Fugas, motines y 12 muertos en Mazatlán: la crisis penitenciaria que llevó a Sinaloa a construir un nuevo penal
El Gobierno de Sinaloa anunció este viernes 9 de octubre la autorización para construir un nuevo centro penitenciario con inversión federal, después de que un crisis de violencia en el penal El Castillo, del municipio de Mazatlán, dejara 12 muertos -entre ellos un niño- en menos de 48 horas. La gobernadora Graciela Domínguez Nava confirmó la medida con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gabinete de Seguridad federal, aunque hasta el momento no se ha revelado la ubicación ni la fecha de construcción de la nueva prisión.
El anuncio llegó en medio de una crisis que se extendió por los principales penales del estado durante los últimos años. El Centro Penitenciario El Castillo había obtenido una calificación de 5.25 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la CNDH, por debajo del umbral aprobatorio, mientras que el penal Goros II, en Los Mochis, recibió 4.79 puntos en la misma evaluación.
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Además de esos dos centros, el sistema penitenciario estatal está compuesto por el Penal de Aguaruto, en Culiacán, y el centro penitenciario de la Región del Évora, en Angostura, ambos también administrados por el Gobierno de Sinaloa. A ellos se suma el Centro Federal de Readaptación Social, ubicado en Guasave, además de un Centro de Internamiento para Adolescentes, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
El 17 de octubre de 2019, durante el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, 51 reos escaparon del penal de Aguaruto, en Culiacán. El amotinamiento despojó de armas a cinco custodios, a quienes sustrajeron cinco rifles y dos pistolas antes de la fuga.
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Videos difundidos en redes sociales mostraron a los reclusos corriendo hacia distintas direcciones afuera del penal para después bajar a ciudadanos de sus vehículos y despojarlos para huir rumbo a la carretera Culiacán-Navolato. “Con rifles están quitando carros”, se escuchó decir a un testigo en uno de los videos que circularon ese día.
De los evadidos, 39 estaban presos por delitos federales como tráfico de drogas, homicidios, secuestros y posesión ilícita de armas de fuego; los 10 restantes cumplían condenas por delitos del fuero común. El entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo, no descartó que la fuga estuviera vinculada al operativo de captura.
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Las autoridades confirmaron que 51 personas se fugaron del penal ubicado en Culiacán el día del fallido operativo contra el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Crédito: Redes Sociales
El “Jueves Negro”, como se le conoció a esa jornada, dejó un saldo de nueve muertos, aunque el gobierno federal reportó inicialmente ocho: entre las víctimas hubo un civil, un agente de la Guardia Nacional, cinco presuntos criminales y un interno del penal de Aguaruto. Ninguno de los custodios del penal murió en el amotinamiento, aunque dos de ellos fueron retenidos por los reos y liberados después.
El penal de Aguaruto acumuló, entre 1999 y 2022, 111 fugas y 77 homicidios, de acuerdo con el diagnóstico de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
La fractura del Cártel de Sinaloa, iniciada en septiembre de 2024 tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a fuerzas estadounidenses, se trasladó a los módulos del penal de Aguaruto. A principios de 2024 se registró un primer enfrentamiento armado dentro del centro; el entonces gobernador Rubén Rocha Moya atribuyó el hecho a una disputa entre células “Los Chapos” y “Los Mayos” por el control interno. “En la cárcel hay muchos detenidos de ambos grupos, entonces ahí se expresan los grupos que afuera se siguen manifestando”, declaró.
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En mayo de 2024, tras una serie de enfrentamientos, las autoridades descubrieron un túnel de 15 metros de largo y un arsenal oculto en las instalaciones, además de dosis de droga y un dispositivo Starlink, que brinda internet satelital. En diciembre de ese año, un interno fue hallado muerto, colgado en su celda y con signos de violencia.
La violencia continuó en 2025. A finales de mayo, un tiroteo dentro del penal motivó una revisión en la que se aseguraron armas de fuego, cartuchos y equipos de comunicación. El 26 de junio, una balacera dejó un muerto y tres heridos, todos ellos internos. El 17 de octubre, una nueva riña dejó un interno muerto y tres heridos; en el operativo de contención se incautaron tres armas largas, dos cortas y un artefacto explosivo.
