigado con enfoque de género. El colectivo manifestó que el homicidio de Orozco se sumaba a un escenario de violencia contra personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales y queer en Colombia.
“Lamentamos profundamente el asesinato de Yuliza, una mujer trans, en La Ceja, Antioquia. Hacemos un llamado a la Fiscalía a investigar este crimen aplicando un enfoque de género”, expresó la organización en un mensaje difundido en redes sociales en ese entonces.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, también condenó el asesinato y señaló que los transfeminicidios reflejan niveles de discriminación que no deberían tener lugar en una sociedad democrática. La funcionaria envió un mensaje de solidaridad a los familiares, amistades y personas cercanas a la víctima.
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