Cundinamarca redujo la tasa de homicidios en 2026, registró 55 casos menos que en 2025: Soacha lideró el descenso con 26,4%

Entre enero y el 23 de septiembre de 2026, Cundinamarca registró 55 homicidios menos que en el mismo período de 2025. La cifra surge del último balance entregado por la Secretaría de Gobierno departamental y la fuerza pública, que atribuyeron el resultado a la articulación entre alcaldías municipales, autoridades departamentales y policía.

El departamento opera bajo tres jurisdicciones policiales, y el comportamiento no fue uniforme entre ellas. La Región Metropolitana de Policía Soacha (Mesoa) fue la que reportó la reducción más pronunciada, con una baja del 26,4% en homicidios. Le siguió el Departamento de Policía de la Sabana, con una disminución del 14%. En el Departamento de Policía de Cundinamarca, que cubre 92 municipios entre zonas rurales y urbanas, el descenso fue del 2,8%.

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Las autoridades explican la diferencia entre jurisdicciones por factores como densidad poblacional, extensión territorial y tipo de criminalidad predominante en cada zona. Soacha, por ejemplo, es uno de los municipios más poblados del departamento y ha sido históricamente uno de los que registra mayores índices de violencia, lo que podría explicar el peso relativo de su reducción dentro del balance general.

El reporte oficial vinculó estos resultados con la ejecución de más de 20.000 acciones desarrolladas entre enero y septiembre, entre las que se cuentan patrullajes, recorridos de inspección, consejos de seguridad, mesas de trabajo interinstitucionales y jornadas de atención a comunidades.

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Sobre la estrategia para lo que resta del año, las autoridades departamentales señalaron que el foco estará en sostener la tendencia a la baja en delitos de alto impacto. Para ello, dijeron, se trabaja en identificar los sectores que requieren refuerzo en el pie de fuerza, además de mejoras en logística y tecnología para la operación policial.

El reconocimiento oficial por estos resultados fue para los comandantes del sistema defensivo regional, el coronel Jorge Alberto Delgado Montoya, el coronel Miguel Ángel Díaz Llanos y la coronel Ana María Luquerna Rodríguez, cada uno al frente de una de las tres jurisdicciones mencionadas. La gestión desde la Secretaría de Gobierno departamental estuvo a cargo del general Luis Fernando Navarro.

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Tres de cada cuatro homicidios cometidos con arma de fuego en Colombia involucran armamento ilegal. La cifra, del 76%, corresponde a información de la Policía Nacional y ubica a las armas por fuera del control estatal como un factor central en la violencia letal del país.

Entender de dónde salen esas armas ha sido difícil. Solo desde 2024 la Dijín cuenta con el Módulo de Rastreo de Armas, Municiones y Explosivos, que sistematiza lo que se incauta. Según ese registro, en 2025 se decomisaron 21.593 armas de fuego, 359 más que el año anterior.

Del total incautado, el 73% era industrial y el 27% hechiza, es decir, fabricada de forma casera o modificada manualmente. Esta última categoría es la más compleja de seguir, pues las piezas de una misma arma pueden tener números de serie distintos e incluso provenir de países diferentes. Por tipo, predominan los revólveres (2.114), seguidos por los fusiles (483) y las pistolas (377).

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En cuanto al origen, en los últimos dos años Estados Unidos encabeza la lista con 4.343 armas, casi todas industriales. Turquía ocupa el segundo lugar con 3.923, en su mayoría traumáticas, un tipo de arma cada vez más usado en hechos delictivos. Les siguen las fabricadas en Colombia (2.054), Italia (718), Alemania (470) e Israel (383).

Las autoridades identificaron rutas de ingreso por la frontera con Ecuador, por Panamá y por Venezuela. Aun así, los registros permiten saber dónde se fabricó un arma, pero no necesariamente cómo llegó al país ni en qué momento pasó del mercado legal al ilegal, un vacío que limita la capacidad de las autoridades para cortar el flujo hacia las calles.