Arbitrariedades en educación superior

A días de que comience la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, diversos rectores de universidades pertenecientes al CRUCH han manifestado su preocupación por eventuales recortes a recursos destinados a la educación superior. También se ha planteado que las universidades públicas compiten bajo reglas más estrictas que las privadas. ¿Es realmente así?

Los datos muestran que el diseño de la gratuidad ha beneficiado consistentemente a las universidades del CRUCH, que reciben aranceles regulados más altos. En 2025, el monto promedio por estudiante alcanzó $4,56 millones en las universidades del CRUCH, frente a $3,83 millones en las privadas fuera del Consejo. Para estas últimas, el déficit total derivado de la gratuidad ascendió a $650,3 mil millones.

A ello se suman instrumentos basales exclusivos para las universidades del CRUCH, como el Aporte Fiscal Directo (AFD) y el Fondo Basal por Desempeño (FDB), que en 2026 contemplaron cerca de $361,6 mil millones. Las universidades estatales reciben, además, otras transferencias exclusivas, como el Aporte Institucional a las Universidades Estatales (AIUE) que alcanzó $113,3 mil millones en 2026 y que creció un 48,2% desde 2022. Asimismo, las instituciones del CRUCH han podido utilizar excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario para cubrir parte del déficit por sobreduración de estudiantes con gratuidad, mecanismo que no tienen las privadas fuera del Consejo.

En consecuencia, el planteamiento del CRUCH resulta por lo menos cuestionable, pues omite las arbitrariedades que aún persisten en el financiamiento de la educación superior. Si la preocupación es resguardar la calidad del sistema en un contexto de estrechez fiscal, la discusión no debiera centrarse únicamente en cuántos recursos se destinan, sino en cómo se distribuyen y utilizan para preservar la calidad del sistema en su conjunto.