Delincuencia también golpea a la economía: cuánto le cuesta al Perú producir e invertir bajo mayor inseguridad
La inseguridad también tiene un costo económico. Empresas que contratan vigilancia adicional, refuerzan locales, modifican rutas de distribución o destinan más recursos a proteger sus operaciones terminan incorporando un gasto que no existiría —o sería menor— bajo condiciones de menor riesgo.
Una estimación recogida por la Defensoría del Pueblo permite dimensionar ese impacto. Los costos directos del crimen y la violencia en Perú representaron, en promedio, el 2,82% del PBI en 2022, según un estudio de Pérez-Vincent y otros autores publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De ese total, 1,88% del PBI correspondió al gasto privado en seguridad, mientras que 0,46% estuvo asociado al sector público y 0,49% a pérdidas de capital humano.
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La estimación no mide cuánto deja de crecer actualmente la economía peruana por efecto de la delincuencia, pero sí muestra el volumen de recursos que debe destinarse directamente a enfrentar sus consecuencias. Para una empresa, esos gastos pueden traducirse en vigilancia, seguros, sistemas de protección o medidas adicionales para mantener funcionando sus operaciones.
Y el problema sigue vigente. Entre enero y junio de 2026, el Ministerio Público registró 12.634 delitos denunciados por extorsión y chantaje, un promedio de 70 al día. De ellos, 11.946 correspondieron específicamente a extorsión. Más de la mitad de los casos se concentró en cinco distritos fiscales: Lima Este, La Libertad, Lima Centro, Lima Norte y Lima Sur.
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El costo de protegerse para seguir operando
Un robo genera una pérdida inmediata y visible. El impacto de la inseguridad sobre una empresa, sin embargo, puede empezar mucho antes.
Contratar más personal de vigilancia, instalar cámaras y sistemas de acceso, elevar la cobertura de seguros o modificar horarios y rutas logísticas son decisiones que aumentan los costos de operación. Una empresa también puede reducir actividades en determinados horarios, evitar ciertas zonas o postergar una expansión si considera que las condiciones no permiten operar con suficiente previsibilidad.
El impacto puede ser particularmente difícil de absorber para pequeños negocios y comercios, que disponen de menos margen para incorporar gastos extraordinarios sin trasladarlos a precios, reducir rentabilidad o recortar otros desembolsos.
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La Defensoría advierte, además, que los recursos utilizados para enfrentar la delincuencia dejan de destinarse a otros fines, como ahorro, consumo o inversión. A escala nacional, el organismo señala que un aumento del riesgo puede terminar afectando tanto la inversión local como extranjera y, con ello, las posibilidades de generar crecimiento y empleo.
La preocupación también aparece de manera clara en las decisiones empresariales.
La Encuesta a Líderes Empresariales sobre Percepciones del País, realizada por Ipsos para CADE Ejecutivos 2025, encontró que 85% de los consultados identificó a la delincuencia como uno de los principales problemas del Perú, mientras que 64% la consideró el principal riesgo para la gestión de sus empresas.
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Más revelador aún: 79% sostuvo que combatir eficazmente la inseguridad sería la acción con mayor impacto para reactivar la inversión privada.
El estudio fue realizado entre el 17 y el 29 de octubre de 2025 entre 245 líderes corporativos y altos ejecutivos de las 5.000 empresas más grandes del país, por lo que sus resultados reflejan la percepción de ese segmento empresarial y no la del conjunto de compañías peruanas.
La inseguridad, por tanto, aparece ya no únicamente como un problema de protección personal o patrimonial, sino como una variable que los empresarios incorporan cuando evalúan riesgos, costos y posibilidades de crecimiento.
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Lo particular es que esa preocupación convive con expectativas económicas relativamente favorables.
En la misma encuesta, los ejecutivos consultados proyectaron para 2026 un crecimiento del PBI de 3,2% y anticiparon incrementos promedio de 7,3% en los ingresos de sus empresas y 5,3% en sus planillas.
No se trata, entonces, de empresarios que necesariamente esperaban un deterioro económico. La fotografía muestra algo más complejo: existen expectativas de crecimiento, pero al mismo tiempo la inseguridad aparece como uno de los factores capaces de condicionar las decisiones para aprovechar esas oportunidades.
Abrir un nuevo establecimiento, ampliar una planta, invertir en distribución o ingresar a una nueva ciudad requiere calcular no solo demanda y rentabilidad, sino también las condiciones bajo las cuales podrá funcionar la operación. Cuando el costo de protección aumenta o existe riesgo de interrupciones, esa evaluación cambia.
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La relación entre inseguridad, confianza e inversión también será uno de los temas que rodearán CADE Ejecutivos 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial del 24 al 26 de noviembre en Urubamba, Cusco, bajo el lema “Unidos para Avanzar”.
Entre sus sesiones figura “Qué nos une y qué nos divide”, con la participación de Franco Olcese, socio fundador del Centro Wiñaq, que abordará los factores que dificultan la construcción de acuerdos y confianza en el país.
La discusión económica detrás de la inseguridad plantea así un problema adicional: cada recurso que una empresa necesita destinar para proteger una operación es un recurso que compite con otras decisiones, desde contratar personal hasta ampliar capacidad o invertir en innovación.
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El 2,82% del PBI estimado como costo directo del crimen y la violencia corresponde a una fotografía de 2022 y no permite afirmar cuánto le cuesta actualmente la inseguridad al Perú. Pero, junto con el volumen reciente de denuncias por extorsión y la percepción recogida entre líderes empresariales, muestra que la violencia ya forma parte de la ecuación con la que se decide dónde, cuánto y bajo qué condiciones invertir.
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