Ficciones invertidas

Durante años, fuimos convocados a aceptar una ficción según la cual el “Estado presente” podía financiarlo todo, sin costos visibles, casi milagrosamente. El supuesto era que alguien, alguna vez, en un futuro próximo o más lejano (eso no importaba demasiado, mientras fueran otros) asumiría esos pagos. Sin embargo, la ficción fracasó, las arcas del país quedaron en situación de quiebra y, en el camino, el Estado se desprestigió en tanto autoridad pública y motor de la organización social.

Como supimos enseguida después, el dinero anunciado para fines sociales, de manera común, no llegaba a destino; los fondos públicos eran desviados para negocios personales o provecho privado; al tiempo en que el entramado institucional resultaba amañado, para darle condiciones de posibilidad y estabilidad a ese polémico diseño -jueces presionados o incentivados impropiamente a través de los servicios de inteligencia; un Congreso controlado y desarticulado; un Poder Ejecutivo desbordado. Esta “ayuda institucional” era la que permitía darle continuidad a las irregularidades propias del tiempo, que se exhibían rodeadas de aplausos y grandes pancartas, y que llevaban inscritos los ideales más venerados (derechos humanos, justicia social, democracia).

Hoy, lamentablemente, confrontamos una nueva ficción, igualmente dañina o aún más dañina que la anterior, pero de signo inverso. Ahora, el “mito fundacional” ya no es el del “Estado presente,” sino el del “superávit fiscal”, pero la naturaleza del mito sigue resultando ficcional. Si antes se celebraba un “éxito” alcanzado con el dinero del que se carecía; ahora se festeja el éxito del “superávit fiscal”, logrado a través de la no-cobertura de lo que es constitucionalmente exigido: jubilaciones, educación pública, asistencia a los discapacitados, entre otros derechos fundamentales. Como si una familia festejara que “ahora sí llega a fin de mes,” al precio de sacar a los hijos de la escuela, y privar de medicamentos a los abuelos. Ello, cabe aclararlo (contra el reclamo presidencial de “no-hay-plata”), mientras se derrocha un dineral en los servicios de inteligencia, el “blanqueo” a las grandes fortunas, o armamentos innecesarios.

Se reitera así la triste escena en que un gobierno se consagra a sí mismo como campeón mundial de un torneo que él inventa, luego de haber definido previamente las reglas, los árbitros y los premios. Se alcanza ese “mérito”, una vez más, como se lo lograba antes, al viejo estilo. Esto es, inhabilitando al sistema institucional encargado de controlarlo y frenarlo -inhabilitación que se torna condición necesaria e indispensable para sostener el mito. Nada atestigua mejor ese objetivo, y este momento político, que los criterios que, primordialmente, han guiado al centenar de designaciones judiciales que se han hecho en los últimos meses -criterios que merecen repudiarse o temerse, antes de ser aplaudidos: amiguismo, parentesco, “vocación de servicio,” sensibilidad ante los ascensos y los favores, devota disposición hacia el gobierno.

Ocurre que “el plan” en curso -como cualquier jurista serio hoy atestigua- se muestra inconstitucional en sus fines y en sus medios, a la vez que exhibe crecientes dificultades para aplicarse y mantenerse democráticamente. Esto explica que -como es la regla entre economistas que desconocen y desatienden al derecho- las decisiones más importantes que promueve el gobierno adquieran la impermisible forma jurídica del decreto; y busquen preservarse desafiando abiertamente el orden constitucional establecido, esto es decir, resistiendo las reiteradas exigencias del Congreso (por ejemplo, en materia de financiamiento universitario) -como si no existieran, como si el gobierno estuviera autorizado a hacerlo- y pasando por encima de las insistentes órdenes que le da la justicia -como si no hubieran sido dictadas, como si no tuviera costo el violentarlas. No interesa aquí, en todo caso, la crítica frontal a este gobierno o a los previos.

Lo que está en juego es, antes que el sostenimiento de cualquier nuevo “mito”, “ficción” o plan de coyuntura, la preservación y el fortalecimiento de nuestra democracia constitucional, desde hace décadas bajo amenaza y con profundas heridas.

Roberto Gargarella es profesor de Derecho Constitucional (UBA-UTDT). Investigador del CONICET/Univ. Pompeu Fabra (España)

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