Exclusivo: La historia del predio ‘San Ramón’ y el rector de la Universidad de La Guajira: amenazas, despojos por la fuerza y abuso de poder

Como copropietario del lote figura el fiscal Rafael Francisco Rojas Orcasitas.

Un complejo entramado jurídico y familiar sobre “San Ramón”, un valioso terreno de más de tres hectáreas en Riohacha, ha derivado en un mayúsculo conflicto que salpica a la Universidad de La Guajira y llega hasta las más altas esferas de la justicia colombiana.

EL TIEMPO tuvo acceso a los documentos, por lo que pudo establecer que el predio ubicado sobre la carretera Troncal del Caribe, en inmediaciones de la Universidad de La Guajira y frente al SENA, fue adquirido mediante Escritura Pública 134 del 12 de marzo de 1976 por Margarita Victoria Ramírez de Rojas.

Décadas después, en 2010, Margarita Ramírez de Rojas vendió a la Universidad de La Guajira 4.206,89 metros cuadrados, quedando un área aproximada de 27.791,11 metros cuadrados.

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Tras la muerte de Margarita, el terreno pasó en sucesión en 2013 a favor de sus seis hijos: Carlos Luis, César Tulio, Doyler Kassin, Franklin Juscelino, Myriam Elizabeth y Zoraya Margarita Rojas Ramírez, desencadenando una escalada de negociaciones notariales, cesiones de honorarios y hasta litigios agresivos para desalojar a ocupantes ilegales.

En medio del litigio, el lote fue invadido por indígenas y familias wayús, por lo que se inició una acción revocatoria de dominio, lo que conllevó un posterior desalojo llevado a cabo por Rafael Francisco Rojas Orcasitas. De esta actuación emergieron reveladores chats anexados a los expedientes que exponen el nivel de hostilidad en la disputa patrimonial y de los cuales hablaremos más adelante.

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A medida que el terreno ganaba valor estratégico, los herederos comenzaron a negociar y fraccionar sus derechos entre ellos y a favor de terceros.

Uno de estos procesos fue la compraventa del 16,666% de los derechos de cuota de César Tulio Rojas Ramírez a su hijo Rafael Francisco Rojas Orcasitas, por $10 millones, según consta en el certificado de tradición, mediante escritura pública 1029 del 26 de mayo de 2023.

Sin embargo, los movimientos más destacados ocurrieron con las ventas efectuadas a la Universidad de La Guajira: primero en diciembre de 2010 y posteriormente en octubre de 2024 —después del desalojo—, cuando varios de los hermanos traspasaron el 30,3046 % adicional del predio al centro educativo, por un monto superior a los 1.094 millones de pesos. Esta fuerte inyección de capital convirtió al lote en el centro de disputas financieras feroces.

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De los honorarios de abogados a las ventas bajo sospecha y violencia verbal

Paralelamente a las transacciones con la universidad, revivió una millonaria cobranza derivada de un contrato de cuota litis —un acuerdo entre un abogado y su cliente en el que se fija que los honorarios profesionales dependerán del éxito del juicio—, suscrito en 2013 para recuperar la tenencia del predio.

Esta deuda por honorarios circuló mediante sucesivos contratos de cesión de crédito hasta llegar a manos de la firma Administración, Construcción y Suministros Limitada (Admicons Ltda.), representada por Luisa Elena Orcasitas Curvelo, madre de Rafael Francisco Rojas Orcasitas, la cual interpuso una demanda exigiendo más de $1.200 millones de pesos. Para frenar eventuales embargos, surgieron escrituras como la número 477 de marzo de 2025, señalada en estrados de ser una maniobra ficticia.

En el expediente reposan mensajes enviados vía WhatsApp a sus propios familiares tras el desembolso de Uniguajira y atribuidos a Luisa Orcasitas, en los que se refiere de forma deshumanizada a los desalojos ejecutados en el terreno y recrimina con severidad: “vendieron sin pagar lo que deben, ¿por qué no fuiste tú, tu hijo, tu esposa y los delincuentes de tus tíos a sacar a los indios?”.

Bajo este argumento, se justificaba que la firmeza y frialdad empleadas para expulsar a los ocupantes —familias wayús— eran lo que realmente les otorgaba el derecho y dominio mayoritario sobre el terreno, por encima del porcentaje formalmente heredado.

