Oposición envía carta a Kast: insiste en renuncia de Rabat y exige entrega de 56 decretos de rebajas de penas cursados

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La oposición concurrió hasta la oficinas de partes de La Moneda para hacer entrega de una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast, en que insiste en que pida la renuncia al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
La misiva está suscrita por los presidentes del PC, PS, PPD, FA, PL y DC, los jefes de dichas bancadas parlamentarias y legisladores progresistas en general.
La entrega de la carta se da en medio del viaje que el Jefe de Estado inició este lunes por Europa y también en la antesala de la inminente presentación de una acusación constitucional del sector en contra del titular de Justicia.
En el escrito se menciona que, entre el 16 de junio y el 13 de septiembre de este año, el Ministerio de Justicia concedió por vía administrativa 56 rebajas de condena a personas condenadas por violación y abuso sexual infantil y que “ninguna de ellas fue ordenada por un tribunal”.
“A ellas se suman rebajas a internos de Punta Peuco condenados por secuestro calificado y tortura, y otras a condenados por delitos de homicidio, narcotráfico y crimen organizado, según se ha informado públicamente”, se lee en el texto.
La oposición emplaza al Mandatario a estar a la altura de las circunstancias y cuestiona que “reconocer el error no basta”.
“Estar a la altura exige reparar el daño provocado, hacer valer las responsabilidades políticas que correspondan y transparentar ante la ciudadanía todos los antecedentes. Por ello reiteramos nuestra exigencia de que solicite la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis”, dicen.
Y que “dada la gravedad de su error el ministro ya no es interlocutor válido para el país y por lo mismo tampoco para nosotros como autoridades. Asimismo le pedimos que instruya poner a disposición del país la totalidad de la información sobre estas decisiones”.
Desde los partidos progresistas, en ese sentido, exigen la entrega de todos los decretos cursados y de sus fundamentos, con el resguardo de la identidad de las víctimas; una propuesta clara para revertir los decretos y un plan de atención a las víctimas.
Finalmente, señalan que estas medidas “no agotan las responsabilidades que corresponde establecer. Son, sin embargo, lo mínimo que el país espera de un gobierno que ha hecho de la protección de la infancia y de las víctimas uno de sus compromisos centrales”.
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