Expertos de ONU prevén que el régimen nicaragüense enfrentará rendición de cuentas dentro o fuera del país
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua advirtió este martes que la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo llegará dentro o fuera del país, tras presentar ante Naciones Unidas un informe sobre desapariciones forzadas y muertes bajo custodia desde 2018.
El presidente del mecanismo, el jurista alemán Jan-Michael Simon, sostuvo en declaraciones a EFE que la estructura de poder en Nicaragua enfrenta límites por su concentración en pocas personas. “Un régimen como el que opera en Nicaragua, y en la zona en la que opera, no es sostenible. En algún momento va a haber rendición de cuentas, si no dentro, fuera del país”, afirmó.
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Simon también describió al régimen como una estructura con una línea de mando débil. “Esto normalmente no sobrevive por mucho tiempo”, afirmó el experto, cuyo grupo fue creado en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El grupo presentó ante el Consejo su informe, titulado Anatomía de la crueldad estatal, que documenta ocho muertes bajo custodia ocurridas desde el inicio de la crisis política nicaragüense en 2018. El documento responsabiliza al régimen de Ortega y Murillo por esos casos.
Entre las víctimas figuran Humberto Ortega, hermano del copresidente, quien murió en 2024, y el líder indígena miskito Brooklyn Rivera. El informe también registra 161 casos de desaparición forzada desde 2018. De ese total, 29 personas continúan con paradero desconocido.
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Según Simon, el mecanismo identificó desde 2023 un cambio en el uso de las desapariciones forzadas. El experto señaló que ya no se trataría solo de una práctica dirigida contra la persona detenida o su entorno inmediato, sino de un recurso destinado a extender el temor entre familias y comunidades.
“El método ya no busca castigar a las personas, o a sus familiares cercanos, sino que más bien se utiliza como un instrumento para aterrorizar a familias, incluso comunidades enteras”, declaró a EFE.
El grupo de expertos indicó que también aumentó el tiempo durante el cual las víctimas permanecen privadas de libertad sin que se conozca su ubicación. En los primeros años de la crisis, esas situaciones duraban horas, días o semanas. Ahora, según Simon, pueden prolongarse por meses e incluso años.
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El presidente del mecanismo expresó preocupación por la vida de los 29 desaparecidos, a partir de antecedentes como el de Rivera. Las autoridades nicaragüenses comunicaron en mayo su muerte, después de más de dos años de detención arbitraria. Durante buena parte de ese período, el dirigente indígena permaneció en paradero desconocido.
El jurista estadounidense Reed Brody, integrante del grupo, afirmó que el caso de Rivera debe impulsar una respuesta externa. “La muerte de Rivera debería servir de llamada de atención a la comunidad internacional para que actúe”, dijo durante una rueda de prensa.
Brody remarcó que Nicaragua necesitará mecanismos internacionales mientras no cuente con instituciones capaces de investigar y sancionar los hechos. “Hasta que Nicaragua disponga de instituciones capaces de responder, la rendición de cuentas tendrá que venir de fuera”, señaló.
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El informe añade que ocho familiares y personas cercanas a Brooklyn Rivera se encuentran en situación de desaparición forzada. Según Brody, los casos ocurrieron después de que intentaran reclamar el cuerpo del líder indígena.
Para Simon, la desaparición forzada pasó a ocupar un lugar central dentro de la represión. “La desaparición de personas ya no es simplemente una consecuencia de la represión, se ha convertido en uno de sus instrumentos y, en particular desde 2023, la muerte bajo custodia es su consecuencia más irreversible”, advirtió.
Nicaragua abandonó el Consejo de Derechos Humanos en 2025, aunque el grupo de expertos continúa con el seguimiento de las violaciones documentadas desde el comienzo de la crisis política.
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