El Oriente antioqueño bajo la sombra de una guerra armada: disputas territoriales y el acoso invisible a las comunidades
El EGC y El Mesa disputan estratégicos corredores viales y mineros, sometiendo a las comunidades a extorsiones, desplazamientos y control social.
Un bus fue incinerado y días después aparecieron grafitis alusivos al Eln en el Oriente antioqueño. ¿Qué hubo detrás de estos hechos? Foto: Suministradas.
PERIODISTAActualizado:
El Oriente antioqueño vuelve a enfrentar un preocupante escenario de violencia y zozobra.
De acuerdo con la Alerta Temprana N.° 028 emitida por la Defensoría del Pueblo, la subregión se encuentra en un nivel de riesgo alto, debido a la intensa pugna territorial, económica y social que libran dos estructuras al margen de la ley: el Frente Géner Morales del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y la estructura criminal El Mesa, articulada al Cuerpo Colegiado La Oficina.
El foco de esta conflagración comprende un corredor estratégico que conecta las zonas del Altiplano y Páramos, abarcando los municipios de La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño.
Estas rutas no solo unen subregiones clave de Antioquia con el departamento de Caldas y el río Magdalena, sino que atraviesan áreas ricas en yacimientos de oro de aluvión y veta, así como zonas dominadas por la producción agrícola, cultivos de hoja de coca y monocultivos como el aguacate y la floricultura.
Un niño de 13 años habría sido asesinado en El Carmen de Viboral. Foto:Cortesía Ivan Agudelo.
Lejos de limitarse a combates abiertos, la disputa entre el EGC —también llamado 'Clan del Golfo'— y El Mesa se ha transformado en un modelo de gobernanza armada e imposición de control social.
El informe revela que el EGC ha transitado de la confrontación militar a la vigilancia permanente de las comunidades, regulando quién entra o sale de los senderos veredales, aplicando justicia de facto, imponiendo normas de convivencia e incidiendo de manera coercitiva en las Juntas de Acción Comunitaria (JAC).
Por su parte, El Mesa —proveniente del Valle de Aburrá— busca expandirse hacia los perímetros rurales con una estrategia de presencia satelital y de choque, utilizando métodos de violencia altamente ejemplarizantes para infundir temor, coaccionar a campesinos y controlar economías ilícitas como el microtráfico y la extorsión.
Homicidios en Antioquia Foto:Archivo EL TIEMPO
Los efectos sobre la población civil se manifiestan en cifras alarmantes. Entre enero y julio de 2026, la violencia homicida registró picos preocupantes, especialmente en municipios como Abejorral —cuya tasa proyectada de homicidios supera ampliamente la media nacional—, Sonsón, Nariño y La Unión.
A esta ola de violencia selectiva se suman homicidios de líderes sociales y exconcejales, masacres urbanas y semiurbanas, amenazas directas, extorsiones a comerciantes y transportadores, y episodios de desplazamiento forzado.
Una de las situaciones más graves expuestas en la alerta es la vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ambos grupos armados ejercen dinámicas de captación e instrumentalización en entornos escolares y comunitarios mediante incentivos económicos, engaños con falsas ofertas de empleo y suministro de sustancias psicoactivas, abriendo las puertas a dinámicas coercitivas de reclutamiento forzado y posibles redes de trata.
Violencia en Antioquia Foto:Cortesía
Ante la profundización de las desigualdades históricas entre las zonas urbanas y rurales, la Defensoría del Pueblo instó al Estado a implementar un abordaje integral basado en la seguridad humana y la prevención temprana.
El organismo emitió 31 recomendaciones urgentes que exigen presencia articulada de la Fuerza Pública, protección reforzada para defensores de derechos humanos y el fortalecimiento inmediato de las ofertas sociales, educativas y de salud mental en la ruralidad dispersa.
Nuevos actores y crimen transnacional:
la mutación de la guerra
Para analistas y organizaciones sociales, la crisis en el Oriente antioqueño va mucho más allá de la confrontación tradicional entre el 'Clan del Golfo' y El Mesa.
Fernando Quijano, presidente de la corporación Corpades, advirtió que la región experimenta una preocupante mutación criminal con la llegada de redes transnacionales, incluidos focos de operación del autodenominado Tren de Aragua en zonas de alta valorización y expansión urbana como San Antonio de Pereira, en Rionegro, y otros municipios aledaños.
Rionegro, Antioquia. Foto:Cortesía.
A esta expansión transnacional se suma la reactivación de estructuras locales como Los Pamplona, lo que configura un escenario multipolar donde convergen múltiples expresiones delictivas.
