La reforma previsional sigue esperando

Hay una escena que se repite en cada discurso presidencial y en cada documento que el gobierno le acerca al FMI: la reforma previsional aparece nombrada, prometida, hasta calificada de “medular” para el modelo libertario. Pero cada vez que llega el momento de tocarla, algo la corre para más adelante. Primero fue la reforma laboral. Después, la tributaria. La previsional, la que administra el futuro de más de siete millones de jubilados y pensionados, quedó relegada a una “segunda generación” de reformas que recién empezaría a discutirse después de 2027, y solo si Javier Milei es reelecto.

El país tiene así la reforma estructural más importante pendiente, y el único consenso construido alrededor de ella es el de no tocarla. No se mira, porque exige mostrar los números reales del sistema. No se toca, porque cualquier corrección genuina implica costos políticos que nadie quiere asumir. No se habla, porque hablar en serio obliga a discutir edad jubilatoria, régimen de aportes, movilidad de haberes, regímenes diferenciales, sostenibilidad y sustentabilidad del sistema. En el medio, el sistema sigue funcionando a fuerza de parches: fórmulas de movilidad que licuaron haberes, moratorias que se abren y cierran según la presión del Fondo, y un debate público que se agota en el bono mensual mientras el problema de fondo permanece intacto.

El propio gobierno reconoce que la reforma previsional es la “principal fuente de desfasaje de las cuentas públicas”. Pero reconocer un diagnóstico no equivale a actuar sobre él. La hoja de ruta oficial es clara: primero laboral, después tributaria, y recién entonces -si llega ese momento- la previsional, bajo el argumento de que “no se puede corregir el sistema previsional sin antes aumentar la cantidad de aportantes”. El razonamiento tiene lógica aparente, pero esconde una decisión de fondo: postergar indefinidamente lo incómodo. Fuentes oficiales ya admiten que la reforma “queda para un eventual segundo mandato”. Y en el medio, la única señal concreta fue de signo contrario a cualquier reforma estructural: el veto presidencial a la ley que actualizaba haberes y bono, sostenido con los aliados en el Congreso. No hubo reforma de fondo: hubo freno a una recomposición de ingresos.

Los números no cierran. El mal llamado gasto previsional llegó a representar 9,5% del PBI en la década anterior; cayó a menos de 5 puntos en el primer trimestre de la gestión Milei por el efecto licuadora de la devaluación inicial, y desde 2025 volvió a crecer como porcentaje del producto, cuando la estructura demográfica argentina debería ubicarlo entre 4 y 6 puntos. Esa brecha es la prueba de que el sistema creció sin que nadie lo financiara de manera genuina. Y aquí aparece la primera contradicción de un gobierno que se presenta como refundador del liberalismo: en lugar de una reforma integral, eligió la vía más regresiva. Desde que asumió, en diciembre de 2023, los haberes cayeron entre 21% y 26% en términos reales por la devaluación inicial y la aceleración inflacionaria; en marzo de 2024, el DNU 274 reemplazó la fórmula de movilidad vigente por un esquema atado al IPC, y el bono compensatorio quedó congelado en $70.000, licuándose mes a mes. Tres años después, la recomposición es desigual: el haber puro, indexado mensualmente por inflación, logró superar levemente a los precios desde diciembre de 2023, pero esa mejora está lejos de compensar lo perdido entre 2020 y 2023. Y no alcanza a quienes cobran la mínima, porque el bono congelado arrastra hacia abajo al haber total: la jubilación mínima con bono acumula una pérdida real de entre 9,7% y 12,5% desde fines de 2023, y en septiembre de 2026 ronda los $498.633 brutos, un monto que no alcanza a cubrir el umbral de pobreza. No fue una reforma: fue un ajuste selectivo que licuó de golpe al principio y ahora licúa lento, a costa de quienes menos tienen.

