Presupuesto: Manouchehri logra aprobar nueva exigencia a La Moneda para transparentar test de drogas

Sin debate y en forma unánime fue aprobada la semana pasada una indicación del diputado Daniel Manouchehri (PS) que le pone una nueva exigencia de transparencia al gobierno en materia de test de drogas dentro de la Ley de Presupuestos 2027.

Debido a un acuerdo de la Comisión Mixta de Presupuestos, que presidió el senador Javier Macaya (UDI), para que todas las enmiendas sobre transparencia y solicitudes de información se aprobaran en forma automática, la propuesta de Manouchehri pasó prácticamente por un tubo a la siguiente etapa legislativa.

El legislador socialista, quien ya había instalado una obligación legal para que ministros y otras autoridades gubernamentales se sometieran obligatoriamente a estos controles en la Ley de Reajuste del Sector Público, ahora buscaría imponerle una mayor carga a La Moneda con un reporte periódico y pormenorizado al Congreso, que incluiría detalles como nombres, fechas, negativas, incumplimientos y situaciones pendientes.

Ley anterior

A inicios de año, al final del período presidencial de Gabriel Boric, ya había logrado que pasara una norma que puso en aprietos al actual Ejecutivo.

“Todos los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio al momento de asumir su cargo deberán someterse a un examen de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, examen que deberán repetirse al menos 2 veces al año, luego de asumido su cargo. El examen deberá realizarse a través de una muestra biológica de pelo y sus resultados serán públicos”, decía el artículo que pasó casi inadvertido y que fue aprobado sin mayor reparo por la Cámara y el Senado en enero de este año.

Esa disposición que quedó con calidad de ley permanente sorprendió a la nueva administración del Presidente José Antonio Kast en sus primeras semanas, ya que, según admitían en La Moneda, no sabían que existía un artículo —casi perdido en un centenar de medidas de una ley miscelánea con el Reajuste del Sector Público— que obligaba a las autoridades a someterse al control “al momento de asumir”.

Sin embargo, tras un requerimiento de Manouchehri para poner en jaque al gobierno a un mes de haber asumido, la Contraloría permitió que los test previos, a los que se sometieron los colaboradores de Kast antes de asumir, sirvieran para dar cumplimiento a la exigencia legal.

Esa medida había sido adoptada por el presidente electo por iniciativa propia y como medida de probidad, antes incluso de que se promulgara la disposición de Manouchehri en la Ley de Reajuste.

El problema es que esa exigencia igualmente le terminó incidiendo en la caída de una autoridad. El hoy exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez dio positivo en uno de estos controles y el gobierno cursó su salida el 23 de julio, a pesar de que él ha insistido en que no consumió sustancias ilícitas y que el procedimiento que le practicaron tenía errores.

Para dar respuesta a aquella polémica, Kast presentó una reforma constitucional para que todas las autoridades del Estado, incluyendo el Presidente de la República, jueces, fiscales y autoridades de las policías, además de parlamentarios y personal de gobierno, se sometan a estos exámenes. Aquella iniciativa, sin embargo, no ha tenido movimientos en la Cámara de Diputados.

Nueva exigencia

En su nueva arremetida, el diputado Manouchehri plantea que “el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol informará mensualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y, adicionalmente, a las Comisiones de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, sobre los recursos destinados a controles de consumo de drogas de autoridades, su contratación y ejecución, utilizando los antecedentes que obren legalmente en su poder”.

La enmienda hace referencia especial a la Ley de Reajuste del Sector Público y a cualquier norma que obligue a las autoridades en esta materia.

No solo eso. El legislador socialista pone una exigencia adicional, que hasta el momento no estaba regulada con tanto detalle. “El informe distinguirá autoridades obligadas, exámenes exigibles, practicados y pendientes, fecha del examen, laboratorio, gasto contratado y pagado y enlaces a los resultados cuya publicidad sea legalmente obligatoria”.

“Las negativas, inasistencias, muestras insuficientes, análisis pendientes y resultados analíticos validados se registrarán separadamente”, añade el nuevo texto.

“Se informarán las medidas administrativas y comunicaciones a órganos competentes efectuadas en cumplimiento de los deberes legales vigentes. La entrega y publicación se efectuarán conforme al artículo 35 de esta ley”, concluye la indicación de Manouchehri, con lo que remarca que el incumplimiento de esta exigencia conlleva sanciones administrativas.

Dado que su aprobación en la Comisión Mixta de Presupuestos ya se produjo, ahora depende de que la Cámara y el Senado den su consentimiento para que la nueva obligación de transparencia sea ley de la República.