El expresidente Federico Franco apuntó contra Santiago Peña: “Es el robo más grande de la historia del Paraguay”

El expresidente de Paraguay Federico Franco acusó a Santiago Peña de haber utilizado el poder del Estado para favorecer a Ueno Bank mediante el direccionamiento de recursos públicos hacia la entidad financiera. En medio de la crisis política y financiera que atraviesa el país, calificó el episodio como “el robo más grande de la historia del Paraguay”.
En una entrevista en Infobae al Regreso, Franco, quien gobernó entre 2012 y 2013, también apuntó contra el vicepresidente Pedro Alliana y el expresidente Horacio Cartes, referente del Partido Colorado. Para el exmandatario, las responsabilidades alcanzan a distintos organismos estatales y no se limitan a las autoridades del banco.
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El dirigente vinculó el origen de la controversia con las modificaciones normativas impulsadas durante los primeros meses de la gestión de Peña. “El presidente Peña presenta al Congreso durante los primeros meses de su mandato cuatro o cinco paquetes de leyes”, señaló.
Además, cuestionó la circulación de funcionarios entre Ueno Bank y el Banco Central. “El presidente de Ueno Bank pasa a ser presidente del Banco Central. Y el presidente del Banco Central, como si fuera un partido de ajedrez en un enroque, pasa a ser presidente de Ueno Bank”, afirmó.
El principal cuestionamiento de Franco estuvo dirigido al destino de los recursos estatales y previsionales. Según denunció, una parte importante de esos fondos terminó depositada en Ueno Bank.
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“Toda la plata, o por lo menos gran parte de la plata, para ser más justo en la apreciación, va a este banco que tenía poca credibilidad”, sostuvo.
Entre los organismos involucrados mencionó al Instituto de Previsión Social (IPS), a Petróleos Paraguayos (Petropar) y al Ministerio de Economía. “¿Quién fue el que le dio al presidente la autoridad para que él decida que la plata del Instituto de Previsión Social, la plata de la compra de combustible para Petropar o la plata del Ministerio de Economía para la jubilación de los funcionarios paraguayos vaya toda a Ueno Bank?”, cuestionó.
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Franco reconoció que Peña dejó de tener un vínculo directo con la entidad a mediados de 2025. “Él estuvo hasta mediados del 2025. En honor a la verdad, salió”, aclaró, aunque señaló que todavía existen relaciones familiares con el banco.
El expresidente consideró que los hechos podrían involucrar delitos como tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. “Se utilizó el poder que tenía él como presidente de la República para destinar este dinero público a ese banco”, afirmó.

También cuestionó la expansión comercial de la entidad y sus vínculos con el fútbol paraguayo. Como ejemplo, mencionó los presuntos atrasos en los pagos a jugadores de la selección nacional y al entrenador Gustavo Alfaro. “Se quedaron sin cobrar los jugadores de la selección paraguaya. El técnico, Alfaro, se quedó sin cobrar”, denunció.
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Franco sostuvo que la crisis también compromete a distintos organismos del Estado. Entre los sectores que cuestionó mencionó al Congreso, los ministerios de Economía, el Banco Central, el Instituto de Previsión Social, la Corte Suprema y la Fiscalía General.
“El fiscal general no hizo absolutamente nada. La Corte Suprema, cuando se presentaron los documentos, tampoco pidió que se investigue”, afirmó.
Sus críticas alcanzaron a la conducción del oficialismo. “Esta es una responsabilidad del presidente Santiago Peña Palacios, del vicepresidente Pedro Hércules Alliana Rodríguez y del partido de gobierno, que fue el que prohijó y permitió que todo esto ocurra, Horacio Manuel Cartes Jara”, expresó.
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Al analizar el respaldo de legisladores colorados al avance del proceso contra Peña, Franco interpretó que existe una disputa interna por el control del partido. “Hay una disputa de poder entre el expresidente Horacio Cartes y el dueto de Peña con Alliana”, señaló.
El exmandatario aseguró que las advertencias sobre el funcionamiento de Ueno Bank habían sido formuladas antes de que estallara la crisis y sostuvo que distintos sectores de la oposición habían presentado denuncias sobre el manejo de los fondos.
Para dimensionar la gravedad del episodio, recurrió a una comparación histórica: “Nunca, nunca en la vida. Ni durante la guerra del 70 el Paraguay fue saqueado en forma tan grosera y alevosa como fue saqueado en esta ocasión”.
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El expresidente también se refirió a la situación de los clientes de Ueno Bank y a las medidas adoptadas para contener las consecuencias de la crisis. En particular, mencionó la ampliación del mecanismo de garantía de depósitos aprobada por el Congreso.
“Ayer el Congreso tomó la decisión de ampliar una ley y en esa ley se establece que hasta cuarenta jornales se le va a comenzar a abonar en los próximos días”, explicó.
Sin embargo, cuestionó que el costo de cubrir los depósitos pueda recaer sobre el resto del sistema financiero. “¿Es lógico, es lícito que los bancos que estuvieron creando ese soporte, ese fondo de garantía, puedan pagar la irresponsabilidad de esta gente y que esta gente se vayan como si nada?”, planteó.
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Sobre el futuro de la entidad, consideró que podría ser adquirida por otra compañía, preferentemente paraguaya, o cerrar sus operaciones. También reclamó investigar el destino de los recursos y recuperar los activos que, según denunció, fueron adquiridos durante la expansión del grupo empresarial. “Tenemos que ir detrás de los directivos. Tenemos que recuperar toda la inversión. Compraron radio, compraron canal de televisión, compraron diario, compraron empresa de viaje”, enumeró.
En el plano político, Franco respaldó el rechazo del Congreso a la renuncia de Peña y la continuidad del juicio político. A su entender, una dimisión habría permitido al mandatario evitar las consecuencias institucionales del procedimiento.
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“El oficialismo se retiró porque veían perder su propuesta, que era, hablando mal y rápido, exonerar de pena y culpa a Peña”, sostuvo al referirse a la posición de los legisladores colorados durante la sesión.
Franco señaló que el Senado ya había asumido el papel de órgano encargado de juzgar políticamente al presidente y que los fiscales habían comenzado a presentar sus argumentos. También remarcó que se trata de un procedimiento político, diferente de un juicio penal ordinario.
La crisis, advirtió, también tiene consecuencias económicas. En ese sentido, mencionó la depreciación del guaraní como una de las señales del impacto de la incertidumbre institucional. “Tuvo una devaluación tremenda. Hoy estábamos bien como moneda y hoy tuvimos una tremenda devaluación. Esto nos perjudica a todos”, señaló.
Por último, explicó las consecuencias constitucionales que, según su interpretación, tendría una eventual renuncia de Peña frente a la continuidad del juicio político. Sostuvo que un presidente que completa su mandato puede acceder a una banca de senador vitalicio, mientras que quien es sometido a juicio político queda excluido de esa posibilidad y su causa puede ser remitida a la Justicia.
“El presidente de la República electo y que terminara el mandato será senador vitalicio. Punto. El que fuera sometido a juicio político no podrá ser senador vitalicio y su causa será remitida a la Justicia”, concluyó.
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