La segunda contradicción está en la moratoria. Con el vencimiento de la moratoria general en 2023, buena parte de quienes no alcanzan los 30 años de aportes exigidos por el SIPA quedó sin vía de acceso a una jubilación contributiva, más allá de la Pensión Universal para el Adulto Mayor -80% de la jubilación mínima- o mecanismos residuales que en la práctica son letra muerta. Frente a ese vacío, el Congreso -con impulso opositor, no del oficialismo- sancionó en 2025 una nueva moratoria, que el FMI volvió a calificar en términos similares a los que había usado en 2023 para la anterior: una medida fiscalmente riesgosa y sin financiamiento genuino. El gobierno, que no la impulsó, respondió acotándola: la segmentó cruzando datos de la Ansers y ARCA (ex AFIP), aun así con un costo fiscal que pasó de 0,2% a un proyectado 0,4% del PBI. Ni siquiera en el terreno de la ortodoxia fiscal hubo, entonces, una solución de fondo: se administró un parche ajeno, en lugar de encarar la reforma que resolviera el problema de cobertura de origen.

Frente a este cuadro, la respuesta oficial es esperar a un eventual segundo mandato. Y ahí está la contradicción mayor: un gobierno que se define como la antítesis de lo que denomina como “la casta” responde al problema estructural más urgente del país con el reflejo más típico de la casta que dice combatir: posponer la decisión incómoda, tercerizarla en el tiempo, subordinarla a la variable electoral. Un liberalismo que promete romper con la política de los plazos eternos y termina practicándola con su reforma más importante es, en el fondo, un oxímoron, es decir una gran contradicción.

Esta postergación no es solo un problema de gestión: es una falla de concepción. La seguridad social es un derecho humano sujeto al principio de progresividad, y a la prohibición de regresividad: un Estado puede demorar el avance, pero no retroceder sobre derechos ya adquiridos “sin justificación sólida”. A eso se suma el envejecimiento poblacional -cada vez menos activos sostienen a más pasivos- y la crisis del modelo contributivo clásico, pensado para una economía de empleo formal y estable que ya no existe.

Mientras la discusión sigue estancada en la edad jubilatoria y en la regularización del empleo informal, el mundo del trabajo ya cambió. La informalidad estructural es, directamente, aportantes que el sistema no tiene. El gobierno busca “duplicar la cantidad de trabajadores haciendo aportes” con la reforma laboral, un objetivo correcto que se usa como excusa para posponer la previsional en vez de encararla en paralelo. A eso se suma la economía de plataformas y, sobre todo, la inteligencia artificial, que ya erosiona empleo formal y seguirá reduciendo la proporción de aportantes por beneficiario. Un sistema que depende del aporte sobre el salario humano necesita discutir, como mínimo, mecanismos alternativos de financiamiento frente a la sustitución tecnológica del empleo. Hoy esa discusión ni figura en la agenda pública. Es deuda de la política en general. Nos deben un “Pacto de Toledo” (España, 1995), es decir una política de Estado en materia de Seguridad Social.

Todo esto conduce a la falla de diseño más grave de la estrategia oficial: tratar reforma previsional, laboral y tributaria como expedientes separados que se despachan uno por uno. Son, en rigor, vasos comunicantes. La reforma laboral busca formalizar trabajo, pero esa formalización depende de las cargas que defina la reforma tributaria; y si la previsional espera a que las otras dos estén resueltas, el sistema que debe financiar a esos nuevos aportantes seguirá operando con reglas ya insostenibles. La secuencia correcta no es lineal sino simultánea: una reingeniería conjunta de los tres engranajes, no tres reformas que se turnan según el humor político.

“Esto no se mira, no se toca, no se habla” no es solo una frase: es el diagnóstico de un país que posterga su decisión más urgente por la vía más cómoda, que es no tomarla. Un gobierno que prometió terminar con los privilegios de la casta reproduce, en el capítulo previsional, exactamente ese libreto: espera un segundo mandato que depende de una elección que no ocurrió, mientras administra el problema con parches que profundizan la injusticia sin resolver la insostenibilidad. Los números y el marco conceptual están sobre la mesa. Lo que falta es la decisión política de encarar las tres reformas como lo que son: un solo sistema que no admite ser resuelto por partes ni por turnos. Porque un liberalismo que aplaza indefinidamente su reforma más importante, en nombre de la conveniencia electoral, no está rompiendo con la casta: la está imitando.

Secretario de Seguridad Social de la provincia de Santa Fe y director del Posgrado en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Rosario