Otra vez cambios sobre la marcha a las reglas electorales

En sigilo se está conversando entre parlamentarios y el gobierno una nueva reforma política -con el impulso del presidente de la Asociación de Municipalidades y el presidente de los gobernadores de Chile-, con el fin de flexibilizar una serie de inhabilidades de tal manera de facilitar que alcaldes, concejales, gobernadores, cores y parlamentarios postulen y compitan en cargos cruzados. Entre otros cambios, se buscaría reducir desde un año a seis meses el plazo que hoy rige para que deban renunciar si es que quieren dar el paso a otros cargos; asimismo, también se pretende que los alcaldes y diputados que ya han cumplido el límite de dos reelecciones -que en total pueden estar hasta doce años en sus cargos- puedan extender su trayectoria en la medida que se presenten como candidatos en otras comunas o distritos. La actual jurisprudencia constitucional impide que un parlamentario, un alcalde, un concejal, un core o un gobernador evadan el límite a la reelección presentándose en una zona diferente.

La presidenta del Senado, junto con señalar que una iniciativa de este tipo está concitando apoyos -en el pasado ya se han presentado proyectos de ley que buscan introducir flexibilidades en cuanto a las inhabilidades-, señaló en una entrevista que “todas estas cuestiones que son de sistema electoral deben ser lo más alejadas de las elecciones (...) Si esto vuela, ojalá que vuele de aquí a marzo. Si no, después de eso, ya no va a volar”.

Parece evidente que una reforma en esta línea despertará entusiasmo en los parlamentarios y en otras autoridades políticas, que ven aquí la posibilidad de introducir más competencia y una forma de prolongar sus trayectorias políticas. Desde luego, es legítimo que se pueda plantear un debate acerca de si las actuales inhabilidades para postular a cargos de elección popular puedan ser revisadas, pero es evidente que dichas modificaciones deben ser abordadas con la debida profundidad y alejándose de cualquier sospecha de que ello pueda ser un pretexto para beneficiar los intereses de la clase política, especialmente de los incumbentes. La forma en que estos cambios se están evaluando, por ahora sin mayor debate público, y la premura con que se pretendería aprobarlos, no parecen ser la forma adecuado de hacerlo, porque dejan la impresión de que detrás de ello hay más bien un propósito de mirar la calculadora electoral, donde desde ya se avizora el efecto de las llamadas “sillas musicales”, donde un grupo de dirigentes facilita normas para ir rotándose entre distintos cargos, una práctica que a ojos de la ciudadanía nunca se verá bien.

Pero hay una cuestión todavía más de fondo, y es que no parece haberse aquilatado lo complejo que resulta, una vez más, que las normas electorales se estén cambiando en forma apresurada y, sobre todo, que puedan terminar beneficiando a los incumbentes, lo que por cierto abre un flanco de posibles conflictos de interés. El país ya ha atravesado recientemente por experiencias de este tipo que han resultado muy desgastantes, tal como ocurrió en el gobierno pasado cuando súbitamente el Ejecutivo buscó desincentivar que los extranjeros votaran en la elección de autoridades regionales y comunales, al buscar eximirlos de multa, o cuando se pretendió reducir el pago por voto a los parlamentarios justo en la antesala de una elección, cuando los gastos de campaña ya estaban comprometidos.

Las modificaciones que hoy se proponen están pasando por alto con demasiada facilidad los límites que se buscaron imponer a la reelección de autoridades, que en algunos casos llevaban décadas en sus cargos. Ello fue objeto de reformas que tomaron varios años para su implementación, lo que finalmente fue celebrado como un paso importante para la salud de nuestra democracia. Reducir a seis meses el plazo para aquellas autoridades que aspiran a otro cargo, debe llevar a plantearse sobre los riesgos de que el cargo se empiece a utilizar para efectos de promocionarse electoralmente. Los impulsores de estas reformas al parecer tampoco han aquilatado los efectos de que al permitir nuevas reelecciones más allá de los limites, ello termine amagando la renovación de figuras en la política, porque es claro que por esa vía se van reduciendo los espacios para que surjan nuevas figuras que desafíen a los incumbentes, donde el recambio fue justamente uno de los objetivos que se buscó al poner los referidos límites, además de impedir que se consoliden parcelas de poder que potencialmente pueden ser focos de prácticas corruptas.

En fin, los partidos y dirigentes deben también tomar en cuenta que el país requiere urgentemente seguir avanzando en una serie de reformas a nuestro sistema político, particularmente en lo que se refiere a desincentivar la atomización -donde uno de los temas pendientes sigue siendo el establecer umbrales mínimos para asegurar representación en la Cámara de Diputados-, asegurar que los parlamentarios electos representen a sectores amplios de electores y no sean electos con votaciones ínfimas, y desincentivar el discolaje, entre otras medidas. Ya se ha dado un paso en esa línea con la reforma despachada recientemente por el Congreso para endurecer los requisitos para constituir partidos políticos o para que las colectividades actualicen su declaración de principios, rechazando su condena a sistemas totalitarios y el uso de la violencia como método de acción política, pero la tarea sigue inconclusa.

La ventana que se ha abierto gracias a que 2027 no será un año electoral debe ser aprovechada para avanzar en estas reformas pendientes al sistema político, antes que pensar en cómo favorecer los intereses electorales de los partidos.