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Friday, November 20, 2026

¿Quién protege al afiliado frente a la AFP?

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Las pérdidas del Fondo E en 2026 volvieron urgente una pregunta que nuestro sistema previsional no ha respondido satisfactoriamente: si una AFP administra negligentemente los recursos previsionales, ¿quién puede exigir la reparación del daño y con qué herramientas?

La respuesta depende de la naturaleza jurídica del vínculo entre el afiliado y la AFP. Se ha sostenido que se trataría de un mandato. Sin embargo, el encargo de administración viene impuesto por la ley (art. 2° del D.L. N.º 3.500) y el afiliado no imparte instrucciones; puede cambiar de administradora, pero no prescindir de ella mientras sus recursos estén sujetos al sistema. Además, la AFP no gestiona bienes individuales del afiliado, sino un fondo común y separado, en el que este posee cuotas.

Cabe sostener que estamos ante un contrato forzoso, dirigido y de adhesión, cuyo objeto es administrar un patrimonio de afectación por cuenta y riesgo de los afiliados, con deberes fiduciarios fijados por la ley. El carácter de orden público de su regulación no excluye su naturaleza contractual ni la aplicación supletoria de las reglas de responsabilidad contractual. Así, acreditado el incumplimiento, correspondería a la AFP probar su diligencia (art. 1547 inc. 3° del Código Civil). Con todo, no toda pérdida revela negligencia, ni toda inversión rentable acredita una gestión diligente.

El daño puede alcanzar al afiliado de dos maneras. Cuando la AFP comete errores en su cuenta individual (cotizaciones o traspasos mal registrados, descuentos o pagos indebidos), afecta directamente su saldo. En tal caso, el afiliado puede reclamar ante la AFP y la Superintendencia, recurrir de protección cuando proceda o demandar el reintegro de los recursos y la indemnización de los demás perjuicios.

Cuando la AFP invierte negligentemente, en cambio, lo que disminuye es el valor de las cuotas, y la pérdida se distribuye entre todos los afiliados del fondo. Aunque el daño repercute en el patrimonio de cada uno, los artículos 148 y 149 del D.L. N.º 3.500 contemplan acciones en beneficio del fondo y la responsabilidad solidaria de los directores que hayan participado en la actuación, sin reconocer expresamente al afiliado legitimación para ejercerlas.

Se confía así la defensa del fondo a quien puede haber causado su perjuicio, lo que genera un conflicto de interés estructural. La Superintendencia puede ordenar a la AFP indemnizar al fondo, como ocurrió en el caso La Polar respecto de AFP Cuprum. Sin embargo, la tutela pública no debiera sustituir a la privada, pues ambas cumplen funciones complementarias.

¿Puede el afiliado demandar directamente? Podría, en principio, invocar la responsabilidad contractual de la AFP por la disminución de su saldo imputable a una gestión negligente. La objeción del daño reflejo adquiere aquí ciertos matices, pues el fondo carece de personalidad jurídica y sus cuotas pertenecen a los afiliados. Con todo, subsisten interrogantes sobre el alcance del artículo 149 y el riesgo de doble reparación, a lo que se suman los costos de litigación y las dificultades probatorias.

Desde la perspectiva del gobierno corporativo, el sistema previsional chileno presenta un déficit estructural, pues separa la propiedad de los recursos y la asunción del riesgo, que recaen en el afiliado, del poder de administrarlos, que ejerce la AFP, sin establecer suficientes contrapesos en favor de los titulares. Esta separación, propia de la administración profesional de intereses ajenos, exige mecanismos eficaces de control, rendición de cuentas y responsabilidad. ¿De qué sirve imponer deberes fiduciarios si quienes soportan las consecuencias de su infracción carecen de instrumentos suficientes para hacerlos valer?

La comparación revela una paradoja. El aportante de un fondo de inversión público, al que ingresa voluntariamente, cuenta con una asamblea que puede sustituir a la administradora (Ley N.º 20.712); en Estados Unidos, la ley ERISA permite al partícipe demandar al fiduciario en beneficio del plan; en Australia, los miembros de fondos de pensiones han recurrido a acciones colectivas; y en Colombia se reconoce al afiliado la condición de consumidor financiero.

En Chile, el afiliado no es accionista de la AFP ni goza de una protección equivalente a la del consumidor financiero. En 2024, la Corte Suprema rechazó la casación en una causa en que se pretendía aplicar la Ley N.º 19.496 a una AFP, al estimar que la relación con el afiliado es de orden público y no constituye un acto de consumo (Conadecus con AFP Modelo, Rol N.º 49.668-2024).

Desde abril de 2027, con los fondos generacionales, el afiliado verá aún más restringida su autonomía, pues ya no podrá elegir el perfil de inversión de su ahorro obligatorio. Los incentivos y penalizaciones por desempeño relativo que contempla la reforma no sustituyen la responsabilidad por una gestión negligente.

Se requiere reconocer al afiliado una acción derivativa especial, individual o colectiva, inspirada en el artículo 133 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, para demandar en beneficio del fondo a la AFP y a quienes resulten responsables. Reconocerla sin facilitar el acceso a la prueba sería una garantía meramente formal, pues los antecedentes que permiten distinguir una pérdida de mercado de una gestión negligente suelen estar en poder de la administradora. El tribunal debiera poder ordenar su exhibición y presumir la culpa ante la ausencia injustificada de los registros obligatorios. La indemnización debiera abonarse en las cuentas de quienes efectivamente soportaron el perjuicio, en proporción a sus cuotas, evitando una doble reparación. Esta acción tendría, además, un efecto preventivo.

Cuanto menor es la autonomía que la ley concede al titular de un patrimonio para decidir sobre su administración, mayor debiera ser la protección jurídica que le dispensa. El sistema previsional chileno parece operar en sentido inverso.

Por M. Fernanda Vásquez Palma, Profesora Titular de Derecho Comercial, Universidad de Talca

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