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El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, informó en octubre de 2025 que, desde diciembre de 2024, el organismo había abierto 9 expedientes de queja por riñas en los penales estatales, 7 de ellos correspondientes a Aguaruto y 2 a Goros II. Loza Ochoa señaló que estos enfrentamientos involucraban a reos o custodios y evidenciaban los conflictos entre facciones del Cártel de Sinaloa presentes en los penales, un reflejo de lo que ocurría en la sociedad.
Atribuyó la persistencia del problema a dos factores: la antigüedad del edificio, que facilita esconder objetos prohibidos, y un deficiente control administrativo. “Cada vez que hacen una revisión siguen encontrando y nunca termina esto”, afirmó. “Tenemos 13 meses con una guerra, y eso no sé si acá no tiene solución, allá tampoco la tiene, así de sencillo”.
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En enero de 2026, autoridades penitenciarias reubicaron a 78 internos de Aguaruto en centros de Ahome y Mazatlán, tras detectar conflictos entre grupos rivales. El 31 de mayo de ese año, una riña en el módulo 7 del mismo penal dejó 7 internos muertos y 1 herido; el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, confirmó que la situación quedó bajo control horas después.
El 18 de junio de 2026, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social ordenó el traslado de 25 reos con procesos federales desde Aguaruto y El Castillo hacia penales federales de máxima seguridad. Pese a esa medida, el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa realizó revisiones en Aguaruto el 20 y 21 de julio, donde aseguró celulares, cables, una antena, una pipa, cámaras de vigilancia y armas punzocortantes, pero el 22 de julio un interno murió por arma blanca durante otra riña, lo que motivó una nueva carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado.
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El 25 de enero de 2025, cuatro reos escaparon del Centro Penitenciario Región del Évora, en Angostura, tras forcejear con las autoridades penitenciarias. Los evadidos cumplían condenas por secuestro, homicidio y robo; al menos tres habían ingresado al penal ese mismo año, mientras que uno más llevaba recluido desde 2020.
Durante la fuga, los internos despojaron de un arma larga a uno de los custodios. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa activó operativos de búsqueda con el Ejército Mexicano y la Policía Municipal de Angostura, en coordinación con estados vecinos, mientras la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes.
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El penal de Mazatlán había registrado un patrón de violencia creciente antes de octubre de 2026. El 26 de agosto, un interno fue hallado muerto en su módulo, caso que la Secretaría de Seguridad Pública manejó como probable suicidio. El 24 de septiembre, una riña en el área de talleres dejó 2 muertos por arma punzocortante, entre ellos Cristian Daniel “N”, de 20 años, quien llevaba tres semanas recluido.
La tarde del 8 de octubre, una riña en los módulos 4 y 5 de El Castillo dejó 9 internos y un menor de dos años que se encontraba de visita familiar muertos, además de 16 heridos. Téllez López descartó la irrupción de un grupo armado externo y atribuyó los hechos a un enfrentamiento entre internos con armas cortas calibre 9 milímetros. El Grupo Interinstitucional, integrado por el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Estatal y la Municipal, controló el penal.
La mañana de este 9 de octubre, una segunda riña dentro de un módulo dejó 2 muertos más por arma punzocortante, con lo que el penal acumuló 12 fallecidos en 48 horas. La fiscal del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que la Fiscalía inició carpetas de investigación por homicidio doloso en ambos hechos y que se aseguraron armas cortas e indicios balísticos de arma larga y corta en el primer evento.
Esta misma mañana, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava anunció la autorización del nuevo centro penitenciario, al que calificó como “un avance” que refrendaba “el compromiso de ambos gobiernos de seguir trabajando de manera coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa”. La presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado la decisión en su conferencia mañanera, sin brindar detalles.
Horas más tarde, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa emitió un pronunciamiento donde condenó “enérgicamente” lo ocurrido y señaló “múltiples violaciones a los derechos humanos” dentro del penal, al tiempo que confirmó el inicio de investigaciones propias con medidas cautelares y exhortó a la Fiscalía General del Estado a esclarecer los hechos.
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