La regulación también debe evaluarse

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El caso del Fondo E ha generado debate. La Cámara aprobó una comisión investigadora, la Superintendencia de Pensiones inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP y la Contraloría pidió antecedentes sobre su fiscalización. Todo ello es necesario. Pero falta una pregunta: ¿qué papel tuvo la regulación en este resultado y quién evalúa su calidad?

Un estado efectivo requiere evaluación y modernización permanente. Eso implica digitalizar trámites, simplificar procedimientos o mejorar la atención. Pero también exige saber si las funciones públicas y las reglas con que se ejercen están cumpliendo sus propósitos.

Chile evalúa programas públicos, principalmente a través de la Dirección de Presupuestos. Pero evaluar un programa no equivale a evaluar una regulación. Los programas públicos tienen presupuestos que permiten identificar sus costos. Las regulaciones, en cambio, imponen obligaciones a empresas y personas cuyos costos no necesariamente aparecen en las cuentas fiscales. Sin embargo, generan incentivos y producen consecuencias que deben ser evaluados.

El problema no es solo técnico, sino también de incentivos. Las autoridades tienen razones para dictar nuevas normas (normalmente cuando se genera una crisis), pero menos razones para revisar las existentes, reconocer sus defectos o eliminar aquellas que han perdido su justificación. Vivimos en un mar de reglas: según la CNEP, la Biblioteca del Congreso Nacional reúne cerca de 400 mil normas, y nuestro país carece de un catastro consolidado de aquellas vigentes y de un sistema generalizado para evaluar sus resultados.

El Fondo E ilustra el problema. Expertos han advertido que la regulación privilegia límites por clase de activos sin incorporar adecuadamente medidas de riesgo integral de las carteras. La información conocida hasta ahora indica que el problema se venía advirtiendo hace ya un par de años. Sin embargo, recién en abril de este año, la Superintendencia perfeccionó las exigencias para derivados, con un período de adecuación para algunos límites. ¿Fue adecuada y oportuna esa intervención? Necesitamos saberlo.

En cualquier caso, las pérdidas no se explican sólo por defectos regulatorios. Por eso, se requiere una evaluación que distinga el rol de las condiciones de mercado, las decisiones de inversión y las reglas que las condicionan.

El desafío es institucional. Los reguladores elaboran normas, supervisan y sancionan, pero la evaluación independiente de sus decisiones y supervisión es menos sistemática. Hay experiencias útiles: en el Reino Unido, una comisión parlamentaria examinó al regulador de pensiones tras la crisis de derivados de 2022; en Estados Unidos, la Reserva Federal revisó autocríticamente su supervisión de Silicon Valley Bank; en Australia, un panel externo evaluó al supervisor financiero en 2019 y formuló 24 recomendaciones. Evaluar al regulador lo fortalece.

Propongo usar el caso del Fondo E como un piloto: un panel asesor de cinco expertos independientes, convocados por Hacienda y Trabajo, con 120 días para entregar un informe público. No buscaría culpables, sino evaluar si el régimen permitía medir los riesgos, si la supervisión tenía las herramientas necesarias, si las actuaciones fueron oportunas y qué cambios evitarían problemas similares. La autoridad debería responder cada recomendación.

Chile no parte de cero: tiene informes de impacto regulatorio para iniciativas del Ejecutivo, evaluación de leyes y exigencias del Estatuto Pyme de evaluación ex-ante de las regulaciones. Este año, además, la CNEP elaboró una guía de evaluación ex-post de impacto regulatorio. Son avances fragmentados, pero son valiosos. Deben convertirse en una práctica sistemática, con criterios comunes, evaluaciones independientes y consecuencias para las normas que no cumplen sus objetivos.

Evaluar no desconoce la complejidad de regular ni la protección de objetivos públicos. Las instituciones deben aprender y corregirse. Preservar sistemas que han demostrado sus virtudes, como la capitalización individual, exige corregir con prudencia sus reglas. Las normas son instrumentos, no fines. Quien impone reglas debe aceptar que las suyas se sometan a prueba. Un Estado moderno no solo exige cumplir sus normas: tiene que demostrar que las suyas funcionan.

El autor de la columna es Director Ejecutivo FARO UDD

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