El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía por Malvinas de Milei despertó fuertes críticas: las razones

El nuevo proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional del Gobierno sobre la soberanía de Malvinas que deberá debatirse en el Congreso genera fuertes resquemores en la oposición y en sectores de la prensa. Enviado finalmente este jueves 17, a dos semanas de la cadena nacional de Javier Milei en la que prometió mayores sanciones para las empresas que operen en el disputado archipiélago, y una mayor presencia militar en el Atlántico Sur, contiene aspectos que exceden la política exterior y el conflicto con el Reino Unido.

Se espeja en modelos de Estados Unidos para con sus enemigos. Y se superpone con legislación ya existente y se extralimita con derechos constitucionales incluso sobre la libertad de expresión.

El nuevo proyecto desató críticas y reparos por parte de sectores opositores, constitucionalistas y entidades periodísticas.

La lectura del texto enviado al palacio legislativo decanta claramente algo mayor, en donde las Malvinas son la puerta de entrada legislativa para construir un sistema mucho más amplio de Seguridad Nacional, que cruza política exterior, economía, inteligencia, ciberseguridad, Defensa, terrorismo, infraestructura crítica y hasta una supuesta desinformación.

El contenido del proyecto usa la fórmula del FERNET, 30/70
30% Malvinas, 70% paranoia presidencial y estado de excepción 👇 https://t.co/wQrRzpXP9k

— EstebanPaulon (@EstebanPaulon) September 18, 2026

Introduce zonas de tensión o posibles conflictos de competencias y garantías constitucionales, que eventualmente deberán ser evaluados por el Congreso y, si hubiera litigios, por la Justicia, ya que hay superposiciones muy concretas con leyes vigentes: Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional.

El diputado socialista Esteban Paulón fue el más irónico al describir irónicamente que el “contenido del proyecto usa la fórmula del FERNET, 30/70: 30% Malvinas, 70% paranoia presidencial y estado de excepción”, mientras que el diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, dijo que “el presidente que se inventó que durante 2025 sufrió un intento de golpe de Estado, con siete intentos de juicio político incluidos, y que este año acusó a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia para montar campañas de desprestigio contra el Gobierno quiere una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera de querer desestabilizarlo. Esto es muy peligroso”, escribió Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Si bien los 133 artículos del proyecto de ley enviado al Congreso se justifican en la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, se trata, en realidad, de un proyecto de ley que va bastante más allá del conflicto con el Reino Unido e introduce elementos muy conflictivos. Como el artículo más polémico (el 111), que propone penas de 5 a 12 años de prisión (y de 8 a 15 años si median agravantes) para quienes alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación financiadas por actores extranjeros.

Abogados constitucionalistas y entidades periodísticas como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtieron que se trata de una figura penal muy abierta, ambigua e indeterminada. Señalan que esto puede derivar en persecución política, censura previa o autocensura en el debate democrático y el ejercicio periodístico.

Varios legisladores aliados a los libertarios, pero también críticos de los mismos, reconocieron las enormes dificultades que tendrán para pasar la nueva normativa del Congreso, con la que Milei introduce elementos ajenos a Malvinas, en los que, para introducir su nueva ley, que se basa en el mismo modelo de la 26.659 del kirchnerismo, critica lo actuado anteriormente y refunda una nueva doctrina de seguridad nacional a través de un conflicto de soberanía con el Reino Unido.

Los asesores de Paulón hicieron un estudio título por título, donde analizaron el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con sus 133 artículos y VIII enviados ayer por el Poder Ejecutivo, y lo cotejaron con el marco normativo vigente en materia de defensa, seguridad interior e inteligencia (las leyes N° 23.554, 24.059 y 25.520), con la ley N° 26.659 del kirchnerismo que el proyecto busca derogar, y con antecedentes recientes de reforma por decreto (el 614/2024, el Decreto N° 941/2025, el 278/2024 y el 1021/2026).

Cotejaron dos planos que el proyecto presenta como inseparables, pero que, normativamente, no lo son: (i) el régimen sancionatorio vinculado en forma directa y específica a la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Plataforma Continental Argentina (Título I y, parcialmente, el Capítulo 2 del Título III); y (ii) una reforma estructural, permanente y de alcance general del sistema de defensa, seguridad e inteligencia del Estado (Títulos II, IV, V, VI, VII y VIII), que no tiene límite temporal, no se circunscribe a la Cuestión Malvinas y modifica leyes marco que son producto de consensos democráticos post-1983.

El presidente que se inventó que durante 2025 sufrió un intento de golpe de Estado con siete intentos de juicio político incluidos y que este año acusó a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia para montar campañas de desprestigio contra el gobierno quiere… https://t.co/BRvRT0sB5D

— Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) September 17, 2026

Y concluyeron que lo que hace al régimen sancionatorio (administrativo y penal) por explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y la Plataforma Continental, que deroga la Ley 26.659, “sí es parte del núcleo genuinamente vinculado a la causa Malvinas”. Que la creación del Sistema de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente, como órgano rector permanente, “no [es] diseño institucional general y permanente”.

