Nueva Ley de Ciencia y Tecnología en Cuba, una apertura privada bajo restricciones del régimen
El régimen de Cuba publicó este lunes su primera Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, una norma que reorganiza el sistema científico del país e incorpora un marco legal para las alianzas entre entidades estatales y privadas. La legislación, que entra en vigor dentro de 60 días, según la Gaceta Oficial, se lanza en un contexto de crisis económica y humanitaria.
La Ley 182/2025 reconoce de manera formal a las formas de gestión no estatal dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre los actores contemplados figuran empresas privadas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, proyectos de desarrollo local y trabajadores autónomos.
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La norma busca ampliar la participación en iniciativas científicas y tecnológicas en medio de la crisis económica de la isla y de un proceso de reformas que habilitan una mayor presencia privada en sectores que hasta hace poco permanecían bajo control estatal.
El viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Daimar Cánovas, afirmó a EFE, agencia de noticias española, que uno de los propósitos de la legislación es aumentar la participación de actores públicos y privados en los proyectos vinculados con la ciencia.
“Uno de los objetivos de la ley es justamente que la participación sea creciente tanto en el ámbito de lo estatal como no estatal, de lo público como de lo privado”, sostuvo Cánovas durante una conferencia de prensa en La Habana.
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La legislación establece incentivos económicos para la creación y expansión de empresas de base tecnológica. Entre las herramientas previstas figuran mecanismos de financiamiento de riesgo y capital semilla, destinados a respaldar proyectos vinculados con la innovación.
La ley también permite la constitución de compañías basadas en patentes y marcas. Ese esquema apunta a canalizar inversión externa o privada hacia actividades científicas y tecnológicas, de acuerdo con el texto publicado en el diario oficial del Estado cubano.
Otro de los puntos incluidos en la norma es la posibilidad de firmar contratos entre entidades estatales y privadas que contemplen regalías y pagos por la comercialización de paquetes tecnológicos. Con esa disposición, el régimen busca dar respaldo jurídico a operaciones que involucren resultados de investigación, productos patentados y transferencia de conocimientos.
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Cánovas señaló que más innovación entre los distintos actores económicos podría acelerar el desarrollo de soluciones propias en el país. “En la medida en que haya más innovación en todos los actores económicos, podremos avanzar con más velocidad como país”, afirmó el funcionario a EFE.
La inclusión de cooperativas, trabajadores autónomos y empresas privadas implica que esos sectores podrán acceder a los instrumentos de capacitación y financiamiento previstos por la ley. Hasta ahora, universidades y centros de investigación estatales concentraban buena parte de las capacidades científicas y de desarrollo tecnológico de la isla.
La apertura hacia las inversiones y la capacitación de negocios privados se extendió durante los últimos meses a varios ámbitos de la economía cubana, en medio de la peor crisis que vive la isla. El proceso forma parte de un paquete de 176 reformas con las que el régimen busca liberalizar algunas actividades productivas y de servicios.
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Esas medidas alcanzaron áreas como la educación y la administración de farmacias, dos sectores considerados básicos dentro de la estructura estatal. La nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación suma el sistema de investigación y desarrollo a esa tendencia.
Según datos oficiales citados por EFE, en Cuba funcionan más de 16,000 empresas privadas. Expertos independientes consultados por la agencia señalaron que estos negocios se consolidaron como un eslabón necesario dentro de la economía nacional ante la crisis que atraviesa el país.
La norma plantea que las formas de gestión no estatal tendrán acceso, en condiciones equiparables a las instituciones públicas, a programas de formación y vías de financiación vinculadas con la actividad científica. El alcance efectivo de esos mecanismos dependerá de la reglamentación y de los recursos que se asignen para su ejecución.
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La publicación de la nueva ley ocurre en medio de una crisis energética y de servicios públicos que afecta a millones de cubanos y que dificulta el desarrollo de actividades básicas de las empresas, instituciones y de la población en general.
La entrada en vigor de la ley coincide con la aplicación de otra disposición que reduce la estructura del régimen para adaptarla a la crisis económica. Como parte de ese proceso, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente se integrará al Ministerio de Educación Superior.
Las autoridades del sector sostuvieron que la reorganización institucional no afectará la puesta en marcha de la nueva legislación. Cánovas afirmó que la reducción de la estructura ministerial “no es un obstáculo para la implementación de la nueva ley”.
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La disolución gradual del organismo se realizará en un plazo de entre seis meses y un año. Durante ese período, el régimen deberá definir cómo quedarán distribuidas las funciones vinculadas con la investigación, el desarrollo tecnológico y la aplicación de los nuevos mecanismos de financiamiento para las empresas de base tecnológica.
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