La licencia social de la inteligencia artificial

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Anthropic escogió a Chile, entre nueve países del mundo, para instalar el primer Claude Impact Lab de Latinoamérica. El objetivo es traducir la regulación financiera a un lenguaje que la gente entienda, con la CMF, el SII y el Sernac sentados a la mesa. Es la señal que un país chico necesita. No fabricamos los modelos, pero sí podemos ser el lugar donde se prueban primero.

El problema es el contexto ciudadano en el que se da este titular. La encuesta ICSOH-UDP de agosto, aplicada por Ipsos a 1.500 personas, muestra un país que usa la IA y desconfía de ella al mismo tiempo: 69% la usó en los últimos seis meses, pero la desconfianza (44%) duplica al entusiasmo (22%). Y el dato que debiera incomodarnos: 76% cree que beneficia sobre todo a quienes tienen más recursos, y 73% que favorece más a las empresas que al Estado. Ocho de cada diez quieren que la ley garantice atención humana en bancos y servicios públicos. ¿Rechazo a la tecnología? ¿Desconfianza en sus resultados? ¿Está justificada?

Probablemente esto se pone más cuesta arriba cuando la última semana la discusión mundial sobre IA ha tomado ribetes distópicos.

Estados Unidos va un par de pasos más adelante, y vale la pena mirar que es lo que está pasando. En el país del norte la oposición a que se instale un data center en la propia comuna saltó de 49% a 61% en cuatro meses. Lo notable es que la opinión general sobre IA no se movió en ese mismo período. Lo que se movió fue la tolerancia a la infraestructura: el fierro, el agua, la electricidad. El rechazo no llegó con el debate sobre el futuro del trabajo, sino cuando el proyecto aterrizó en el barrio, transversal a demócratas, republicanos e independientes. Este será uno de los grandes temas de las elecciones de medio termino.

En Chile ya tuvimos el ensayo sobre esto. El data center de Google en Cerrillos acumuló cuatro años de conflicto por el agua, el Tribunal Ambiental anuló su aprobación y la construcción quedó en pausa. No lo detuvo la falta de permisos ambientales sino la falta de permiso social, que es otra cosa y que no otorga ninguna autoridad.

Acá viene la parte incómoda para quienes estamos en esto. Un estudio de MAS Analytics muestra que, si bien, la gran mayoría de las empresas chilenas ya ha explorado el uso de IA, un 28% ha implementado más allá de un piloto, y solo un 3,6% ha escalado iniciativas con retorno medible. Es decir, estamos pidiendo licencia social para una transformación cuyo beneficio todavía no somos capaces de mostrar. Sabemos que es crítico para dar un salto en nuestra productividad, permitir que nuestras empresas compitan mejor en el mundo y subir el nivel de salarios. Sin embargo, es difícil defender el próximo data center cuando no hemos explicado qué produjo el anterior.

La licencia social no la construye el Estado ni se gana con campañas. Se logra mostrando retorno y compartiéndolo. El desafío es que hoy hay más sensación de amenaza que certezas y beneficios. Para combatir esto necesitamos abrir la conversación por ambos lados: cómo mitigar los riesgos y cómo capturar sus beneficios.

Chile tiene una ventana de doce meses antes de que la discusión se polarice como afuera y que otras economías capturen el upside de esta tecnología. Sería una pena descubrir que el país elegido para traducir la regulación al lenguaje de la gente no supo explicarle, a esa misma gente, para qué servía todo esto.

Por Tomás Sánchez V., socio, Valoriza; Director, Politropia.

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