Según Quijano, esta pugna no responde a una zona empobrecida, sino al atractivo económico de una subregión rica en recursos, donde la disputa por el control de corredores estratégicos y finanzas mueve capitales millonarios.
El fantasma del Área Metropolitana y la oportunidad perdida del diálogo
El debate sobre el futuro de la subregión también se densifica con la propuesta de crear un área metropolitana en el Oriente antioqueño. Para Corpades, esta iniciativa carece de una medición real de sus consecuencias, y advierte que podría facilitar un radio de acción mucho más amplio y lucrativo para las estructuras criminales si no se toman previsiones estructurales.
¡Juntos nos va mejor! Con el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás vendrán oportunidades y desarrollo para todo el altiplano del Oriente Antioqueño. ✅Vota SÍ, el próximo 29 de noviembre https://t.co/zx3sp8DwW7
— Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) October 25, 2026
Asimismo, el informe y las voces expertas señalan que se perdió una "oportunidad de oro" al cerrarse los espacios de diálogo sociojurídico que habrían permitido desescalar el conflicto entre el autodenominado 'Clan del Golfo' y 'El Mesa'.
De acuerdo con las críticas planteadas, tanto el Gobierno nacional como la administración departamental han evadido responsabilidades mutuas, reduciendo la respuesta estatal al enfoque tradicional de "sangre y fuego" —basado únicamente en capturas, decomisos y control policial— sin atender las raíces profundas de la gobernanza armada.
La postura de la Fuerza Pública ante el informe de derechos humanos
En respuesta a las alertas sobre las graves afectaciones a las comunidades plasmadas en el informe de derechos humanos titulado “La tierra será arrasada por el desarrollo”, el Comisionado de Derechos Humanos para la Policía Nacional reconoció la existencia de factores de riesgo críticos para la población vulnerable en el territorio.
#Atención 🚨🆘 Informe de #DerechosHumanos sobre el Oriente de #Antioquia: “LA TIERRA SERÁ ARRASADA POR EL DESARROLLO: la convergencia entre actores armados, intereses económicos, desposesión territorial, violaciones a los derechos humanos y consolidación de poderes antidemocráticos”, realizado por @CORPADES, advierte sobre los peligrosos efectos que irradian en el Oriente antioqueño las disputas por el control territorial donde convergen intereses asociados a la expansión inmobiliaria, megaproyectos como el Área Metropolitana, la segunda pista del Aeropuerto, intereses económicos, economías ilegales y el fortalecimiento de actores armados ilegales. A esto se suma otra de las grandes preocupaciones como las del proceso de descampesinización, cuyas cifras muestran dinámicas preocupantes. Entre 2020 y 2026, la población rural cayó en cerca de 10.000 personas, en un contexto marcado por una creciente presión sobre la tierra, el agua y el suelo agrícola. Como si fuera poco, el fracaso de la política pública y su denominada tasa de seguridad que, según el mismo Secretario de Seguridad: "...no es para la seguridad"... ha facilitado que los fenómenos de las muertes violentas materialicen el control territorial de actores ilegales, ello coincide con a imposición de formas de poder. Cuando se pasa de 146 casos en 2020 a 219 en 2025 significa que el comportamiento de orden público y la seguridad está siendo afectada directamente. Aunado a ello, existen registros oficiales de cerca de 3.122 casos de personas en desplazamiento forzado entre los 2020 y junio de 2026, un desplazamiento silencioso con lecturas ligadas al posicionamiento de actores armados. El presente informe es más que una alerta sobre las características de vulneraciones sociales en esta subregión del departamento, es un llamado de atención por los impactos latentes que existen por la descampesinización, la desigualdad social, la pérdida de soberanía territorial bajo las medidas asociativas; además plantea varias tesis significativas sobre el poder de las economías híbridas, la necesidad inaplazable de fortalecer la participación, priorizar la permanencia comunitaria por el bien colectivo bajo premisas de garantías de seguridad humana, todo por el bien unas comunidades más justas. Descargar PDF: https://t.co/pVfeiH4D3y #SosOriente #NoAlAmo #NoSegundaPista #ViolenciaEnOriente #FracasaTasaDeSeguridad
— CORPADES 🇨🇴🇵🇸🕊️ (@corpades) September 7, 2026
La institución policial informó que se adelantan gestiones coordinadas con las unidades con jurisdicción en el área de influencia para realizar un seguimiento riguroso a las situaciones descritas.
Asimismo, la Policía reiteró su disposición para mantener canales abiertos de intercambio de información, promover la presencia institucional y contribuir, dentro de sus competencias, a la protección integral y garantía de los derechos humanos en los municipios alertados.
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