Amenazas, despojos por la fuerza 
y abuso de poder

El tono retador y amenazante se profundiza con la actuación de su hijo, Rafael Francisco Rojas Orcasitas, quien además es fiscal especializado antinarcóticos de la Nación, tras tomar posesión del lote, al parecer por la fuerza, mediante la edificación de muros y la apropiación de los derechos de cobro de los honorarios.

En el proceso divisorio, Rafael Rojas Orcasitas, a través de su apoderado Pedro Nell Jiménez de las Salas, argumenta en una respuesta a la demanda de división material y proposición de excepciones de mérito o de fondo que cursa en su contra en el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas de Riohacha, que se opone a la división material del inmueble por ser el poseedor del 83,3333%.

Incremento del 400% del valor real

“En calidad de propietario inscrito de la cuota parte equivalente al 16,666%, y poseedor material con ánimo de señorío y propiedad respecto del 83,3% del inmueble debido a que ha realizado obras, mejoras y construcciones a lo largo del tiempo de su ocupación”.

Dentro del proceso también figura un oficio enviado al Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Riohacha por parte de Esteban Eduardo Perozo Navarrete, quien aparece como apoderado de la empresa Armenta y Cía. Inversión Inmobiliaria S.A.S., representada por Josefa María Margarita Armenta Rojas, quien adquirió el 52,9954% de los derechos del predio, en el que incorpora una serie de mensajes por WhatsApp atribuidos a Rafael Rojas Orcasitas.

En las conversaciones atribuidas a Rojas Orcasitas, este fija su postura ante Josefa Armenta, el resto de la familia y copropietarios sobre la posesión del lote, advirtiendo que las actuaciones celebradas, que califica de ‘falsas e ilícitas’, van a ser objeto de denuncias penales: “El único propietario y poseedor de todo soy yo… Los invito a que alguno de ustedes haga las veces de señor y dueño”.

El chat termina con un mensaje que resume el tono de la confrontación: “caiga quien tenga que caer preso”.

EL TIEMPO conoció que esta conducta desafiante motivó que los directivos de la universidad llevaran el caso ante los tribunales. En las denuncias formales instauradas por el rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Julio, se advierte de manera directa sobre un sistemático abuso de poder y presuntas maniobras de extorsión que estarían siendo orquestadas por el fiscal Rojas Orcasitas para presionar acuerdos sobre el predio.

En su escrito de acusación, Robles asegura que el fiscal Rojas Orcasitas y Gnecco lo invitaron a un desayuno en Riohacha para proponerle la compra del lote “San Ramón”, de propiedad de la familia Rojas, aledaño a la universidad. En esa oportunidad, el rector les facilitó el celular de la asesora jurídica para que todo quedara en el marco de la legalidad.

El rector afirmó que se le habría planteado un precio de $12.500 millones, frente a un avalúo estimado de $2.500 millones, lo que representa un incremento del 400% de su valor. Esta transacción, de haberse concretado, habría implicado un grave detrimento patrimonial para la universidad y, por ende, para los recursos públicos.

Denuncias penales y solicitudes 
a la Fiscal General

La tensión fue escalando hasta alcanzar su punto máximo, luego de que el rector Robles Julio radicara una denuncia penal ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. En el escrito y sus posteriores ampliaciones, Robles acusó formalmente al fiscal Rafael Francisco Rojas Orcasitas y a Eddie José Gnecco de incurrir en presunta extorsión y persecución, alegando exigencias económicas por 5.000 millones de pesos, al parecer bajo amenazas explícitas de incriminaciones judiciales prefabricadas.

Hoy, la disputa por el lote “San Ramón” se litiga simultáneamente en varios frentes: las acciones civiles por el cobro de honorarios por parte de Rafael Rojas Orcasitas a sus familiares; el proceso divisorio del predio; querellas por perturbación de propiedad y posesión del comunero minoritario y el expediente penal en la Fiscalía General de la Nación.

Entre disputas familiares marcadas por mensajes despectivos, presuntas ventas ficticias e investigaciones a altos funcionarios, la Universidad de La Guajira permanece atrapada en el centro de un terreno cuya legalidad y titularidad continúan fuertemente cuestionados.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

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