ATE protestó frente a la Quinta de Olivos contra el nuevo plan de retiros voluntarios del Gobierno
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este miércoles a la Quinta Presidencial de Olivos para protestar contra el programa de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno y el financiamiento previsto para su implementación a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La organziación sostuvo que se trata de un “nefasto programa” y un “negociado multimillonario” que pretende profundizar el proceso de ajuste sobre la estructura estatal.
El gremio también cuestionó la ausencia de Milei de las sedes oficiales de Gobierno. “Nunca van a la Casa Rosada y tampoco lo encontramos en Olivos. Se fue de nuevo a España sin una agenda oficial. Con la nuestra le estamos financiando a todo el Poder Ejecutivo el turismo internacional”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
“No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios. Este decreto es un negociado multimillonario. Si firmamos, no sólo estaremos perdiendo derechos logrados a través de los años sino que estaremos avalando que a través de sus consultoras (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo se sigan llenando de plata”, añadió Aguiar.
ATE denunció además despidos, no renovación de contratos, reducción de puestos permanentes, incertidumbre laboral y el cierre o vaciamiento de organismos públicos.
“Nos quieren correr del Estado por migajas y tercerizar nuestras funciones. Este régimen es el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública”, sostuvo Aguiar.
Y añadió: “Endeudarse con el BID para financiar estos despidos es un delito. Está prohibido tomar deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente como piensan hacerlo”, concluyó.
El plan del Gobierno para reducir la planta estatal
El programa de retiros voluntarios fue oficializado mediante el decreto 1203/26 y alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores de la administración pública nacional. Según la normativa, quienes adhieran no podrán reingresar al Estado durante un plazo de ocho años.
Además, el Gobierno dispuso que los cargos que queden vacantes no serán cubiertos nuevamente.
La medida forma parte de la estrategia de reducción del empleo público impulsada por la gestión libertaria desde su llegada al poder. De acuerdo con datos oficiales citados por el Gobierno, de los aproximadamente 341.000 empleados que integraban la administración pública nacional al inicio de la gestión, ya dejaron de formar parte de la planta cerca de 72.000 personas.
El objetivo oficial es profundizar ese proceso y alcanzar una reducción equivalente al 25% de la estructura estatal nacional hacia fin de año.
A su vez, el Gobierno reglamentó a partir del decreto 1177/26 una línea de crédito con el BID por más de 800 millones de dólares con distintos objetivos, de los cuales 300 estarían destinados a solventar los costos de los retiros voluntarios.
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