Amargo aniversario

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Hace siete años algo concluyó en Chile. Podemos considerarlo un punto final, una muerte o el repliegue de un tupido velo arrancado con violencia. La tarde de viernes 18 de octubre de 2019, cuando el Metro de Santiago dejó de funcionar, los recorridos de micros se detuvieron y las calles se colmaron de peatones hastiados: primero protestas espontáneas, luego vandalismo. Durante horas el gobierno era un vacío, una ausencia; la imagen de un mandatario en un restorán de Vitacura mientras en el centro era un caos; una oposición pasmada que constataba su propia intrascendencia, sin anclaje en la calle ni lugar en los movimientos de base; y, en televisión, las imágenes de cámaras de seguridad de estaciones del Metro incendiándose.

Lo que siguió con el paso de los días fueron escenas superpuestas: las tanquetas militares llegando a plaza Italia; un presidente declarándole la guerra a un enemigo incógnito; el rostro de un estudiante con la cuenca de los ojos ensangrentada; convocatorias a marchas; interpretaciones de un fenómeno sin orgánica; una elite dirigente perpleja, a ratos furibunda y por momentos culposa; los nostálgicos de la bota militar exigiendo represión más dura, pasar bala a los insolentes, y los de la Unidad Popular pensando que tal vez era el momento prometido en que se abrirían las grandes alamedas para un pueblo que por fin se había aburrido del consumo y había decidido abrazar las causas colectivas. Hubo quienes declararon su sorpresa por los bajos ingresos de la mayoría, mea culpas por falta de empatía y una marcha de chaquetas amarillas emulando la última moda en protestas llegada desde Francia. Hubo muertos, heridos, una marcha de un millón de personas que exigía el fin de los abusos; reflexiones piadosas, acusaciones cruzadas. Hubo una plaza Italia rebautizada, cabildos ciudadanos, héroes con pies de barro y un pacto en el que la derecha entregaba la Constitución del 80 y se acordaba un calendario para un nuevo comienzo.

La mañana del viernes 13 de diciembre de 2019 fue dado a conocer el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El documento hacía un balance de los abusos cometidos por agentes del Estado durante la crisis hasta ese momento. Parte del oficialismo evaluaba una especie de complot internacional que explicaría las revueltas, un intento por hacer caer un caso exitoso de desarrollo, como el de nuestro país, aseguraban. Se habló de infiltrados bolivarianos, de redes de k-pop, y me tocó escuchar una teoría sobre una organización surgida del campus Juan Gómez Millas de alcances jamás vistos. Nunca se exhibieron pruebas de que tales cosas existieran, aunque las conjeturas era difundidas como hechos. Lo evidente fue constatar las graves deficiencias de la inteligencia policial y militar: hasta ahora es una incógnita quiénes incendiaron y cómo fueron quemadas las 25 estaciones de Metro atacadas.

Durante la semana inmediatamente posterior al estallido vi en el noticiero de TVN la historia de dos mujeres de mediana edad de Puente Alto. Escribí en este mismo espacio sobre la nota que las mostraba sentadas junto a un gran contenedor de basura. Ambas permanecían en el medio de un sitio eriazo en una población en donde una turba saqueó y quemó los único supermercados que existían. La periodista explicaba que durante años los vecinos no contaban con grandes comercios, ni servicios habituales en otras zonas de la ciudad –cajeros automáticos, centros de pago, comisarías– y que el solo hecho de que se instalaran esos supermercados les cambió la vida. Después de la noche del 18 de octubre no quedó nada. La reportera conversaba con las mujeres que miraban el paisaje asolado. Una de ellas contó que trabajaba en uno de los supermercados cuidando autos, que gracias a eso tenía ingresos. La periodista le preguntó el monto mensual que ganaba, “Cincuenta mil pesos”, le respondió la mujer.

Han pasado siete años, dos procesos constituyentes fracasados, un gobierno encabezado por una nueva izquierda que prometió grandes cambios y acabó entregándole la banda a un líder de la ultraderecha cuya principal política ha sido recortar fondos y eliminar regulaciones a privados. Las palabras como desigualdad, empatía y dignidad fueron desplazadas por orden y seguridad, y las consignas sobre los abusos al consumidor y las pensiones de hambre por las que se formó el movimiento No + AFP fueron reemplazadas por la crisis migratoria y de criminalidad. El contraste de algunos datos económicos de esa fecha y la actual, mortifica: la cifra de crecimiento en octubre de 2019 fue del 3,4 por ciento y la de desempleo del 7 por ciento; el crecimiento de los últimos meses ha sido negativo, recesivo, en tanto la desocupación se empina hasta el 9,6 por ciento. Esta semana se conoció que las AFP acumulan pérdidas por más de 7 mil millones de dólares, por una operación riesgosa que acabó afectando al fondo más conservador con una rentabilidad negativa de 10,4 por ciento. Los perjudicados serán los futuros pensionados.

Mientras escribo esta columna, leo que los líderes de una oposición anémica de ideas se han reunido el jueves en Ñuñoa para trabajar juntos y “recuperar la confianza de la ciudadanía”. Luego me informo de que, la madrugada del viernes, una turba ingresó a un Cesfam de Puente Alto vandalizando el edificio y atemorizando a los funcionarios, en represalia por un proceso de desalojo de viviendas. Todo ocurrió en las cercanías de aquel barrio donde otra turba quemó los supermercados durante el estallido, el mismo vecindario en el que trabajaba cuidando autos por cincuenta mil pesos mensuales una de las dos mujeres entrevistadas por la televisión.

Han transcurrido siete años desde aquel viernes de octubre en el que algo se acabó, un período en el que ha ocurrido de todo, pero, al mismo tiempo, un intervalo agotador durante el que muy pocas cosas parecen haber cambiado.

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