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Wednesday, November 18, 2026

Jorge Correa Sutil y tercer capítulo de la AC contra Rabat: “El ministro faltó a la verdad y creo que hay una falta de la probidad”

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Alonso VatelPor 

En la víspera de ser entrevistado en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el exministro del TC y exsubsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, leyó minuciosamente el texto de 189 páginas que ingresó la oposición para acusar constitucionalmente al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

No quería dar una opinión al voleo. En materia jurídica Correa Sutil es una voz respetada y muchas veces referenciada por diversos sectores.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Juan Manuel Ojeda, el abogado hizo un repaso de los tres capítulos del líbelo, distanciándose de los argumentos de los dos primeros y dando sustento al tercero.

El gobierno ha argumentado que el ministro no infringió la Constitución, no hizo nada ilegal y no cometió ilegalidad desde el punto de vista administrativo. ¿Qué dice usted?

Es la pregunta del millón (sonríe). Digamos las cosas formales primero. Estamos ante una acusación que identifica las conductas que dice que son infractoras con mucha claridad, que describe exactamente las normas legales y constitucionales que se ven infringidas y le atribuye esas conductas al ministro y dice por qué son del ministro y por qué son graves. Creo que eso es un mérito de la acusación (...). Tiene tres capítulos. En el primero y segundo se reprocha al ministro haber otorgado beneficios tanto para (abusadores de) menores como para personas que cometieron delitos de lesa humanidad. El primero dice que es una infracción a la ley porque esas conductas estaban prohibidas por la ley de 2022, estaba prohibido concederle a quienes habían cometido delitos sexuales contra menores el beneficio. Creo que esa es una acusación que no debiera prosperar.

¿Por qué?

La ley se dictó en 2022 y hay una duda legítima, me parece a mí, respecto de si esa prohibición de dar el beneficio se aplicaba a los delitos cometidos antes del 2022 o no. La jurisprudencia ha dicho una cosa y ha dicho otra, por lo tanto, me parece que decir que ahí hay una clara infracción de ley no es cierto, no tiene mérito. Luego se dice que el ministro no consideró el interés superior del niño. Creo que es cierto que el ministro no lo consideró (...) pero si la acusación fuera de que por esa razón el ministro tenía que negar los permisos a mí no me convence esa argumentación. El interés superior del niño no es un bien absoluto en el derecho, no hay ningún bien absoluto en el derecho (...).

Vamos al capítulo 2

En el capítulo dos se dice (que el ministro) le otorgó beneficios (a personas que cometieron) delitos de lesa humanidad y no se les pueden otorgar beneficios porque la Corte Interamericana de DD.HH. ha dicho que en esos casos es indispensable que el condenado haya colaborado con la acción de la justicia, haya mostrado alguna forma de arrepentimiento y haya cumplido tres cuartas partes de la pena. Ahí la cosa ya no depende por el valor que tú des al interés superior del niño, sino que depende ahora del valor que tú le des a las sentencias de la Corte Interamericana de DD.HH. Si a ti te parece que hay un deber del Estado de respetar como doctrina general un fallo de la Corte Interamericana hay una infracción de ley, (pero) si estimas que ese deber, llamado de convencionalidad, no existe, que los funcionarios públicos chilenos tienen que cumplir con la Constitución, las leyes chilenas y tienen que estar atentos, naturalmente, a interpretarla conforme a la Corte Interamericana, pero que no tienen la obligación de respetarlo, ahí no hay infracción de ley. Soy de los que creo en la segunda tesis, de que no hay obligación de respetar las doctrinas como doctrinas generales de lo que haya fallado la Corte Interamericana. Pero ahí hay de nuevo una concepción del derecho que parte aguas en el sentido del mérito que tú le des.

¿Qué opina del tercer capítulo?

El tercer capítulo, que mí me parece por lejos el más sólido y el más serio, es que el ministro faltó a la verdad, incumplió su deber de actuar con lealtad y honestidad, que es parte de las obligaciones de probidad que establecen la Constitución y la ley. Me parece que el ministro efectivamente incurrió en esa falta, que al intentar exculparse primero en los propios decretos, luego ante la opinión pública, y enseguida ante la Comisión de Constitución del Senado y de la Cámara, el ministro falseó la verdad, hizo un ardid con el objeto de exculpar su responsabilidad, señalando dos cosas que no son ciertas. La primera es que estaba obligado por la jurisprudencia de la Corte, en condiciones de que la jurisprudencia no obliga y que no había jurisprudencia tampoco. Dos, que estaba obligado por las comisiones de calificación que tiene el Ministerio de Justicia para ver estos casos, cosa que tampoco es cierta (...). El ministro no puede decir ninguna de las dos cosas, ni que estaba obligado por la comisión ni que estaba obligado por la jurisprudencia. El ministro en eso faltó a la verdad y creo que hay una falta de la probidad. Queda solo por determinar si esa infracción es de suficiente gravedad para destituir.

¿Es de una magnitud tal que amerite la destitución? Alguien podría decir que fue un error

Eso tiene que juzgarlo la Cámara. A mí me parece que es imposible sostener que hay un error. Si hubiera un error ciertamente no hay un incumplimiento del deber de lealtad y honestidad. Los ministros tienen que estar bien informados, pero si están equivocados no faltan a la probidad. En este caso el ministro sostiene dos tesis que son insostenibles. Cuando dice a mí me obliga la comisión, yo meramente formalizo lo que la comisión ya decidió, el ministro falsea la verdad. Primero, porque es él el que resuelve (...). Lo que absolutamente no es discutible es que las comisiones tengan la última palabra en pronunciarse si estamos o no ante un caso de excepción. Eso no es cierto. Tampoco es posible sostener que la jurisprudencia -que es la excusa que el ministro da más reiteradamente-, lo obligaba a otorgar estos beneficios. Primero, había jurisprudencia contradictoria (...) y, en segundo lugar, porque el ministro sabe, como sabemos todos los abogados, que la jurisprudencia no obliga.

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