Carrusel de interventores, una deuda billonaria y el riesgo de apagón eléctrico en el Caribe, el retrato de los 2 años de la intervención de Air-e
La empresa fue intervenida para evitar un colapso financiero. Dos años después, la incertidumbre sobre el futuro eléctrico del Caribe sigue intacta.
La compañía que el Estado recibió en crisis parece estar hoy en una condición aún más delicada. Foto: Cortesía Comunicaciones Air-e
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El 12 de septiembre de 2024 el Gobierno Nacional decidió intervenir Air-e. La medida fue presentada como una salida de emergencia para evitar una crisis mayor en la empresa encargada de suministrar energía a cerca de 1,2 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Dos años después, el balance dista mucho de ser alentador.
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Las cifras conocidas hasta ahora muestran una compañía más endeudada, con indicadores operativos aún críticos, una constante rotación de interventores y sin una ruta clara que permita garantizar, de manera sostenible, la prestación del servicio en una región que desde hace décadas enfrenta dificultades estructurales en materia energética.
La intervención no logró enderezar las cuentas
Cuando Air-e pasó a manos de la Superintendencia de Servicios Públicos arrastraba obligaciones cercanas a los $500.000 millones. Hoy, distintas estimaciones ubican sus compromisos en cifras que oscilan entre los $3,3 billones y los $5,7 billones, dependiendo del rubro analizado.
El 12 de Septiembre de 2024 fue intervenida. Foto:El Tiempo
La deuda con generadores térmicos, por ejemplo, supera los $2 billones. A ello se suma un panorama igual de complejo en materia operativa. La empresa continúa enfrentando elevados niveles de pérdidas de energía, dificultades históricas de recaudo y una fuerte dependencia de la energía comprada en bolsa.
Los números revelados recientemente por el actual agente especial, Ramiro Castilla, ante la Comisión Quinta del Senado son especialmente preocupantes: un recaudo del 72,37 %, pérdidas eléctricas del 34,86 %, una cartera cercana a los $7 billones y un déficit estructural de caja proyectado en $5,2 billones para finales de este año.
En otras palabras, la compañía que el Estado recibió en crisis parece estar hoy en una condición aún más delicada.
El carrusel de interventores
Pero los problemas financieros no son el único síntoma de una intervención que no ha encontrado estabilidad. Durante estos dos años, Air-e ha tenido cinco agentes especiales en propiedad y una funcionaria encargada.
Carlos Diago fue el primer interventor que estuvo en Air-e. Foto:Archivo particular
Carlos Diago fue el primero. Luego llegaron Edwin Palma, quien posteriormente sería ministro de Minas y Energía; Diana Bustamante; Nelson Vásquez; Tania Peñaranda en calidad de encargada; Jaime Mesa y, finalmente, Ramiro Castilla, nombrado tras la llegada del nuevo Gobierno.
La sucesión de nombres solo refleja incomodidades, puesto que, mientras la crisis avanzaba, la empresa transitaba por una permanente inestabilidad administrativa.
Algunos de esos funcionarios incluso ahora son objeto de cuestionamientos e investigaciones disciplinarias relacionadas con presuntas omisiones e irregularidades durante sus respectivas gestiones.
Para distintos expertos consultados por EL TIEMPO, la alta rotación terminó dificultando la consolidación de una hoja de ruta capaz de abordar los problemas de fondo.
El problema fuera de Air-e
Sin duda, la crisis no puede explicarse únicamente por errores administrativos. Air-e opera en una de las regiones con mayores índices de pobreza energética del país, concentra buena parte de la subnormalidad eléctrica nacional y enfrenta niveles de recaudo inferiores a los observados en otros mercados.
Expertos coinciden que defectos en el modelo energético agravan la crisis en el Caribe. Foto:Cortesía
Mientras en Atlántico el recaudo supera el 80 %, en algunos sectores de Magdalena y La Guajira los indicadores son considerablemente más bajos. En barrios subnormales, incluso, llegan a ubicarse por debajo del cinco por ciento. A ello se suman pérdidas técnicas y no técnicas superiores al billón de pesos anual.
Por esa razón, voces tan distintas como la del exministro Amylkar Acosta, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), el Comité Intergremial del Atlántico y la Liga Nacional de Usuarios coinciden en una conclusión: reemplazar a Air-e no resolverá por sí mismo el problema, cuando la discusión real está en el modelo.
Una amenaza adicional en el horizonte
Como si los problemas financieros y administrativos no fueran suficientes, Air-e llega a este segundo aniversario enfrentando otro desafío.
El contexto climático podría encarecer aún más la operación de Air-e. Foto:iStock
Hace apenas unas semanas, el entonces agente especial Jaime Mesa advirtió sobre los riesgos que podría generar la intensificación del fenómeno de El Niño para el sistema energético nacional.
Según explicó, la reducción significativa en los recursos hídricos está afectando la generación hidroeléctrica del país y aumenta la presión sobre el mercado eléctrico.
La situación adquiere mayor relevancia porque la compañía podría depender cada vez más de compras de energía en bolsa, un escenario particularmente costoso en periodos de estrés climático.
Así, Ramiro Castilla, actual interventor, recibió una empresa endeudada, con problemas estructurales sin resolver y en un contexto climático que podría encarecer aún más su operación.
El tiempo se agota
Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de la Costa Caribe, resume el balance con una frase contundente: "Después de dos años de intervención, la situación empeoró en vez de mejorar".
la respuesta definitiva continúa sin aparecer. Foto:Air-e
Su diagnóstico coincide con una percepción cada vez más extendida entre expertos y actores del sector: la crisis de Air-e es estructural y demanda decisiones de fondo.
Entre las alternativas planteadas aparecen la inyección de recursos frescos, la modernización de la infraestructura eléctrica, la revisión del esquema tarifario y la creación de un modelo especial para atender las particularidades de la región Caribe.
Mientras tanto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ya anunció medidas de choque, entre ellas recursos por $1,5 billones para garantizar la operación de la compañía. Sin embargo, incluso quienes respaldan esa decisión advierten que se trata de un alivio temporal y no de una solución definitiva.
Dos años después de aquella intervención que prometía estabilizar el servicio y rescatar financieramente a la compañía, Air-e sigue siendo uno de los mayores desafíos del sector energético colombiano.
Las deudas crecieron, los problemas estructurales permanecen, los interventores fueron pasando uno tras otro y la respuesta definitiva continúa sin aparecer.
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Para una región donde la energía ha sido históricamente motivo de inconformidad ciudadana, preocupación empresarial y debate político, la pregunta es cuánto tiempo más podrá sostenerse un modelo que, dos años después de una promesa, todavía no encuentra la manera de salir de la crisis.
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