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Sunday, November 22, 2026

Práctica de la acusación constitucional

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Quienes hemos estado involucrados, sea académica o profesionalmente, en las últimas acusaciones constitucionales, hemos podido advertir, con la experiencia práctica que ello entrega, que existen áreas en las cuales la práctica parlamentaria conduce a resultados inoficiosos y, en ocasiones, derechamente a una alteración del propósito de este instrumento. Corroboran lo anterior las propuestas de reforma constitucional que buscan elevar sus requisitos de admisibilidad e incluso exigir pasos previos antes de formular la acusación.

Así las cosas, los plazos breves para contestar, los informes evacuados sin contar con todos los antecedentes, el prejuzgamiento anticipado de algunos diputados que se pronuncian sin adentrarse en el fondo y la asistencia de “académicos” que opinan sobre los hechos sin que la defensa haya formulado sus descargos, son situaciones que erosionan una de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados y que minan, por consiguiente, el régimen constitucional vigente.

Más aún, ellas permiten sostener que, sin mediar una reforma al régimen político, se intenta modificarlo por la vía de prácticas extraconstitucionales, lo que resulta especialmente delicado tratándose de un mecanismo excepcional de responsabilidad, cuyo ejercicio supone un examen jurídico riguroso de las causales invocadas.

Es el momento de que reflexionemos serenamente sobre ello, antes que una herramienta de control mal entendida termine por perder la seriedad que la Carta Fundamental le asignó.

Felipe Lizama Allende

Abogado

Más sobre:PlazosPrejuzgamientoPráctica parlamentariaResultados inoficiosos
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