Presupuesto: Quiroz cede y logra aprobar deuda pública con votos del PC, la DC y el PPD

Tras la tensa sesión del martes, en la que algunos senadores amenazaron con acusarlo constitucionalmente, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abrió la segunda jornada de debate de la Ley de Presupuestos 2027 con un “regalo anticipado de Navidad”, según bromeaban algunos legisladores.
Al inicio de la sesión del Senado, el jefe económico pidió la palabra para anunciar que el Ejecutivo había decidido revertir su negativa inicial y que incorporaría una asignación dentro de la partida del Tesoro Público para conceder un aporte de 160 millones de dólares al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).
Este fondo fue creado con la última reforma previsional con el fin de generar un pilar solidario en materia de seguridad social. Su administración quedó a cargo de un organismo autónomo llamado Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional, que comenzó sus operaciones en agosto de 2025.
Para ello, la misma ley fijaba un calendario de aportes que debía hacer el Tesoro Público.
El problema es que Hacienda tenía una interpretación distinta a la que sostiene el administrador del FAPP y estimaba que el aporte debiera realizarse en 2028, no el próximo año.
Ello ya abrió una disputa administrativa que fue resuelta en una primera instancia con un dictamen de Contraloría.
Ese tema fue reclamado con dureza por senadores opositores como Daniel Núñez (PC) y Daniella Cicardini (PS), quienes llegaron a deslizar que, al no proveer los recursos este año para el fondo, el ministro se arriesgaba a un libelo constitucional por infringir deliberadamente un mandato legal.
Para sorpresa de varios, este miércoles el ministro asumió una postura distinta, aunque dijo que mantenía su interpretación de cuándo el Fisco debía proveer estos recursos.
“Siempre vamos a cumplir la ley. Quiero decir inequívocamente que vamos a incluir, aún sin tener la certeza por nuestro lado, que es la parte que me preocupa, pero dado que esto ha generado inquietud, vamos a incluir una asignación destinada a financiar la aplicación de la Ley 21.735 (la reforma previsional) según corresponda, por un monto de hasta 2,2 millones de UTM (160 millones de dólares aproximadamente)”, anunció Quiroz, quien remarcó que el debate nunca fue sobre la disponibilidad de los dineros.
El conflicto interpretativo se generaba porque la reforma previsional señalaba que el Tesoro Público debía disponer de estos 160 millones de dólares al tercer año de publicada la ley. Como ello ocurrió en marzo de 2025, Hacienda sostenía que en 2026 se cumplía el primer año; en 2027, el segundo; y en marzo de 2028, el tercero.
La lectura de la administración del fondo sostenía que en 2025 era el primer año, en 2026 el segundo y en 2027 el tercero.
“Nosotros hemos conversado con el director ejecutivo de la FAPP y estos aportes son necesarios para el equilibrio actuarial de largo plazo. La verdad es que la FAPP como está hoy día no tiene problema hasta el año 2070, se necesitan estos fondos para que vayan rindiendo y en el largo plazo sea un sistema estable como está comprometido en la ley”, añadió el ministro de Hacienda.
Este gesto fue agradecido desde la oposición por el mismo senador Núñez (PC) y su par Alejandra Sepúlveda (Ind. FREVS).
Ley Ricarte Soto
Sorpresivamente, los gestos de Quiroz no terminaron en el fondo previsional.
En la discusión de la partida de Salud en el Senado, el secretario de Estado también anunció el ingreso de un paquete de indicaciones, entre ellas, para asegurar los dineros para la aplicación de la llamada Ley Ricarte Soto, que garantiza coberturas para enfermedades de alto costo.
Aquellas nuevas concesiones también fueron valoradas por la oposición, que aceptó establecer un modelo de negociaciones acotadas por partidas, con solo un par de interlocutores por cada bancada opositora.
En el caso del Minsal, por el Socialismo Democrático participó de las tratativas Juan Luis Castro (PS), mientras que por el Comité Unido, Karol Cariola fue la encargada de negociar con Quiroz y sus asesores.
En esas conversaciones surgió la primera enmienda, referida al financiamiento de prestaciones como el Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS), cuidados paliativos, adultos autovalentes, atención integral de salud y salud bucal.
“Lo que hacemos es introducir una serie de elementos que permitan monitorear que el objetivo original de estos programas que están siendo percapitalizados se mantenga”, explicó Quiroz.
Además, informó que, producto de estas tratativas, se incorporará una indicación para establecer la obligación de informar, de modo que el Minsal, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y Fonasa reporten a la Comisión Mixta de Presupuesto, de forma trimestral, sobre el proceso de implementación de los programas antes mencionados.
En materia de listas de espera, el ministro de Hacienda comentó que se agregó una enmienda que busca incorporar un requisito de priorización y criterios clínicos para la atención de pacientes que registren una antigüedad superior a un año en las listas de espera.
Finalmente, también anunció que tendrán “el compromiso inequívoco de financiar a todos los beneficiarios actuales y futuros de la Ley Ricarte Soto”, recursos que alcanzarán, según Quiroz, los 28 mil millones de pesos.
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