Tras respaldo de Kast, Rabat pone a prueba la “ley del hielo” impulsada por legisladores opositores

Se anticipa una sesión tensa. Este lunes, a las 10:30, en el ex Congreso de Santiago, la Comisión de Constitución del Senado retomará la discusión del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas.

Pese a tratarse de una iniciativa en la que es clave el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la cita no considera entre los invitados al titular de esa cartera, Fernando Rabat, quien en las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán por su responsabilidad en la firma de los decretos que rebajaron las condenas de violadores y abusadores de menores, la mayor crisis del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La decisión de no invitarlo es parte de una estrategia de “ley del hielo” (aislamiento social) que la oposición pretende aplicarle a Rabat, lo que podría incidir en un bloqueo de la agenda legislativa del gobierno en medio de esta crisis.

En la antigua Grecia esta práctica se denominaba “ostracismo”. En la Edad Media, un efecto similar tenía la excomunión, que, en su forma más severa, prohibía a cristianos comerciar y mantener lazos sociales con personas sujetas a ese castigo eclesiástico.

Sin embargo, en la actual legislación chilena —según la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y los reglamentos de la Cámara y del Senado—, aquella medida más bien tiene un carácter de facto y solo tiene implicancias políticas y sociales.

Por ejemplo, la semana pasada el senador del Partido Liberal y presidente de la Comisión de Constitución, Vlado Mirosevic, ya había anticipado su decisión de no invitar al titular de Justicia a las sesiones de esta semana. “Queremos enfocarnos en la solución del asunto y el ministro es parte del problema, más que de la solución”, apuntó en un contexto en el que este miércoles revisarán el proyecto que busca modificar la ley que permite la rebaja de condenas.

Aunque en Justicia mantienen en suspenso la eventual asistencia del ministro a la sesión de esta jornada, de acuerdo con la normativa, el secretario de Estado tiene plenas facultades para hacerse parte de la sesión, a pesar de no contar con una invitación.

Según el artículo 37 de la Carta Fundamental, “los ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado, y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto”.

Con ese respaldo jurídico, pese a la “ley del hielo” desde el punto de vista político y social, en La Moneda afirman que no sería raro que el ministro se presente en la instancia.

De hecho, aunque la semana pasada no asistió a sesiones de sala del Congreso, sí participó en al menos un par de comisiones (aunque redujo al mínimo su habitual trabajo legislativo).

En el entorno de Mirosevic, eso sí, mantienen la decisión de tratar de evitar que Rabat participe en las próximas sesiones.

Un escenario así anticipa un inminente choque.

Desde quitarle el saludo

Con la actual crisis en el Ejecutivo, el ministro perdió todo su crédito con la oposición, donde ya declararon que no era un “interlocutor válido”.

En los últimos días, además de la postura de Mirosevic, son varias las señales de advertencia de los partidos de izquierda y centroizquierda.

El 2 de noviembre, en Pauta, la senadora y presidenta del PS, Paulñina Vodanovic, cuestionó que el propio Rabat encabezara la tramitación de la agenda para excluir de las rebajas de condenas a pederastas. “¿Y a quién pone el gobierno a cargo de tramitar ese proyecto? ¡Al propio firmante de los decretos, quien no es interlocutor válido en el Congreso! Nerón no apagará el incendio”.

El martes pasado, además, los parlamentarios opositores no dieron sus votos para aprobar la partida de Justicia en la Comisión Mixta por la Ley de Presupuesto 2027.

Pese a que los fondos de la cartera fueron finalmente aprobados con los votos del oficialismo y el PDG, de igual forma esa sesión se vio marcada por un ambiente tenso donde —entre gritos y carteles— parlamentarios de oposición insistieron con la salida de Rabat.

“No voy a aprobar ni un peso para el Ministerio de Justicia mientras siga a su cargo un ministro propederastas”, dijo la senadora Daniella Cicardini (PS).

