Cornell anunció una reforma profunda de sus protocolos de seguridad tras una denuncia de violación grupal en su campus
La Universidad de Cornell anunció una serie de cambios concretos en sus políticas de seguridad y vida universitaria tras la presión judicial e institucional generada por una denuncia de violación grupal ocurrida en 2024: suspendió todas las fiestas en casas de fraternidades, dispuso la intervención de investigadores de la Policía Estatal de Nueva York en las denuncias penales de agresión sexual y reforzó el acompañamiento a víctimas, informó AP News.
Las medidas fueron presentadas el martes 13 de octubre por el presidente de la institución, Michael Kotlikoff, en una carta a la comunidad del campus de Ithaca, en el estado de Nueva York.
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El detonante inmediato fue una demanda civil de una estudiante identificada como Jane Doe, que acusa a siete miembros de la fraternidad Chi Phi de haberla agredido sexualmente en octubre de 2024.
La presentación judicial también cuestiona el manejo institucional del caso por parte de Cornell. Aunque la universidad aplicó sanciones disciplinarias internas y cerró la fraternidad, el fiscal del condado de Tompkins no presentó cargos penales tras la investigación inicial. La fiscalía del estado reabrió la investigación a la luz de los nuevos elementos.
El primer cambio afecta directamente la vida social del campus. Todas las fiestas y eventos en casas afiliadas al Consejo Interfraternidades (IFC) quedarán prohibidas hasta el cierre del ciclo 2026-2027, con el objetivo de dar lugar a “una revisión exhaustiva de la vida de las fraternidades para determinar si y cómo puede continuar de manera segura”, según escribió Kotlikoff. La política es de tolerancia cero: cualquier fraternidad que incumpla recibirá una suspensión de emergencia inmediata, precisó AP News.
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La medida se da en un contexto de presión creciente. El 8 de octubre, el Concejo Municipal de Ithaca votó para vetar nuevos permisos de eventos para la universidad y sus agrupaciones estudiantiles.
Kotlikoff fue explícito sobre la urgencia: los cambios no esperarán a que concluya la revisión independiente encargada semanas atrás a la exfiscal general adjunta de Estados Unidos Sally Q. Yates. “Está claro que no podemos esperar los hallazgos de Yates para actuar”, afirmó.
El segundo cambio es quizás el más significativo en términos institucionales. Las denuncias de agresión sexual en el campus ya no serán investigadas por el cuerpo policial propio de Cornell —que, aunque con plenas atribuciones legales, depende directamente de la universidad— sino por la Policía del Estado de Nueva York.
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Los investigadores estatales, capacitados en atención al trauma, entrevistarán a las víctimas que opten por la vía penal y elaborarán los informes para la agencia legal competente.
El caso original siguió únicamente la vía interna. Cornell llevó adelante una investigación bajo el Título IX —la ley federal de igualdad en instituciones educativas— que derivó en expulsiones, suspensiones y el cierre de la fraternidad Chi Phi, pero sin derivación a la justicia penal. La procuradora general del estado, Letitia James, fue designada para revisar el caso.
El tercer eje de cambios apunta a la estructura institucional de acompañamiento. La Oficina de Derechos Civiles de Cornell incorporará personal adicional, con un gestor de casos dedicado a ayudar a las víctimas a navegar procesos universitarios como ayuda financiera, alojamiento y asuntos académicos.
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También se ampliarán los recursos en la oficina SHARE —Acoso y Agresión Sexual: Respuesta y Educación— y se reforzarán los programas de defensa de víctimas y prevención en todo el campus.
Cornell también comprometió la revisión de sus programas educativos en torno al efecto espectador y a la responsabilidad colectiva frente a la violencia sexual, con participación de docentes especializados y organizaciones nacionales de prevención.
Aunque la suspensión es temporal, las autoridades de Cornell no descartaron medidas de mayor alcance. Ryan Lombardi, vicepresidente de Vida Estudiantil y del Campus, señaló que la institución “tiene que mirar esto con cuidado y ver si puede ser líder”, en referencia al peso histórico de Cornell en el sistema de fraternidades y sororidades de Estados Unidos. Cerca de un tercio de los estudiantes participa en esas agrupaciones, según informó The New York Times.
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La revisión de Yates evaluará las prácticas universitarias frente a los requisitos del Título IX, la Ley Clery y la legislación del estado de Nueva York, además de las mejores prácticas reconocidas en educación superior.
Cornell indicó que trabaja en paralelo para desarrollar alternativas sociales seguras a la cultura de fiestas en fraternidades, con participación de estudiantes y docentes.
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