Por cierto, integrado por el Jefe de Gabinete, el Canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia y el secretario de Legal y Técnica, el Consejo podrá disponer medidas de emergencia, como restricciones financieras, bloqueo de activos, suspensión de contratos o autorizaciones y aumentos temporales de derechos de importación o exportación, sujetas a control judicial. Milei vuelve a crear una política nacional en espejo a la de los Estados Unidos, su principal aliado.

Sin contar que el Presidente y su equipo utilizan contra el Reino Unido y las empresas que operen unilateralmente en las islas del Atlántico Sur que Argentina reclama una retórica sancionatoria como Washington hacia sus enemigos —lo que Londres podría llamar “embargos”, dijo una alta fuente a este diario crítica con lo que se está realizando—, el nuevo proyecto de ley habla de la protección aeroespacial, marítima/fluvial/lacustre (interceptación, inutilización, hundimiento) e infraestructuras críticas. Por un protocolo naval de aplicación de ello en el Atlántico Sur, y el resto es de alcance general, fuentes diplomáticas consultadas por Clarín señalaron además que los documentos firmados entre Londres y Buenos Aires entre 1989 y 1990 para reanudar sus relaciones interrumpidas por la guerra de 1982 estipulan medidas de confianza que podrían ser socavadas por toda esta legislación que pretende introducir el Gobierno.

Las infracciones administrativas contempladas por “afectación o amenaza a la Seguridad Nacional”, las sanciones y medidas de seguridad dispuestas por el Consejo de Seguridad Nacional “redefinen la Defensa Nacional”, indica el texto crítico de los asesores legislativos del socialista.

Mientras que el intento de prohibir financiamiento político extranjero y la creación de nuevos tipos penales, que ya están en el Código Penal, por injerencia extranjera, espionaje y desinformación son, como se dijo, de extrema peligrosidad y se relacionan con el régimen penal y electoral general y no tienen que ver con Malvinas; la elevación al rango legal del RePET (Registro de Personas y Entidades vinculadas a Terrorismo y su Financiamiento) no tiene nada que ver con el conflicto de Malvinas y hace al régimen general de lucha contra el financiamiento del terrorismo.

Desde el Gobierno señalan, por su parte, que “para quien actúa por cuenta y orden de un Estado u organización extranjera para generar campañas de desinformación masivas en el territorio, no para perseguir al periodismo. Es decir: se deberá demostrar que la campaña fue masiva y que se actuó por cuenta y orden de un Estado extranjero o con su financiamiento”.

Otro aspecto peligroso, sostiene el análisis sobre el proyecto de ley, son las llamadas Disposiciones transitorias: reforma puntual de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y ratificación de un decreto reciente sobre personal de la SIDE que no tiene ningún punto de conexión con el conflicto por Malvinas.

Dicen, por su parte, los asesores de Juliano: “El expediente no puede ser examinado exclusivamente como una iniciativa sobre Malvinas o soberanía de los recursos naturales. Su consecuencia institucional más relevante es la reorganización de las relaciones entre Defensa Nacional, Seguridad Interior, inteligencia y Seguridad Nacional, ámbitos que el sistema jurídico argentino ha mantenido históricamente diferenciados”.

La Ley 23.554 establece actualmente que la Defensa Nacional debe utilizar las Fuerzas Armadas para enfrentar agresiones de origen externo y ordena expresamente mantener la “diferencia fundamental” entre Defensa Nacional y Seguridad Interior. A su vez, la Ley 24.059 regula específicamente la Seguridad Interior, la atribuye primordialmente a las fuerzas policiales y de seguridad y contempla el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional solo bajo supuestos excepcionales y específicamente regulados.

Es sobre ese modelo institucional donde deben medirse las reformas propuestas. En este punto, el exministro de Defensa y hoy diputado Agustín Rossi también se refirió a la ley durante una entrevista de radio, en la que llamó al proyecto “caballo de Troya”. Y cuestionó el proyecto porque, tras un primer título sobre sanciones por actividades vinculadas con Malvinas, crea un Consejo de Seguridad Nacional con facultades legislativas y judiciales, procedimientos administrativos sin garantías y criterios vagos para sancionar a personas u organismos financiados desde el exterior. También amplía el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior al reemplazar la palabra “agresión” por la de “amenaza”.

“Ocurre que esto modifica la ley de Defensa y permite que las Fuerzas Armadas actúen de manera convencional y no convencional. No especifica qué es no convencional, todos lo suponemos, pero ahí hay una puerta claramente para que las Fuerzas Armadas se metan en cuestiones de seguridad interior. Sabemos que convencional es cuando las Fuerzas Armadas se enfrentan a un conflicto bélico con otro Estado; no convencional deja abierta la puerta, la ventana, para muchas interpretaciones. Cambia también en la ley de Defensa el término agresión por amenaza. Nosotros teníamos que las Fuerzas Armadas podían reaccionar ante una agresión militar o externa. En este caso, ahora, ante una amenaza. El término amenaza es muchísimo más difuso, es muchísimo más amplio”, dijo.