En declaraciones a TVN, la senadora Yasna Provoste (DC), jefa del Comité Unido (DC, PC, FA y FREVS), dijo que “me costaría mucho estrechar la misma mano de alguien que la usó para liberar a abusadores sexuales, a violadores de niños”.

También la semana pasada, el jueves, las bancadas del Senado rechazaron desarrollar una sesión especial durante el viernes para continuar en la Comisión de Constitución la tramitación del proyecto de ley que busca dar respuesta a la crisis, impidiendo que a futuro la reducción de penas favorezca a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

En otra muestra de esta “ley del hielo”, el diputado Marcos Barraza (PC), a la entrada de la Comisión de Constitución de la Cámara, le negó el saludo al titular de Justicia. En esa misma instancia, Barraza votó en contra de la reforma constitucional que busca restringir la aplicación retroactiva de beneficios penales en delitos sexuales, acusando al gobierno de “buscar desviar las críticas en contra de Rabat”.

Si bien la reforma se aprobó en su idea de legislar con mayoría, salvo el voto de Barraza, los otros diputados opositores cuestionaron la falta de debate en un tenso encuentro.

Agenda en problemas

El problema del Ejecutivo es que, a pesar de contar con herramientas constitucionales para avanzar con su agenda, todas estas pequeñas trabas podrían comenzar a configurar derechamente un “bloqueo” a la agenda que el ministro estaba empujando. Ello no es un inconveniente menor, ya que Kast, junto con respaldar a Rabat, lo puso a cargo de la tramitación de proyectos para salir de la crisis.

Por un lado, estará a cargo de la tramitación de las iniciativas que buscan terminar con la rebaja de condenas —entre ellas, el proyecto de derogación de la ley que impulsará el Ejecutivo— y, al mismo tiempo, encabezará la mesa para las víctimas, en la que se convocó tanto a parlamentarios del oficialismo como de la oposición.

Hasta antes de que estallara la controversia por los decretos, Rabat era uno de los principales agentes legislativos de la denominada Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). A inicios de septiembre, por ejemplo, se robó los aplausos de la oposición tras la aprobación unánime en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que amplía el plazo de hipótesis de flagrancia en delitos. Incluso, estaba cerca de amarrar otro acuerdo en torno a la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, tema que ahora quedó en suspenso.

El veto a Rabat, sin embargo, no es absoluto. Para este martes sí está convocado a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta para revisar el proyecto de ley que busca garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas en delitos como homicidios, extorsión, entre otros. ¿La razón? Es que el presidente de esa instancia es el senador independiente Karim Bianchi, quien no comulga con todas las estrategias impulsadas por la oposición.

No obstante, el mismo miércoles, nuevamente Rabat no aparece en la citación de la Comisión de Constitución, que preside Mirosevic (PL), para discutir el proyecto que modifica distintos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales.

Repudio al veto

Para el oficialismo, aquellos gestos son repudiables.

“No tiene precedentes que se retire la invitación a un ministro cuando está tramitando un proyecto de su cartera (...). El ministro tiene facultades constitucionales de colegislador, lo que revela que hay algunos que están optando por presionar indebidamente al gobierno, sin atribuciones para ello, recordándonos tiempos funestos, cuando pensaron convertirnos en un parlamentarismo de facto”, cuestionó el senador Andrés Longton (RN), quien integra la Comisión de Constitución.

En entrevista con Mesa Central, de Canal 13, en tanto, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, apuntó a que la oposición estaba buscando politizar la crisis. “La oposición está tomando esto como una oportunidad de cohesión interna que no la tiene”.

Agregó que la oposición, al resistirse a legislar mientras no se le pida la renuncia al ministro, prefiere “propinarle un daño político al gobierno y al ministro Rabat antes que solucionar un problema que está afectando a niños, niñas, adolescentes, que está liberando violadores, que está liberando delincuentes, narcotraficantes”.