Entre protestas, bloqueos viales y un funcionario en el suelo: así avanza el paro judicial en 17 estados
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro nacional de labores para rechazar el nuevo sistema de evaluación de desempeño, al considerar que sus criterios podrían poner en riesgo la estabilidad laboral y la permanencia en sus puestos.
La jornada de movilizaciones comenzó durante la madrugada con el cierre, mediante cadenas, de la sede judicial de San Lázaro, en la Ciudad de México. Los inconformes advirtieron que mantendrían bloqueadas las instalaciones por tiempo indefinido y convocaron a protestas en al menos 17 entidades del país.
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Las manifestaciones también provocaron afectaciones viales, cierres de oficinas y momentos de tensión entre trabajadores y autoridades judiciales, entre los estados donde se reportaron movilizaciones se encuentran Nuevo León, Morelos, Sonora, Durango y Yucatán.
En Nuevo León, trabajadores del PJF bloquearon durante aproximadamente cuatro horas la avenida Constitución, en Monterrey, una de las principales vialidades de la ciudad.
Los inconformes comenzaron la movilización alrededor de las 9:00 horas con el cierre de oficinas judiciales y posteriormente se trasladaron a la avenida, donde ocuparon los carriles ordinarios y exprés.
La protesta ocasionó complicaciones para los automovilistas que circulaban por el centro de la ciudad. Alrededor de las 12:30 horas, los trabajadores se retiraron de la vialidad y avanzaron hacia la parte posterior de las instalaciones del Poder Judicial para sostener una reunión.
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Esther Nieto, trabajadora de la institución, explicó que uno de los desacuerdos está relacionado con la distribución de los porcentajes de evaluación, pues cuestionó el peso que tendrán las calificaciones otorgadas por los titulares y otros compañeros.
Aclaró que el personal no rechaza las evaluaciones, ya que constantemente participa en exámenes y actividades de capacitación, sino los criterios establecidos para determinar su desempeño.
En Durango, una manifestación derivó en un incidente cuando el titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano, se acercó a los trabajadores y terminó en el suelo.
Los empleados exigían respuestas sobre las evaluaciones que están previstas para diciembre y las posibles consecuencias que podrían tener para quienes no alcancen las calificaciones establecidas.
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En Sonora, trabajadores también realizaron una protesta para expresar su rechazo al nuevo mecanismo, al considerar que genera incertidumbre sobre su futuro dentro de la institución.
Mientras tanto, en Morelos, más de mil empleados adscritos al Décimo Octavo Circuito suspendieron actividades desde el jueves para manifestarse contra los criterios de evaluación.
En Yucatán, la movilización se realizó frente a la sede del Poder Judicial de la Federación, en el edificio de Petronila, en Mérida. Los trabajadores expusieron sus preocupaciones ante un magistrado del OAJ.
Entre los principales planteamientos de los inconformes en las distintas entidades destacan:
- Respeto a la antigüedad y trayectoria profesional.
- Garantías de estabilidad y permanencia laboral.
- Capacitación judicial continua.Reconocimiento a la experiencia y preparación del personal.
- Oportunidades de crecimiento dentro de la carrera judicial.
La inconformidad se relaciona con el acuerdo del OAJ que establece los mecanismos para evaluar al personal, como parte de los cambios derivados de la reforma judicial.
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Los trabajadores consideran que los criterios no reconocen suficientemente su experiencia y preparación, además de que podrían condicionar la conservación de sus plazas a los resultados obtenidos.
En Mérida, Enrique Alfonso Castillo López, secretario de un tribunal, señaló que los resultados podrían tener consecuencias sobre la continuidad laboral. También cuestionó que quienes ya aprobaron evaluaciones anteriores tengan que presentar nuevas pruebas.
Por su parte, en Morelos, Gloria Teresa Hernández García explicó que la protesta no busca evitar las evaluaciones, sino cuestionar las condiciones en las que se pretende aplicarlas.
Ante las movilizaciones, el Órgano de Administración Judicial rechazó que las evaluaciones programadas para diciembre de 2026 puedan provocar despidos o la pérdida de plazas.
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El organismo informó que esta primera aplicación tendrá un carácter exclusivamente diagnóstico, por lo que no habrá aprobación ni reprobación y los resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia del personal.
De acuerdo con el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación, los exámenes se realizarán los días 1, 4, 8 y 15 de diciembre para secretarios, actuarios y oficiales.
El OAJ explicó que el objetivo es identificar las necesidades de capacitación de los trabajadores y que la primera evaluación ordinaria con efectos legales se realizará después de concluir los cursos correspondientes.
El organismo también manifestó su respeto a la libertad sindical y al derecho de los empleados a expresar sus inconformidades, además de reiterar su disposición al diálogo.
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Mientras tanto, las protestas continúan en distintas entidades, en una jornada nacional en la que los trabajadores exigen garantías sobre sus condiciones laborales ante la implementación del nuevo sistema de evaluación.
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