Diputados buscan eliminar impuesto específico a los combustibles mediante una reforma constitucional

Los diputados René Alinco (Ind.) y Jaime Araya (Ind.-PPD) ingresaron este martes un proyecto de reforma constitucional que busca eliminar el impuesto específico a los combustibles de uso vehicular, en medio del paro indefinido de camioneros y de los cuestionamientos por el alza en los costos de operación del transporte de carga.

La iniciativa propone incorporar una disposición transitoria a la Constitución para suprimir el gravamen establecido en la Ley N° 18.502 sobre las gasolinas automotrices, el petróleo diésel, el gas licuado de petróleo y el gas natural comprimido destinados al consumo vehicular.

La eliminación comprendería tanto el componente base como el variable del impuesto y comenzaría a regir desde la publicación de la eventual reforma.

El texto mantiene expresamente la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) y de los demás tributos generales contemplados en la legislación vigente.

“Es absurdo que un impuesto creado en dictadura hoy día esté golpeando tan fuertemente a la clase media, a la gente más pobre y este gobierno sólo tiene oídos para los más ricos de Chile”, manifestó el diputado Araya, quien además solicitó que la propuesta tenga una tramitación expedita.

En esa línea, el parlamentario cuestionó el efecto de la carga tributaria en el actual escenario económico y apuntó contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“No puede ser que cuando la gente lo pasa más mal, el Estado más recolecte, no puede ser que el ministro Quiroz esté engordando la billetera de los más ricos de Chile a costa del sufrimiento de las familias”, agregó.

Fundamentos del proyecto

En los fundamentos del proyecto, sus autores argumentan que la dependencia de Chile de los combustibles importados expone al país a las variaciones de los mercados internacionales, el tipo de cambio y las contingencias geopolíticas.

También sostienen que el precio de estos productos repercute en el transporte de pasajeros, el traslado de mercancías y los costos de actividades agrícolas, pesqueras, industriales y comerciales.

El documento aborda, además, el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Si bien reconoce que este instrumento permite moderar las variaciones de los valores internos mediante ajustes al componente variable del impuesto específico, advierte que no elimina el gravamen ni garantiza protección frente a aumentos persistentes de los precios internacionales.

En ese tenor, el diputado Araya vinculó la discusión con el paro de camioneros y criticó la respuesta del gobierno ante las demandas de los transportistas de menor tamaño.

“Hoy día me parece que es una cobardía del ministro Arrau, de estar amenazando a los camioneros, que son pequeños camioneros, no son las grandes confederaciones que apoyan a este gobierno, son los pequeños, las pymes, y los amenazan”, expresó.

También emplazó al titular de Seguridad Pública por las advertencias sobre el uso de la fuerza policial para despejar las rutas. “Ministro Arrau no sea cobarde, no mande a los carabineros a solucionar los problemas que su gobierno ha creado”, declaró.

¿Se puede eliminar el impuesto con una reforma constitucional?

El ingreso de la propuesta se realiza bajo la figura de una reforma constitucional, una distinción relevante frente a las reglas que rigen la presentación de proyectos de ley en materia tributaria.

El artículo 65 de la Constitución establece que corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que busquen imponer, suprimir o reducir impuestos.

No obstante, el artículo 127 permitiría que las reformas constitucionales sean iniciadas tanto por mensaje presidencial como por moción de cualquiera de los integrantes del Congreso, con las limitaciones de firmas establecidas en el inciso primero del artículo 65.

Por esa vía, los diputados pueden presentar una modificación a la Carta Fundamental, aunque el texto propuesto debe cumplir con el procedimiento y el quórum de aprobación de una reforma constitucional, es decir, cuatro séptimas partes de los parlamentarios en ejercicio en cada Cámara.