Abelito detalla secuelas en su mamá y ratifica denuncia contra agresores de su fiesta
El influencer Abelito confirma que la denuncia penal interpuesta por su madre continúa ante las autoridades tras sufrir tocamientos en su festejo de cumpleaños.
La madre de Abelito permanece en su localidad de origen y modificó su vida social para evitar exposiciones públicas tras el episodio ocurrido en la capital.
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El Código Penal capitalino castiga el abuso sexual con penas de uno a seis años de prisión, marco legal bajo el cual la defensa formalizó las acusaciones contra tres hombres.
Las investigaciones ministeriales revisan las conductas registradas durante la reunión social para determinar la responsabilidad jurídica de los señalados.
El creador de contenido explicó en un encuentro público que la familia descarta cualquier arreglo privado y mantiene la exigencia de justicia por la vía institucional. Los abogados aguardan las determinaciones del Ministerio Público sobre los elementos aportados en la querella inicial.
Cristina Romero Álvarez redujo de forma drástica sus visitas a la Ciudad de México y permanece la mayor parte del tiempo en su localidad de residencia. El temor a nuevos incidentes provocó un cambio notorio en sus actividades cotidianas fuera del entorno familiar.
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El propio Abelito detalló el impacto emocional que enfrenta su madre tras la agresión sufrida en septiembre: “Dentro de lo que cabe, ella está en su lugar seguro, que es el pueblo. Últimamente ha visitado un poquito menos la ciudad”.
Romero Álvarez mantenía una vida social activa, salía de forma independiente y convivía con regularidad con amistades del medio artístico como Aldo de Nigris. Esas actividades quedaron suspendidas tras la difusión de las imágenes del festejo en distintas plataformas digitales.
La desconfianza modificó sus traslados y salidas cotidianas: “Es muy triste, es una mujer independiente que le gusta salir y conocer. Creo que eso cambió un poquito porque ahora sí está pendiente de querer salir o no”.
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El creador de contenido solicitó a reporteros en eventos públicos no abordar a su madre con preguntas sobre el suceso. La medida busca blindar a su madres y evitar episodios de revictimización ante los medios.
La denuncia interpuesta contra los agresores sigue su curso regular y descarta cualquier acuerdo fuera de los tribunales. La familia sostiene que la resolución corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales asignadas al caso.
“Ya nada más estamos esperando tiempo al tiempo. Ya todo está en manos de lo que es y listo, hay que esperar a ver qué pasa”, declaró sobre el estatus de la denuncia.
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La defensa jurídica de la víctima está a cargo del despacho Abogados CUR, firma que asumió la representación legal desde finales de septiembre. Los litigantes integraron testimonios y peritajes para sustentar las imputaciones formuladas ante la representación social.
La representación social analiza las grabaciones tomadas en el lugar para individualizar la participación de cada uno de los asistentes señalados en la denuncia formal.
El artículo 176 del Código Penal para la Ciudad de México sanciona el delito de abuso sexual a quien ejecute tocamientos o roces corporales de índole sexual sin autorización. La norma penal no exige el uso de violencia física extrema para tipificar la conducta en eventos públicos o privados.
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Los peritajes psicológicos y las grabaciones integradas a la carpeta determinarán si existió dolo por parte de los tres asistentes durante el festejo.
La condición de adulta mayor de Cristina Romero Álvarez constituye un factor que el Ministerio Público valora al evaluar la vulnerabilidad de la víctima.
La asesoría jurídica busca que el caso siente un precedente sobre agresiones cometidas con el pretexto de bailes o grabaciones de entretenimiento en centros nocturnos.
El incidente ocurrió el 27 de septiembre de 2026 durante la celebración de cumpleaños del influencer en el club nocturno “El Palomazo”, ubicado en la capital del país, al festejo acudieron diversas figuras del entretenimiento digital invitadas a la reunión privada.
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En las grabaciones se observa a varios hombres rodear a la madre de Abelito para realizar bailes invasivos sin su consentimiento.
La mujer denunció tocamientos y roces físicos no autorizados que se cometieron bajo el argumento de estar participando en la pista.
La denuncia identifica al creador de contenido digital español Naim Darrechi, al modelo de origen argentino Agustín Fernández y al mexicano Luis Eduardo Guillén. Los dos primeros mantuvieron contacto corporal no consentido con la mujer, mientras el tercero grabó el momento entre burlas.
Darrechi y Fernández publicaron declaraciones en redes sociales donde intentaron justificar su comportamiento, lo que provocó que Romero Álvarez rompiera el silencio. La afectada presentó la acusación formal para sentar un precedente legal frente a agresiones sexuales cometidas contra adultas mayores.
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El creador de contenido Abelito aparece en un video grabado de frente portando una gorra negra y una camisa oscura, mostrando una marca visible en el rostro cerca del ojo derecho. Durante la grabación, el influenciador se dirige a la cámara para exigir disculpas públicas a Naim Darrechi y Agustín Fernández hacia su madre, en relación con los acontecimientos ocurridos durante una celebración de cumpleaños.
Naim Darrechi viajó a Argentina tras la difusión del comunicado legal y emitió declaraciones en plataformas de transmisión en vivo donde desestimó los señalamientos de la víctima.
El creador sostuvo que no teme a las consecuencias judiciales y calificó la denuncia como un intento de notoriedad pública.
Agustín Fernández difundió inicialmente una disculpa por escrito dirigida a la madre del festejado en sus cuentas oficiales. Horas después eliminó la publicación de sus perfiles digitales sin ofrecer explicaciones sobre el retiro del mensaje.
Las autoridades ministeriales pueden citar a declarar a los involucrados con independencia de su país de residencia actual. La legislación mexicana contempla convenios de colaboración internacional y notificaciones consulares en indagatorias por delitos sexuales cometidos dentro del territorio nacional.
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